Una agencia militar estadounidense está realizando una inversión de 100 millones de dólares (unos 84 millones de euros) en tecnologías de extinción genética que podrían acabar con los mosquitos que portan la malaria, roedores invasores u otras especies, según unos correos electrónicos hechos públicos bajo las leyes de libertad de información.
Los documentos sugieren que la agencia secreta estadounidense Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa, por sus siglas en inglés) se ha convertido en la mayor inversora a nivel mundial para las investigaciones sobre “deriva genética” y que esto hará que aumenten las tensiones antes de un encuentro del comité de expertos de la ONU en Montreal que empieza este jueves.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU está debatiendo si imponer una moratoria sobre la investigación genética el año que viene y varios países temen que se produzca una posible aplicación militar.
Los diplomáticos de la ONU confirmaron que el email que salió a la luz podría empeorar la “mala fama” de los estudios genéticos en algunos círculos. “Muchos países tendrán sus dudas cuando vean que esa tecnología llega desde Darpa, una agencia científica del Ejército de EEUU”.
El uso de tecnologías de extinción genética en armas biológicas es uno de los grandes temores, pero lo que se conoce de la investigación se centra exclusivamente en control y erradicación de plagas.
Las herramientas de modificación genética de última generación como Crispr-Cas9 funcionan mediante el uso de un ácido ribonucleico (ARN) sintético que se introduce en hebras de ADN para después insertar, alterar o eliminar rasgos específicos. Eso podría, por ejemplo, distorsionar la proporción de mosquitos por sexo para eliminar eficazmente las poblaciones de malaria.
Sin embargo, a algunos expertos de la ONU les preocupan las consecuencias no intencionadas. Uno de ellos dijo a the Guardian: “Quizá seas capaz de eliminar algunos virus o una población entera de mosquitos, pero puede que también se produzcan efectos ecológicos posteriores sobre especies que dependen de ellos”.
“Mi principal preocupación”, explica, “es que hagamos algo irreversible para el medio ambiente, a pesar de nuestras buenas intenciones, antes de que sepamos con toda seguridad cómo va a funcionar esta tecnología”.
Jim Thomas, codirector del grupo ETC –que obtuvo los correos electrónicos–, asegura que la influencia del Ejército estadounidense que revelan refuerza la justificación de una prohibición.
“La naturaleza del doble uso de alterar o erradicar poblaciones enteras es tanto una amenaza a la paz y a la seguridad alimentaria como una amenaza a los ecosistemas”, explica. “La militarización de la financiación de la deriva genética puede incluso contravenir la convención de Enmod contra los fines hostiles de las tecnologías de modificación medioambiental”.
La ciencia, al servicio militar
Todd Kuiken, que ha trabajado en el programa GBIRd, que recibe 6,4 millones de dólares (unos 5,4 millones de euros) procedentes de Darpa, explica que la importancia fundamental del Ejército estadounidense en la financiación de la tecnología genética significaba que “los investigadores que dependen de las subvenciones para sus investigaciones puede que reorienten sus proyectos para adaptarse a los limitados objetivos de esas agencias militares”.
Entre 2008 y 2014, el gobierno de EEUU gastó unos 820 millones de dólares (unos 700 millones de euros) en biología sintética. Desde 2012, la mayor parte de esto ha venido desde Darpa y otras agencias militares, explica Kuiken.
En un correo electrónico que informaba sobre una conferencia organizada por el Ejército de EEUU en junio, un biólogo del gobierno de EEUU apuntó que el director del programa biotecnológico de Darpa, Renee Wegrzynhad, dijo que “el programa Safe Genes contaba con una inversión de 65 millones de dólares, pero después mencionaron otros apoyos de 100 millones de dólares (unos 84 millones de euros)”.
Un portavoz de Darpa dijo que la cifra era “una estimación un tanto generosa e hipotética” que incluía lo que ganaban los investigadores en la reunión financiada por Darpa bajo actividades relacionadas. “Darpa no es y no debería ser la única fuente de financiación de las investigaciones relacionadas con la modificación genética, pero para el Departamento de Defensa es esencial defender a su personal y preservar la preparación militar”, apuntó.
Las herramientas genéticas, cada vez más baratas
Darpa considera que la caída de los precios del conjunto de herramientas para la edición genética ha hecho que existan mayores oportunidades para que actores hostiles y rebeldes puedan experimentar con la tecnología.
“Esta coincidencia de bajos costes y altas posibilidades significa que las aplicaciones para la edición genética –tanto positivas como negativas– pueden surgir de personas o estados que operan fuera de la comunidad científica tradicional y de las normas internacionales”, explica la autoridad. “Darpa tiene la obligación de llevar a cabo esta investigación y desarrollar tecnologías que puedan protegernos contra el mal uso accidental o intencional”.
La investigación sobre deriva genética ha sido iniciada por un profesor del Imperial College London, Andrea Crisanti, que confirmó que había sido contratado por Darpa con un contrato de 2,5 millones de dólares para identificar y desactivar dichas unidades.
Los temores a que la investigación pueda ser canalizada hacia armas biológicas son “pura fantasía”, asegura. “No hay manera de que esta tecnología pueda ser usada para ningún propósito militar. El interés general es desarrollar sistemas para contener los efectos no deseados de la deriva genética. Nunca se nos ha pedido considerar ninguna aplicación que no sea eliminar plagas”.
El interés en tecnología entre las agencias del Ejército de EEUU se ha disparado desde un informe secreto realizado por el comité de élite Jason sobre científicos militares que el año pasado “recibieron una atención considerable entre varias agencias del gobierno estadounidense”, según un email de Gerald Joyce, que copresidió en junio un grupo de estudio dependiente del Comité Jason.
En 2017, se encargó un segundo informe al comité Jason para evaluar “las amenazas potenciales que esta tecnología podría plantear en manos enemigas y los obstáculos técnicos que habría que superar para desarrollar la tecnología genética y utilizarla en la naturaleza”, escribió Joyce.
El documento no se haría público, pero “tendría una gran difusión entre la inteligencia estadounidense y la comunidad de seguridad nacional en general”, decía su correo electrónico.
Traducido por Cristina Armunia Berges