Aimee Stephens creció en el seno de una familia bautista en el sur de Estados Unidos, concretamente en Fayetteville, en el estado de Carolina del Norte, en los años sesenta. La principal fuente de discusión en casa era la longitud de su cabello. “Mi padre pensaba que debía llevarlo corto. Creía que solo las chicas podían llevar melena”, explica Stephens con una sonrisa.
Décadas más tarde, tras superar una crisis que la llevó al borde del suicidio, Stephens reconoció que era transexual. Le escribió una carta a su padre, acompañada de fotografías en las que ya aparece como mujer. “Miró las fotografías y le dijo a una de mis hermanas: 'Es más guapa como mujer que como hombre'”, señala Stephens. “Creo que entendió por qué estuvimos discutiendo durante tantos años sobre el cabello”.
Por desgracia, no todos han sido tan comprensivos con su decisión. Cuando Stephens explicó a su jefe que era trans, perdió su trabajo como directora de una funeraria. Su jefe, Thomas Rost, un cristiano devoto, se negó a aceptar que Stephens era una mujer. Según los documentos del juicio, Rost declaró que había despedido a Stephens porque ella “ya no se presentaba ante los demás como un hombre” y “quería vestirse como una mujer”. También indicó que su nueva forma de vestir vulneraba el protocolo de la funeraria.
Stephens tiene 58 años y es una persona humilde y discreta pero con una férrea determinación. Se ha convertido en la protagonista del juicio más importante que se celebra en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los derechos de las personas LGTBIQ desde 2015, cuando el alto tribunal se pronunció a favor de la igualdad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Durante años, las sentencias de los tribunales de menor rango han sido de lo más dispares. Ahora, los magistrados del Tribunal Supremo deberán decidir si el sexo es un factor determinante en el marco de la protección laboral a las personas LGTBIQ de la Ley de Derechos Civiles, una ley histórica aprobada en 1964 que prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, religión o nacionalidad –pero no dice nada específicamente sobre la orientación sexual ni la identidad de género–.
Aimee Stephens es una de las tres personas LGTBIQ cuyo caso de discriminación en el empleo será escuchado por el Supremo el próximo 8 de octubre. Es el primer caso del Tribunal en torno a los derechos civiles de las personas transgénero. Se produce en un contexto en el que el Tribunal Supremo está virando cada vez más hacia la derecha y la administración Trump ya no da a la comunidad LGTBIQ protecciones y garantías que tardaron décadas en conseguir y consolidar, especialmente la comunidad trans. El fallo, que probablemente no se dará a conocer hasta 2020, tendrá un impacto en las vidas de varias generaciones de personas queer y trans.
“No podía seguir llevando una doble vida”
En el verano de 2013, Stephens fue despedida de su trabajo en la funeraria R.G. & G.R. Harris Funeral Homes, una empresa familiar situada cerca de Detroit. Trabajó en la compañía durante seis años, y el hecho de llevar una doble vida le produjo un gran conflicto interior. Stephens indica que desde que tiene cinco años ha sido consciente de que era diferente, pero durante muchos años no supo cómo verbalizarlo, ya que no contaba con un referente. Durante su infancia y juventud todavía no había Internet. Tampoco personas transgénero famosas en los medios de comunicación con las que se pudiera identificar, ni nadie con quien poder hablar sobre esta cuestión. “Sabía lo suficiente como para saber que lo que sentía no era aceptable”, indica Stephens.
En 2010, con depresión y un “presentimiento” reprimido de que tal vez era trans, Stephens buscó la ayuda de un terapeuta que le puso tareas, como por ejemplo, salir a la calle vestida de mujer, ir de compras y comer en un restaurante. Primero se lo contó a Donna, su mujer, que reaccionó con alivio. “Se había percatado de que yo había cambiado y tenía miedo de que la estuviera engañando con otra. Le dije… 'bueno de alguna manera ha sido así, pero no es lo que tú crees… yo soy la otra”. El terapeuta quería que Stephens se fijara en la reacción de su entorno: “Sinceramente, no hubo ninguna reacción. Todo parecía normal”.
En una ocasión, la pareja [Stephens vestido como mujer] fue a un restaurante chino al que iba a menudo. “El propietario le preguntó a Donna qué había pasado con su marido. Donna se giró, me miró y le dijo que ahora yo era su mujer. El hombre se quedó con la boca abierta porque no se podía creer lo que veía”.
