Qué tiene que ver la reducción de la deforestación en Colombia con el plan de paz de Petro

Mientras el pequeño avión se balancea, sufre sacudidas y, de vez en cuando, cae al vacío por las turbulencias a baja altitud, Rodrigo Botero muestra las cicatrices de los esfuerzos fallidos de Colombia para detener el aumento de la deforestación en la selva amazónica en los últimos seis años. El ecologista levanta la voz a través del auricular de su radio y señala por la ventanilla los pastos uniformes y bien definidos que se han desbrozado para la ganadería.

El humo gris se eleva hacia el cielo desde las parcelas donde el acaparamiento de tierras está quemando la maleza, una imagen común después de que el acuerdo de paz de 2016 desencadenara una batalla campal en los bosques de Colombia.

“Hace un año, las columnas de humo eran tan grandes que ni siquiera podíamos respirar en la cabina”, recuerda Botero, que lidera un estudio aéreo de la selva amazónica colombiana y dirige la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Sin embargo, lo cierto es que para Botero es más difícil mostrar ejemplos de deforestación reciente. El veterano conservacionista tiene buenas noticias para una delegación de miembros del Gobierno noruego durante su visita a la zona: Colombia podría por fin estar cambiando el rumbo de la deforestación en la Amazonía. 

“Es realmente espectacular”, dice entusiasmado. “Es la mayor disminución de la deforestación y los incendios forestales en dos décadas”.

Las cifras del Gobierno muestran que la deforestación se está desacelerando, con una caída del 26% en la Amazonía colombiana el año pasado y del 29% en todo el país. Las autoridades afirman que las 50.000 hectáreas de bosque salvadas en 2022 son un primer resultado del que probablemente sea el primer proceso de paz de la historia que pone el medio ambiente en el centro.

Las consecuencias del acuerdo de paz

“Esto no ha hecho más que empezar”, dice a The Guardian la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, durante una visita al estado sureño de Guaviare. “Creo que Colombia puede [superar] la deforestación en el Amazonas y revertir la situación”.

Cuando el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016, puso fin formalmente a seis décadas de conflicto interno en el que murieron 450.000 personas.

Sin embargo, cuando 7.000 guerrilleros de las Farc depusieron las armas, también se creó una nueva e inesperada víctima: los bosques del país. Otros grupos armados –incluidas facciones rebeldes disidentes que rechazaron el acuerdo– aprovecharon la ausencia de las Farc para arrasar cientos de hectáreas a la vez en vastos acaparamientos de tierras.

Los sucesivos gobiernos han tenido dificultades para reducir la deforestación, sobre todo en la Amazonía, a pesar de las extensas operaciones militares y la presión internacional.

“La consecuencia del proceso de paz ha sido un gran desastre medioambiental”, dice Muhamad, que fue activista ecologista.

El error, dicen los negociadores que participaron en el acuerdo de paz de 2016, fue percibir el medio ambiente como un posible beneficiario del acuerdo de paz, y no como un elemento clave del propio acuerdo.

“En retrospectiva, probablemente deberíamos haber hecho más hincapié en este aspecto en las primeras negociaciones”, dice a The Guardian Espen Barth Eide, ministro de Medio Ambiente de Noruega, durante un viaje a la frontera selvática de Colombia.

La “paz total” de Petro

Liderado por el primer presidente de izquierdas de su historia, Gustavo Petro, el Gobierno colombiano está probando un planteamiento nuevo.

Petro se ha comprometido a llevar la “paz total” al país a través del diálogo con los numerosos grupos armados que han surgido o se han reagrupado desde la disolución de las Farc.

Como parte de esas conversaciones, también quiere proteger el medio ambiente. “A diferencia del proceso de paz anterior, el medio ambiente estará en el centro de estos acuerdos de paz”, dice Muhamad.

El estado de Guaviare es el centro de una de las principales negociaciones de paz del Gobierno y un campo de batalla clave en los esfuerzos por salvar la Amazonía. La región constituye el final de las áridas llanuras colombianas –colonizadas casi en su totalidad por vastos ranchos ganaderos– y el comienzo de la selva amazónica, en gran parte virgen, que alberga miles de especies animales y varias tribus no contactadas.

