Al menos 60 mujeres se han unido en una demanda colectiva contra médicos y autoridades sanitarias en la provincia de Saskatchewan, en Canadá, y piden que se las indemnice por la vulneración de sus derechos fundamentales.
La demanda todavía depende de un trámite para que se pueda cursar: una certificación judicial. Sin embargo, Amnistía Internacional ya ha avanzado que presentará la causa ante el Comité de la ONU contra la tortura con el objetivo de que presione al Gobierno canadiense para que investigue los hechos.
“En el fondo, estamos hablando de mujeres que tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y se les ha negado este derecho”, afirma Jacqueline Hansen, de Amnistía Internacional.
Las mujeres aseguran que, sin que ellas pudieran dar un consentimiento informado, los médicos de hospitales públicos les practicaron una ligadura de las trompas de Falopio o se las cauterizaron o seccionaron. Esta práctica constituiría una violación del código deontológico y de la ley.
Algunas de las demandantes afirman que los profesionales sanitarios les indicaron que no podrían ver a sus hijos recién nacidos si antes no daban su consentimiento para someterse a esta intervención. “Esto ha tenido un impacto negativo en las mujeres y sus comunidades. Tienen derecho a una indemnización ya que todavía no han superado el trauma que les causó esta situación”, indica Alisa Lombard, la abogada que representa al grupo de demandantes.
En 2015 salió a la luz que la esterilización forzada era una práctica recurrente, cuando cuatro mujeres hablaron públicamente de sus experiencias en la provincia de Saskatchewan. Tras una investigación de los hechos, las autoridades sanitarias de la provincia emitieron una disculpa y anunciaron nuevos criterios para practicar la operación de ligadura de trompas.
Sin embargo, según la demanda que ahora se presenta, algunos casos son posteriores a 2015 y algunos incluso tuvieron lugar en 2017. La abogada indígena Yvonne Boyer, senadora de Ontario y coautora de un informe independiente sobre las experiencias de las mujeres en Saskatchewan, cree que es probable que este problema esté más extendido de lo que se cree.
“Si ha ocurrido en Saskatoon, ha ocurrido en Regina, ha ocurrido en Winnipeg, ha ocurrido donde hay muchas mujeres indígenas”, afirmó Boyer en un encuentro con periodistas canadienses: “Muchas mujeres de todo el país han contactado conmigo para pedirme ayuda”.
En una entrevista con un medio canadiense, Jane Philpott, ministra de servicios indígenas, describió la práctica como “horrorosa”. “La esterilización forzada de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres indígenas, es una violación muy grave de los derechos humanos”, afirmó.
Los líderes de las comunidades indígenas también han expresado su indignación. Perry Bellegarde, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, se unió a las voces que piden que el gobierno federal investigue lo ocurrido. “Está mal, es inmoral, es una grave violación de los derechos humanos, esta práctica deshumanizadora debe cesar”, afirmó en declaraciones a los medios.
Hansen indicó que Amnistía Internacional había investigado prácticas similares en México, Chile y Perú. “Estas prácticas persiguen un objetivo muy concreto. Está claro que el objetivo es asegurarse de que un grupo de personas no se reproduzca”, señaló.
Lombard señala que Canadá ha tenido una relación conflictiva con los pueblos indígenas a lo largo de la historia y esto no hace más que desvelar la motivación que se esconde detrás de estas intervenciones.
“Creo que el fondo de esta cuestión, así como el trato que la sociedad ha dado a las comunidades indígenas, están profundamente conectados con el racismo”, señala: “Es importante llamarlo por su nombre”.
Traducido por Emma Reverter