Mariah Walton habla en voz baja, su enfermedad le ha destrozado los pulmones, y el respirador no es de mucha ayuda. Sin embargo, habla con decisión.
“Sí, me gustaría que juzgaran a mis padres”.
¿Por qué?
“Porque se lo merecen. Y porque tal vez un juicio serviría para impedir que otros padres hagan lo mismo”.
Mariah tiene 20 años pero su aspecto es frágil; tiene una incapacidad permanente. Sufre hipertensión pulmonar y cuando no está postrada en la cama tiene que cargar con un tanque de oxígeno que le permite respirar. En alguna ocasión ha llevado tornillos en los huesos para sujetar el aparato de respiración. Tal vez muy pronto su única opción será un doble trasplante de corazón y pulmón; una operación extremadamente arriesgada.
Todo esto se podría haber evitado si durante su infancia le hubiesen practicado una operación que consiste en cerrar un pequeño agujero congénito en el corazón. Incluso la podrían haber tratado con éxito unos años más tarde, antes de que el daño fuera irreversible. Sin embargo, los padres de Mariah eran mormones integristas que vivían aislados en el norte del Estado de Idaho en la década de los noventa y que se negaban a llevar a sus hijos al médico, por considerar que las enfermedades se curaban con fe y con el poder de las plegarias.
A medida que su enfermedad empeoró, los padres de Mariah empezaron a orar a su lado y optaron por la medicina alternativa. Hasta que se fue del hogar familiar dos años atrás, la joven no tenía un número de la seguridad social o una partida de nacimiento.
Si hubiesen vivido en el Estado vecino de Oregón, sus padres habrían sido denunciados por negligencia. En el caso de Mariah, y en el de muchas muertes de niños que han tenido lugar en Idaho desde los setenta y que se podrían haber evitado, la ley exime de responsabilidad judicial a los practicantes de la “sanación con la fe”. La joven y su hermana participaron recientemente en una mesa redonda en el capitolio del Estado, y debatieron sobre esta cuestión con varios legisladores. Idaho es uno de los seis Estados que ofrecen un amparo basado en la fe en casos de delitos como el homicidio imprudente.
Muchas familias mormonas, como la de Mariah, se benefician de esta protección; la mayoría viven en el norte del Estado. Sin embargo, un gran número de niños han muerto en el sur de Idaho, cerca de Boise, donde viven familias que pertenecen a una secta pentecostal que cura con la fe, los llamados Seguidores de Cristo.
En el condado de Canyon, al oeste de la capital, el cementerio de la secta, el Valle de la Paz, está lleno de lápidas de niños que vivieron un día, una semana, un mes. El año pasado, un equipo especial creado por el gobernador de Idaho, Butch Otter, calculó que el índice de mortalidad infantil entre 2002 y 2010 en la secta era diez veces superior al de todo el Estado.
Las leyes de amparo, también conocidas como “leyes escudo”, que impiden que se pueda juzgar a los responsables de estas muertes son producto de la administración Nixon.
Los pediatras y los defensores de los derechos humanos abogaron por nuevas medidas legislativas tras algunos casos de abusos a menores que tuvieron un gran impacto mediático en los sesenta. Con el objetivo de ayudar a los Estados a financiar programas para combatir estos abusos, el Congreso aprobó la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso de Menores (CAPTA), promulgada por Richard Nixon en 1974.
Sin embargo, dos asesores de Nixon, John Erlichman y J.R. Haldeman, miembros de la Ciencia Cristiana desde su nacimiento, consiguieron darle la vuelta a la ley.
Alan Rogers, profesor de historia del Boston College, nos detalla cómo los dos hombres, que más tarde terminaron en la cárcel por las escuchas ilegales del escándalo Watergate, eran miembros de una secta de sanación con la fe y lograron evitar que otras personas con las mismas creencias fueran acusadas de negligencia.
“Erlichman y Haldeman eran miembros de la Ciencia Cristiana y consiguieron incluir una disposición que establece que todos aquellos que consideren que orar es la única manera de curar una enfermedad quedan eximidos del cumplimiento de esta ley”, explica.
