Para Kajal, denunciar ante la policía que fue violada en grupo supuso el inicio de una nueva pesadilla. Los agentes detuvieron a la joven del estado Madhya Pradesh, en la región central de la India, y recuerda que la golpearon con un palo hasta que accedió a retirar la denuncia. Luego su marido la abandonó y los hombres acusados de violarla la amenazaron.
“Lo he perdido todo y todos me culpan a mí”, afirma Kajal, quien se presenta con un nombre ficticio. A cinco años de la brutal violación en grupo que provocó el nacimiento del movimiento indio contra las agresiones sexuales, las mujeres que denuncian todavía son maltratadas por la policía o presionadas para que no digan nada, según un informe publicado en Delhi por Human Rights Watch el pasado miércoles.
La investigación concluyó que si bien ha aumentado significativamente la intención de las mujeres de denunciar violaciones o agresiones sexuales, siguen existiendo obstáculos como actitudes retrógradas en las comunidades, especialmente aquellas alejadas de las grandes ciudades.
En un caso destacado por el informe, las autoridades presionaron a una mujer de “baja casta” oriunda del estado de Haryana para que saboteara el juicio contra seis hombres de una casta más poderosa acusados de violarla. “No le quedó otra opción”, explicó un familiar de la mujer a HRW. “Si quieres vivir en el pueblo, tienes que escuchar a las autoridades”.
Según los activistas, la implementación de las leyes que protegen a las mujeres, aprobadas después del ataque a la estudiante Jyoti Singh en 2012, es precaria.
Los investigadores descubrieron un hospital en el estado de Rayastán donde se sigue realizando el examen de “los dos dedos”, en el que los médicos introducen los dedos en la vagina de la mujer para determinar si es activa sexualmente, a pesar de que esta práctica está prohibida en la India desde 2013.
Y aunque una ley de 2015 establece que a las víctimas se les pague una compensación de mínimo 300.000 rupias (3.987 euros), sólo tres de las 21 sobrevivientes de violaciones entrevistadas por HRW habían recibido dinero. También es insuficiente el acceso a asistencia médica o legal. “Tanto las mujeres como las niñas afirmaron que no recibieron prácticamente atención médica, incluyendo psicológica, incluso cuando era evidente que la necesitaban mucho,” asegura el informe.
Vrinda Grover, abogada de la Corte Suprema especializada en casos de violencia sexual, asegura que la intención de las mujeres de denunciar los crímenes sexuales ha aumentado “milagrosamente”. En 2015 se denunciaron a la policía 35.000 violaciones y se condenó a 7.000 hombres, lo cual significa un aumento de casi el 40% en tres años.
“Las mujeres están luchando contra todos los obstáculos y no se dan por vencidas”, señala Grover. “Incluso si deben marcharse de sus casas y dejar a sus familias, siguen reclamando justicia. Ya no permiten que les gane la impunidad”, añade.
También han surgido jueces y agentes de policías que luchan por “hacer que el sistema funcione”, indica la juez. Grover destaca que a pesar del progreso que se ha visto en los últimos cinco años, estos avances no han llegado a las mujeres de castas menos favorecidas, de minorías religiosas o las que viven en zonas rurales o ciudades pequeñas.
“El tipo de resistencia a la que se enfrentan, tanto por parte del sistema como de la sociedad, refleja la verdadera esencia de este país”, se lamenta Grover. “El sistema continúa sin responder y la sociedad no ha cambiado”.
El informe concluyó que los nuevos crímenes tipificados, como el acoso sexual, el voyerismo y el acecho, a menudo no son tomados en serio, la policía retrasa las investigaciones o directamente no acepta las denuncias. En algunos casos, los hombres acusados utilizan estos retrasos para amenazar a las víctimas o sus familias.
“Lo que se necesita es una formación adecuada para los agentes, que sepan cómo proceder y que rindan cuentas si fallan al garantizar la seguridad, dignidad y derechos de las supervivientes”, afirma Meenakshi Ganguly, directora de HRW para el sur asiático.
“Lleva tiempo cambiar la mentalidad de la gente, pero el Gobierno indio debería garantizar asistencia médica, psicológica y legal a las víctimas y sus familias y al mismo tiempo trabajar para sensibilizar a agentes de policía, personal judicial y médicos para que sepan manejar adecuadamente los casos de violencia sexual”, explica Ganguly.
El informe, basado en más de 60 entrevistas, también recomienda que la India implemente urgentemente un programa de protección a víctimas y testigos.
Traducido por Lucía Balducci