Su densa selva salió en los medios de comunicación de todo el mundo hace poco, cuando cuatro niños sobrevivieron 40 días solos después de que su avión se estrellara en la selva.

Los expertos en medio ambiente afirman que la deforestación se ha frenado drásticamente por orden de una facción rebelde disidente –y autoridad de facto de la región– conocida como el Estado Mayor Central, o Comando Central (EMC). El grupo, compuesto por excombatientes de las Farc, ha ordenado a los agricultores locales que dejen de talar árboles como “gesto de paz”, con la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno de Petro.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero la moratoria de la tala ha llenado de ilusión a defensores del medio ambiente como Botero. “No tiene precedentes”, dice. “Nunca habíamos vivido una situación así como primer paso en las negociaciones”.

El 8 de julio, el alto comisionado para la paz de Colombia anunció que las conversaciones informales estaban avanzando y que el Gobierno iniciará pronto negociaciones formales de paz con los rebeldes.

Llegar a un acuerdo con el EMC podría reducir rápidamente la deforestación de la Amazonía, ya que tiene el poder sobre vastas extensiones de selva en los estados de Guaviare, Caquetá y Putumayo, e incluso al otro lado de la frontera, en Venezuela.

Las autoridades gubernamentales ya están estudiando planes más ambiciosos para la recuperación de la selva, que incluyen pagos mensuales a los agricultores que no talen árboles y formación en la recolección de frutos amazónicos.

Para intentar afianzar los logros medioambientales, Muhamad está visitando regiones remotas como el Guaviare, ignoradas en gran medida por los anteriores gobiernos.

“Discúlpenos por nuestro entusiasmo y hablar tanto, pero nunca habíamos tenido una oportunidad como esta”, dice un líder comunitario tres horas después de una reunión pública a la que asisten Muhamad y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Normalmente vienen, se hacen unas cuantas fotos y se van”.

Los participantes en las negociaciones afirman que entre los campesinos sentados en sillas de plástico bajo un calor pegajoso hay informantes del EMC.

Barth afirma que es motivo de optimismo que la prohibición de la deforestación no haya sido impuesta a los grupos armados por el Gobierno. Más bien, la idea surgió de ellos, señal de que las facciones enfrentadas, al igual que las comunidades locales, comprenden cada vez mejor la necesidad de proteger la biodiversidad local.

“Lo que estoy oyendo, viendo y sintiendo en estas reuniones es que hay una mayor conciencia de que no se puede construir una nueva Colombia sobre la base de un mayor deterioro de la naturaleza, por lo que hay que encontrar un proceso económico, social, político e inclusivo que sea más respetuoso con la naturaleza que antes”, dice Barth.

Pero el EMC no es el único actor que lucha por el campo colombiano. Entre ellos hay cinco grupos armados y 20 bandas que cuentan con unos 15.000 combatientes, según el Gobierno.

Un plan difícil

Los analistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que todos los grupos estén realmente interesados en abandonar sus actividades delictivas en favor de la paz.

“Es como una partida de ajedrez que se juega en varios tableros a la vez, cada uno con su propia complejidad”, dice Diego Alejandro Restrepo, del think tank para la construcción de la paz Pares, con sede en Bogotá.

En mayo, el Gobierno suspendió el alto el fuego con el Clan del Golfo porque, según Petro, el mayor cartel del narcotráfico colombiano seguía “sembrando zozobra y terror”.

A medida que el avión se adentra en el Amazonas, se hace evidente la dificultad del plan de “paz total” de Colombia.

A unos 10 kilómetros del límite del parque nacional de Chiribiquete, un inmaculado paisaje montañoso parecido a los mundos imaginarios de Avatar, aparecen de repente claros de cientos de hectáreas.

Aunque el EMC ha ordenado públicamente a los campesinos que dejen de talar árboles, parece que ha seguido recibiendo discretamente dinero de los grupos mafiosos para acaparar tierras y criar ganado.

“Tenemos que vigilar esto de cerca”, dice Botero. “No puede ser que los campesinos no quemen, ni desbrocen, ni nada de nada, mientras estos grandes latifundios siguen creciendo”.

Traducción de Emma Reverter.