En San Francisco, una persona muere de sobredosis accidental cada diez horas mientras la crisis del fentanilo sigue arrasando la costa oeste de EEUU. En el primer trimestre del año, las muertes han aumentado un 41%. San Francisco ha sido testigo de la muerte de 200 personas por sobredosis en los primeros tres meses del año frente a las 142 personas que fallecieron en las mismas fechas el año pasado, según los informes del departamento forense municipal.
La situación ha golpeado especialmente a quienes viven en la calle: entre enero y marzo, murieron de sobredosis el doble de personas sin hogar que el año pasado en las mismas fechas.
En la mayoría de las muertes se ha detectado fentanilo. Las minorías han resultado especialmente castigadas. Un tercio de las víctimas de sobredosis eran personas afroamericanas, a pesar de que los negros solo componen el 5% de la población de la ciudad.
“Es una auténtica vergüenza que una ciudad tan rica como San Francisco no pueda lidiar con las muertes por sobredosis”, dice el doctor Daniel Ciccarone, que imparte clases sobre adicciones en la Universidad de California. Asegura que el creciente planteamiento punitivo del municipio para tratar a los consumidores de drogas solo ha conseguido incrementar los riesgos de sobredosis.
“Somos una ciudad políticamente dividida entre la gente que tiene mucho dinero y quieren sus calles limpias y quienes piensan que abordarlo de forma compasiva, basada en la ciencia y la salud es lo apropiado”, añade.
El brusco aumento de muertes comenzó en diciembre y se hizo especialmente evidente en enero, cuando 82 fallecimientos por sobredosis marcaron un récord histórico en la ciudad. Sucedió justo después de que el Gobierno municipal cerrara un centro de atención clave, en el que los drogodependientes llevaban a cabo su consumo bajo supervisión médica y después de que aumentaran los controles policiales en el barrio de Tenderloin, asolado por las drogas.
El pasado verano, los votantes forzaron la salida del fiscal de distrito liberal, y la alcaldesa de la ciudad, London Breed, designó a una nueva fiscal de distrito: Brooke Jenkins. Ésta prometió abordar el problema con una política de mano dura y desde entonces han aumentado las detenciones de narcotraficantes.
Después, en diciembre, Breed cerró el Centro Tenderloin, un complejo diseñado para proporcionar refugio de día a los sintecho, junto a derivaciones a viviendas, comida, tratamiento contra la drogadicción y atención sanitaria. El centro había dado luz verde extraoficialmente al consumo de drogas en un área supervisada en el exterior. Sus usuarios consumieron Narcan para revertir más de 330 sobredosis de opiáceos en los once meses que el Centro estuvo abierto, según datos del Ayuntamiento.
Algunos vecinos se oponían al Centro, que atendía a más de 400 personas cada día. Decían que estaba atrayendo drogadictos a un vecindario ya afectado.
En diciembre, Breed dijo que estaba decepcionada por la escasa cantidad de visitantes del centro que finalmente aceptaban ayuda para dejar las drogas. Según él, San Francisco Chronicle, menos del 1% de los visitantes acababan en contacto con los servicios de tratamiento contra las adicciones.
Desde que se cerró el Centro, Breed ha tratado de obtener 25 millones de dólares para aumentar las horas extra de los policías, con la prioridad puesta en arrestar a narcotraficantes.
“Nos enfrentamos a múltiples retos para la seguridad ciudadana en el municipio: desde una epidemia de sobredosis en la que manda el fentanilo [a] narcotráfico al aire libre, delitos contra la propiedad en nuestros barrios residenciales y comerciales, violencia armada en aumento e incidentes alentados por los prejuicios”, dijo en una carta en marzo en la que buscaba más ayuda federal para la vigilancia policial y los procesamientos judiciales.
Hace unas semanas, el gobernador de California, Gavin Newsom, prometió enviar recursos y personal de la Guardia Nacional y de la Patrulla de Autopistas de California para reforzar la vigilancia.
Gary McCoy, de HealthRIGHT 360, la ONG cuyo nombre hace referencia al “derecho a la salud” y que era la encargada del apartado de prevención de sobredosis de narcóticos en el Centro Tenderloin, dice que la política del Gobierno centrada en la aplicación de la ley está provocando un efecto no deseado y está empujando al aislamiento a los consumidores de drogas, de modo que están más expuestos al riesgo de muertes por sobredosis.
“Algo que se ha vendido a la gente como una estrategia que funcionará y ayudará a combatir la crisis de sobredosis, está provocando justamente el efecto contrario”, apunta McCoy. Y añade que las tácticas policiales crean peligros que van más allá del hecho de que los trabajadores sanitarios ya no puedan ser testigos de sobredosis y revertirlas en el Centro Tenderloin.