También se aseguraron de que otros Estados que quisieran acceder a la financiación de la CAPTA incluyeran disposiciones parecidas. Si bien más tarde esta exigencia de Washington cesó, las leyes de los distintos Estados tuvieron que ser revocadas una a una; un proceso largo y tedioso. Algunos Estados, como por ejemplo Oregón, las mantuvieron a pesar del impacto mediático de las muertes en una iglesia de los Seguidores de Cristo situada en Oregon City. Con el paso del tiempo, ha dado marcha atrás. Ello ha permitido juzgar a varios Seguidores de Cristo en Oregón.
En 2010, Jeffrey y Marci Beagley fueron condenados por el homicidio por negligencia de su bebé, Neal, que murió como consecuencia de una obstrucción congénita de la vejiga. En 2011, Timothy y Rebecca Wyland fueron condenados por un delito de maltrato y el tribunal ordenó que su hija Aylana recibiera tratamiento médico y se le extirpara un tumor que la podía dejar ciega. Un año más tarde, Dale y Shannon Hickman fueron condenados por un delito de homicidio involuntario en segundo grado. Su hijo recién nacido había muerto como consecuencia de una simple infección dos años antes.
A pesar de colindar con Oregón, la situación en Idaho es radicalmente distinta. Los republicanos tienen una mayoría permanente en la Cámara de Representantes estatal y son extraordinariamente reacios a la posibilidad de sopesar una reforma. El año pasado, el equipo del gobernador que analizó la situación de riesgo de algunos menores recomendó algunos cambios: “La libertad religiosa debe ser objeto de protección. Sin embargo, debemos proteger a los niños en situación de vulnerabilidad para impedir que se le haga daño o incluso su muerte”. El legislador demócrata John Gannon propuso una ley de derogación que nunca pensó “que sería tan polémica”.
El presidente del comité de salud y bienestar del senado, Lee Heider, se negó a concederle una audiencia; la propuesta no prosperó.
Brian Hoyt vive en Boise y durante su infancia perteneció a los Seguidores de Cristo. Es un hombre atlético de 43 años y vive en un barrio bien cuidado situado en las afueras. Es el responsable de una próspera empresa de limpieza de ventanas. Empezó este negocio en su adolescencia, con una esponja y un cubo. Se escapó de su casa siendo un adolescente, sin dinero y sin la posibilidad de poder estudiar. Cuando lo visité, estaba reformando su casa, ya que en el pasado solo era “el dormitorio de un soltero” y en la actualidad vive con su pareja y los hijos de esta. Gradualmente, ha aprendido a vivir en familia ya que el hecho de haber vivido en una secta no le permitía comprender qué era una unidad familiar. “No entendía el concepto”, explica.
Perdió la fe a los cinco años, después de que un bebé muriera en sus brazos tras una “sanación con la fe” que no dio resultados. Mientras los mayores rezaban, Hoyt tenía que succionar los mocos del bebé con un aparato. Le contaron que el pequeño había muerto por su culpa, por el hecho de no tener fe. Algo se rompió en su interior. Hoyt recuerda que pensó: “¿Cómo puede ser esto obra de dios?”. Su apostasía le causó muchos problemas con sus padres y los miembros de más edad de la secta.
Cuando tenía 12 años, se rompió el tobillo mientras hacía prácticas de lucha libre. “También me destrocé dos huesos del pie”, recuerda. Sus padres quisieron curarlo con los métodos tradicionales de los Seguidores de Cristo, como por ejemplo, con “aceite de oliva rancio” y dejándole beber un poco de vino Kosher. De vez en cuando, le pedían que caminara. “Cada vez que lo intentaba mi cuerpo no lo soportaba y me desmayaba”, indica: “Cuando recuperaba el conocimiento, mi padrastro, mis tíos y los miembros de más edad de la secta me daban golpes y me insultaban, decían que no tenía la fe necesaria para que dios pudiera curarme. Mi madre y mis tías estaban sentadas y observaban. Esto es lo que llaman sanación con la fe”.