Si bien la mayoría de sus familiares aceptaron la nueva situación, Stephens sabía que en su trabajo la reacción sería distinta. La mayoría de sus compañeros ya lo sabían pero a ella le preocupaba la reacción de su jefe. Esta inquietud la llevó al borde de la desesperación. Torturada por la idea de que tendría que pasar el resto de sus días con una doble vida, se planteó el suicidio. “Llegué a un punto en el que ya no me sentía capaz de seguir adelante”, indica Stephens. “Al mismo tiempo, también era consciente de que ya no había marcha atrás. Y, si iba a quedar atrapada en ese limbo ¿qué sentido tenia seguir viviendo? No podía llevar una doble vida”.
Según la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, cerca del 30% de las adolescentes trans, que se sienten mujeres pero tienen certificados de nacimiento que las identifican como hombres, han intentado suicidarse. La tasa de intentos de suicidio de adolescentes varones trans, que se sienten hombres pero que fueron inscritos como mujeres en sus certificados de nacimiento, supera el 50%. Estadísticas terribles que Stephens conoce muy bien.
“Cuando uno toma la decisión de ocultar su verdadero yo tiene que ir con mucho cuidado”, señala Stephens: “Yo he llevado una doble vida y es duro, muy duro, y tarde o temprano llegas a un punto en el que ya no puedes seguir haciéndolo”. “Espero que elijas vivir en vez de acabar con tu vida porque, de lo contrario, habrás hecho lo que a muchas personas de nuestra sociedad les gustaría: hacerte desaparecer”, agrega.
“No hay protección para las personas LGTBIQ”
A Stephens le llevó meses escribir la carta que, finalmente, entregó a Rost. Siempre habían tenido una buena relación laboral, hasta el punto de que Stephens fue elogiada por su trabajo e incluso había recibido bonificaciones salariales. “Esperaba que el asunto se resolviera de la mejor forma posible pero esto no fue lo que pasó. Y aquí estamos”, concluye.
Cuando Rost recibió la carta, la leyó, se la guardó en el bolsillo y se marchó. Dos semanas más tarde le dijo a Stephens que la relación laboral no iba a funcionar. Le ofreció una indemnización de 21 días de sueldo y la posibilidad de llegar a un acuerdo por el que ella se comprometía a no interponer ninguna demanda. “No lo hice, era demasiado lo que estaba en juego”, indica Stephens.
El caso de Stephens no es inusual. Solo 21 de los 50 estados de Estados Unidos tienen protecciones específicas de derechos civiles para las personas LGTBIQ. Aunque ya es legal que las parejas del mismo sexo se casen en cualquier estado, en muchas partes del país todavía pueden ser despedidas si salen del armario.
“Desde entonces he aprendido que realmente no hay protección para las personas LGTBIQ”, lamenta Stephens. “Te pueden despedir y puedes perder tu vivienda. También se pueden negar a darte atención médica. Fue entonces cuando me percaté de que la envergadura del problema es mucho mayor de lo que pensaba”.
Para las personas trans, la situación es particularmente grave. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, casi un tercio (29%) de los transexuales viven en la pobreza, en comparación con el 12% de la población estadounidense. En el caso de las personas trans y no binarias negras, el problema se agudiza. De hecho, la tasa de desempleo de las personas transgénero negras es del 26%, el doble de la de toda la comunidad transgénero y cuatro veces la tasa de la población en general.
La violencia también supone un grave problema. El año pasado, 26 personas trans fueron asesinadas en Estados Unidos, la mayoría mujeres trans negras. La discriminación contra las personas transgénero es “lamentablemente demasiado común”, señala Jay Kaplan, abogado del Proyecto LGBT de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) de Michigan, que lidera la defensa de Stephens.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, el Gobierno ha aprobado medidas en detrimento de los derechos de las personas LGTBIQ, y muy especialmente de las personas trans. Concretamente, ha terminado con unas directrices federales que servían de guía para que las escuelas públicas supieran cómo proteger a los estudiantes transgénero y también ha dado pasos para volver a prohibir que las personas trans puedan alistarse en el ejército o ha permitido que los contratistas federales puedan discriminar a las personas LGTBIQ por motivos religiosos y ha terminado con las protecciones contra la discriminación de las personas transgénero en la atención sanitaria y en la cobertura de seguros.
Kaplan señala que la falta de protección legal ha afectado injustamente a la comunidad trans durante demasiado tiempo. Indica que, en el fondo, el caso de Stephens es muy simple y debería servir para que la comunidad trans quedara más protegida en el futuro. El Título VII de la Ley de Derechos Civiles impide que las personas sean discriminadas por razones de sexo. Y esa definición debe incluir la orientación e identidad sexual, argumenta. “La definición de ser transgénero es alguien que se identifica de manera diferente al sexo que se le asignó al nacer. Si la motivación para despedir a alguien es porque es transgénero, es por razones de sexo. Es discriminación sexual. Queda contemplado por la ley”, afirma.