“Cuando la gente no tiene un sitio seguro al que acudir, cuando consumen en portales y lugares públicos y les da miedo que les pillen y les metan en la cárcel, tienden a darse prisa y consumir más sustancias”, indica. “Y cuando se dan prisa, el riesgo de sobredosis es mayor”, explica.
Ciccarone dice que otros centros de consumo seguro alrededor del mundo, incluido uno en Melbourne (Australia) que abrió hace cinco años, han demostrado que reducen las sobredosis, sacan el consumo de drogas de las calles y ayudan a que los drogadictos inicien un tratamiento. Pero advierte de que son necesarios mucho más que 11 meses para ver resultados.
“La gente esperaba demasiado en demasiado poco tiempo”, dice sobre el centro de San Francisco. “De cara al exterior, daba la sensación de que la gente se estaba reuniendo para consumir drogas. Pero ahora lleva tres meses cerrado y los primeros tres meses muestran un aumento tremendo en muertes por sobredosis”, apunta.
Los supervisores municipales han presionado para reemplazar el Centro Tenderloin, que fue concebido como una medida temporal, por 12 “centros de bienestar” más pequeños esparcidos por la ciudad. La idea es que proporcionen servicios de salud y refugio, además de permitir el consumo supervisado de drogas para prevenir las muertes por sobredosis.
Pero el pasado verano, Newsom vetó la legislación que habría permitido centros para el consumo supervisado de drogas en tres ciudades de California, incluida San Francisco. Y el plan para los centros de bienestar quedó varado después de que la fiscal de la ciudad de San Francisco objetara que podría derivar en responsabilidades legales para la ciudad.
Breed ha dicho que apoya los centros de bienestar. “Son situaciones difíciles, porque implican un asesoramiento legal y una responsabilidad penal significativa que no se puede ignorar sin más”, dijo la alcaldesa, según los informativos de KTVU. Ahora las ONG buscan formas de financiar sus áreas de prevención de sobredosis sin subvenciones municipales.
En un comunicado, el Departamento de Salud Pública de San Francisco ha dicho que ha llevado a cabo una gran cantidad de medidas para prevenir sobredosis, incluidas cientos de nuevas camas adicionales para tratamientos de rehabilitación contra la drogadicción, la ampliación de equipos de cuidados móviles y una mayor accesibilidad al Narcan y distintas opciones para el tratamiento de adicciones asistido con medicación.
“El Departamento de Salud Pública de San Francisco reconoce que una sola muerte por sobredosis ya es demasiado y lamenta la pérdida de cada una de estas vidas”, aseguraba. El comunicado añade que también están estudiando vías legales para abrir clínicas de consumo bajo supervisión. “Estas muertes nos impulsan a encontrar más formas de prevenir las sobredosis y reducir el daño causado por el fentanilo”, indicaba.
Breed y la nuevo fiscal de distrito defienden el aumento de las detenciones y del tiempo en prisión para los narcotraficantes. En una publicación de abril, la alcaldesa dijo que la policía había efectuado 162 detenciones por posesión de drogas para la venta durante los últimos tres meses de 2022, un aumento del 80%, y que están incautando decenas de kilos de narcóticos.
“Estas operaciones policiales continuarán a la vez que nuestros equipos de los servicios sociales siguen saliendo a la calle para ofrecer servicios y tratamiento”, escribió Breed.
Alex Kral, epidemiólogo del instituto independiente y sin ánimo de lucro RTI International, que lideró una evaluación del Centro Tenderloin, dice que las detenciones contra narcotraficantes en la práctica hacen que el suministro de las drogas sea más peligroso al forzar a los consumidores a acudir a gente que no conocen para obtener su suministro y forzarlos a esconderse.
“Conviertes un impredecible mercado de la droga en algo aún más impredecible”, dice. “Hemos pasado los últimos 50 años intentando encontrar una salida a esto y está claro que no funciona. Las condiciones en las calles están empeorando, las drogas se están volviendo más peligrosas y la salud pública es mucho, mucho peor con el incremento de la vigilancia”, apunta.
Según la concejala de San Francisco Hillary Ronen, que aboga por la idea de los centros de bienestar, la ciudad ha fracasado a la hora de dar con nuevas estrategias para afrontar esta “horrible crisis”.
“Cerramos el Centro Tenderloin sin otro plan en marcha para sustituirlo”, cuenta. “El fentanilo vicia cada parte de la cadena de suministro de las drogas y todos los problemas sociales que subyacen tras la crisis de la drogadicción continúan: la extensión de la pobreza, experiencias traumáticas sin acceso a cuidados para la salud mental, desigualdad y sinhogarismo. ¿Qué esperábamos que pasara?”, se pregunta.
Traducción de María Torrens Tillack