Estuvo tanto tiempo sin ir a la escuela que la escuela pidió un certificado médico. Su madre se vio obligada a llevarlo al médico y durante toda la visita no paró de decirle que era un pedófilo. Le enyesaron el pie y le dieron varias medicinas pero cuando regresaron a casa, sus padres tiraron los medicamentos por el inodoro, y lo dejaron sin calmantes. El médico le puso una segunda escayola que le permitía caminar pero los familiares del chico se la sacaron con la ayuda de una sierra circular.
Otras personas que han conseguido salir de la secta, como por ejemplo Linda Martin, cuentan relatos similares de amenazas, prácticas de sanación con aceite de oliva rancio, un alto índice de mortalidad infantil, aislamiento y hermetismo. “Me fui porque no soportaba las actitudes violentas. Mi infancia y la de Brian fueron muy parecidas. Las muertes causadas por enfermedades no tratadas son para ellos la voluntad de dios. Sus vidas giran en torno a esta supuesta voluntad de dios”:
Martin y Hoyt han hecho presión para que se cambien las leyes del Estado. Concretamente, Martin ha dedicado años de su vida a investigar las muertes por enfermedades no tratadas y las actividades de la secta. Hoyt ha recibido amenazas, tanto por correo electrónico como en su propia casa, y los miembros de la secta han intentado hundir su negocio.
Hasta la fecha, todos estos relatos no han servido para convencer a los legisladores republicanos de Idaho. Sin ir más lejos, el senador Heider indicó que los Seguidores de Cristo son gente muy agradable.
Janet Heimlich, defensora de los niños y escritora, ha hecho campaña por todo el país para poner fin a las leyes que eximen de culpabilidad a los seguidores de la sanación con la fe. Explica que antes de que comenzara la legislatura Heider le indicó que él mismo se encargaría de este proyecto de ley y que incluso llegó a colaborar en la redacción de un borrador, pero que tan pronto como empezó el nuevo periodo de sesiones en octubre dijo que no se tramitaría ningún proyecto de ley y aseguró no tener conocimiento de ninguna propuesta en ese sentido. Esa respuesta, repetida hasta la saciedad, era una sarta de mentiras y una muestra de bravuconería.
Tras indicar a The Guardian que no se había presentado ningún proyecto de ley (John Gannon confirmó que él sí lo había hecho, como ya indicaron los medios de comunicación locales en febrero) y que el fiscal general y el fiscal del condado de Canyon le indicaron que no era necesario cambiar las leyes en vigor (ambos hombres niegan haberle dado esa indicación) Heider puso como excusa la Constitución de Estados Unidos: “Los republicanos no ven la necesidad de cambiar las leyes que están en vigor. Creemos en la importancia de la primera enmienda de la Constitución. No cree que los Estados tengan el derecho de interferir en las creencias religiosas de la población”.
Cuando se vio obligado a dar una explicación por la muerte innecesaria de niños que no reciben el tratamiento adecuado y cuyos padres quedan eximidos por ley, Heider hizo una comparación chocante. “¿Vamos a impedir a los metodistas que lean el Antiguo Testamento? ¿Vamos a impedir a los católicos que puedan recibir los sacramentos? Estas personas tienen unas creencias. Han hablado conmigo y me han dado muchos ejemplos del Nuevo Testamento en los que Cristo curó a enfermos”.
Heider cree que las personas que no profesan esta fe no deberían haber metido baza en este asunto e incluso llegó a insinuar que The Guardian no tenía derecho a inmiscuirse, al preguntar: “¿Y a vosotros cómo os afecta? ¿Ahora Estados Unidos va a intentar cambiar las leyes de Idaho?”. Reconoció haber participado en un acto religioso de los Seguidores de Cristo en año anterior; un privilegio poco frecuente en un grupo que se niega a hablar con los periodistas.
Incluso si creemos que los motivos de Heider para oponerse a un cambio legislativo se fundamentan en la Constitución, lo cierto es que esta opinión es errónea.
Alan Rogers, el profesor de historia del Boston College, enumera un sinfín de sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos que hacen una distinción entre la libertad religiosa y la libertad de práctica cuando esta última pueda causar un daño. En el caso Reynolds contra Estados Unidos, el Tribunal Supremo prohibió la poligamia, y en el caso Prince contra Massachusetts, confirmó que el gobierno federal puede garantizar el bienestar de los menores cuando estos derechos entran en conflicto con las creencias religiosas.