Este caso no solo afecta a las personas LGTBIQ, sino que va mucho más allá. En 1989, el Tribunal Supremo declaró a Price Waterhouse Coopers culpable de discriminación sexual por haberse negado a hacer socia a Ann Hopkins, una alta directiva que era considerada “demasiado agresiva” y “varonil” y que, según uno de sus jefes, necesitaba “un curso en una escuela de modales para damas”. A Kaplan le preocupa que una sentencia desfavorable para Stephens de pie a la discriminación contra personas de cualquier género que no se ajusten a los estereotipos de su empleador.
“¿Por qué ven un problema donde no lo hay?”
Rost cuenta con la asistencia legal de la Alliance Defending Freedom (ADF), un grupo cristiano conservador que ha estado en el centro de las disputas legales en todo el país, representando a distritos escolares, grupos de padres e individuos en las batallas legales contra las políticas que permiten que las personas transgénero usen las instalaciones basadas en su identidad de género. Viene después de que un tribunal inferior fallara a favor de Stephens.
La ADF, la administración Trump y otras voces críticas con el fallo argumentan que el Tribunal Supremo se excedió. “Una redefinición del concepto de discriminación sexual causará problemas en la ley laboral, reducirá la protección de la privacidad corporal para todos y erosionará la igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas, entre muchas otras consecuencias negativas”, afirma el ADF en un informe legal.
En este caso, como en otros, el ADF y sus partidarios argumentan que el reconocimiento de los derechos legales de las mujeres trans comporta inseguridad para las mujeres cisgénero [aquellas cuya identidad de género se corresponde con el género asignado al nacer]. En realidad, son muchos los estudios que han demostrado que las políticas transinclusivas no ponen en peligro a las personas cisgénero.
“Me pregunto si estas personas viven en este mundo”, indica Stephens. “Las personas trans han existido, Dios sabe, por cientos, miles de años y hemos interactuado con ellas todo el tiempo y no hemos tenido problemas. Entonces, ¿por qué ven un problema donde no lo hay?”
En opinión de Kaplan, estas cuestiones son meras cortinas de humo que esconden el problema real. Indica que el Tribunal Supremo tiene que decidir si el sexo es un factor determinante cuando las personas LGTBIQ son protegidas de discriminación en el trabajo por la Ley de Derechos Civiles.
Kaplan se muestra “cautelosamente optimista” en el sentido de que si el tribunal adopta una postura conservadora y analiza lo que dice literalmente la ley, se dará cuenta de que Stephens “fue despedida por su sexo”. “Fue despedida como mujer transgénero porque no cumplió con los estereotipos de género”, enfatiza.
El caso de Stephen ha captado la atención del público ahora que ha llegado hasta el Tribunal Supremo. En la ceremonia de entrega de los premios Emmy celebrada la semana pasada, la actriz Laverne Cox se paseó por la alfombra roja con un bolso de mano con el arco iris LGTBIQ y el mensaje “8 de Oct, Título VII, Tribunal Supremo”.
Cox, junto con los actores Jesse Tyler Ferguson, Alan Cumming, Peppermint, Mishel Prada, el productor y activista Zackary Drucker, entre otros, han difundido el caso leyendo la carta de Stephens a Rost en un vídeo producido por la ACLU.
Sin embargo, de momento la causa no ha conseguido captar la misma atención que sí consiguió el histórico caso que en 2015 hizo que el Tribunal Supremo se tuviera que pronunciar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Kaplan indica que es una lástima: “Admito que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema más atractivo, pero es necesario que entendamos que si bien ahora la ley permite que te cases [con quien quieras] un fin de semana y regreses al trabajo el lunes, [la ley no impide que] te pueden despedir”.
Stephens ha pagado un precio muy alto por negarse a encajar con los estereotipos de su jefe. Cuando perdió el trabajo también perdió el seguro médico; un duro golpe para alguien que lleva cinco años sin trabajo y que tiene un problema renal. Ni a ella ni a su esposa les gusta haberse convertido en el centro de atención y lo más probable es que la cobertura mediática aumente en las próximas semanas. Ahora que sabe las consecuencias que ha tenido para ella contar cuál es su identidad en el trabajo ¿lo volvería a hacer? “Sin lugar a dudas”, contesta.
Traducido por Emma Reverter