Frederick Clarkson, un investigador del grupo Political Research Associates, ha estado estudiando el vínculo entre la religión y el conservadurismo político. Señala que “la mayoría de políticos de Estados Unidos son cobardes cuando tienen que lidiar con la religión”. La libertad religiosa es un principio muy potente y un gran logro en la historia de la civilización occidental pero “también es un arma de los ricos y los poderosos y para los políticos que prefieren no tener que lidiar con algún tema”.
Por otra parte, los conservadores han estado utilizando el concepto de libertad religiosa en los últimos años, tanto para impedir que los estados aprueben los matrimonios entre personas del mismo sexo como para limitar el alcance de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Y mientras los legisladores de Idaho se cierran en banda, los niños que viven en comunidades que curan con la fe siguen sufriendo.
Según varios informes de una juez de instrucción, solo en el condado de Canyon en la última década han muerto al menos diez menores de la secta de los Seguidores de Cristo. Entre ellos, Arrian Granden, una joven de 15 años que murió en 2012 como consecuencia de una intoxicación alimenticia. Vomitó tanto que su esófago se rompió. No recibió atención médica y murió desangrada. En la mayoría de casos se trata de bebés que murieron durante partos en el hogar o poco después como consecuencia de enfermedades tratables, como infecciones o neumonía.
En un informe sobre la muerte de un bebé en el condado de Canyon, Asher Sevy, se constata las dificultades que tienen las autoridades locales cuando tienen que lidiar con las leyes que eximen a los padres.
Sevy murió en 2006 y un ayudante de la juez de instrucción del condado de Canyon, que a su vez contó con la ayuda de dos ayudantes del sheriff, pidió que se practicara la autopsia del bebé. Según el informe de la juez, la familia “se opuso sin motivo” y le dijeron al ayudante que nadie de iba a llevar el cuerpo del pequeño. Se lo tendrían que haber llevado “por la fuerza”.
Las autoridades del condado, en coordinación con las oficinas del sheriff y de la juez, decidieron “no empeorar la situación” y dejar las cosas como estaban. Nunca se pudo determinar la causa de la muerte. La juez decide cuándo deben practicarse autopsias. Su ayudante, Bill Kirby, indicó que no se había hallado ninguna prueba que hiciera pensar que se trataba de un crimen. Sin embargo, el caso es inquietante.
La juez de instrucción del condado de Canyon, Vicki DeGeus-Morriss, que ha ocupado ese cargo desde 1991 no ha querido hablar con The Guardian. Un portavoz del condado, Joe Decker, indicó que la juez y otros funcionarios han conseguido mejorar la relación con los Seguidores de Cristo.
“Cuando Vicki tomó posesión, los Seguidores informaban de la muerte de los menores en contadas ocasiones por no decir nunca. Y cuando lo hacían, se negaban a colaborar con la juez y con la policía cuando llegaban al lugar de los hechos”, indica Decker: “Ahora hay comunicación e informan de todas las muertes y siempre se practica autopsia”.
Desde fuera, esta explicación no resulta convincente; persiste la sensación de que los Seguidores de Cristo se creen con el derecho de imponer sus propias condiciones y negociar. No obstante, lo cierto es que las autoridades locales no pueden legislar; tan solo pueden hacer cumplir la ley. Una muestra de la frustración que sienten las autoridades locales en torno a las “leyes escudo” es el apoyo del fiscal del condado de Canyon, Brian Taylor, a un cambio legislativo.
Los activistas, como Mariah Walton, Janet Heimlich, Linda Martin y Brian Hoyt, no quieren que esta situación se posponga hasta la próxima legislatura.
Bruce Wingate, de la organización Protege a los niños ha coordinado la campaña “déjalos vivir”, con anuncios de televisión en los que sale Mariah. No disponen de muchos recursos pero creen que si consiguen concienciar a la población, los legisladores se sentirán presionados.
Gannon, el legislador demócrata, afirma que el Proyecto de ley volverá a estar encima la mesa el año que viene. “No va a desaparecer. A los niños muertos no les importa la primera enmienda”.
Traducción de Emma Reverter