Cerca de 300 militares que sirvieron en la guerra de Irak han sido advertidos de que sus nombres figuraban en las listas de investigación oficiales junto a cargos de asesinato, tortura y abusos. Los documentos han sido publicados por Iraq Historic Allegations Team (IHAT), la unidad liderada por Mark Warwick, expolicía, y constituida después de la denuncia del trato brutal que recibían los presos iraquíes.
Warwick también ha enviado los informes a Andrew Cayley, director de la SPA (Service Prosecuting Authority), el equivalente militar a la Fiscalía del Estado. Ahora, Leight Day, el bufete de cientos de iraquíes que han denunciado a las tropas británicas por un trato abusivo e ilegal, ha recibido una denuncia ante el Tribunal Disciplinario de Abogados por este caso. Por su parte, el ministro de Defensa, Michael Fallon, ha criticado “los procedimientos irresponsables de los bufetes de abogados británicos” que presionan a los soldados en batalla con la intención de obligarles a declarar ante los tribunales.
Las demandas y desmentidos sobre el abuso y asesinato de los detenidos iraquíes se cruzan entre recriminaciones hostiles, otro ejemplo del legado de la invasión de Irak en 2003. Es improbable que John Chilcot se refiera a estas declaraciones en su informe (sobre la invasión y la guerra), que tiene prevista su publicación en verano, aunque representan algunas de las muchas consecuencias de una ocupación mal planificada y una guerra para las que las tropas británicas no estaban preparadas.
La IHAT está investigando los casos de más de 1.500 posibles víctimas, 280 de las cuales fueron presuntamente asesinadas. Cayley, un exfiscal dedicado a la investigación de crímenes de guerra, ha afirmado que analizará los casos con “el escrutinio que requiere la ley” y, si la acusación se demuestra, no vacilará a la hora de proceder. También ha añadido que “de la misma forma quiero aclarar que ningún miembro de las Fuerzas Armadas británicas será procesado a menos que existan las pruebas suficientes”.
En el 10 de Downing Street (la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido) ya conocen el problema. David Cameron ha manifestado su temor a que las personas que han sido llamadas ante los abogados estén tentadas a hacer acusaciones. Cameron está “profundamente preocupado” por que los veteranos de la guerra de Irak tengan que enfrentarse a persecuciones judiciales debido a demandas por mala conducta “manipuladas” o “injustificadas”.
Después de las quejas del Ministerio de Defensa, el bufete Leight Day ha sido convocado ante el Tribunal Disciplinario de Abogados. El principal alegato se basa en un documento que identifica a nueve iraquíes miembros de la milicia del Ejército de al-Mahdi, detenidos después de la conocida como batalla de Danny Boy en mayo de 2014. “Desmentimos todas las acusaciones que se han lanzado contra nosotros”, ha declarado un portavoz de Leight Day. El bufete ha añadido que la gran mayoría de las denuncias que han llegado en contra del Ministerio de Defensa se han resuelto favorablemente.
Esta reclamación se produce después de las investigaciones sobre el asesinato del joven Al-Sweady, desencadenadas tras las acusaciones de que las tropas británicas mataron y torturaron a ciudadanos iraquíes. La demanda concluye que las imputaciones más serias contra las Fuerzas Armadas eran “mentiras deliberadas, especulaciones imprudentes y hostilidad”, una crítica que ha alentado al Ministerio de Defensa a cargar contra Leight Day y los Abogados por los Intereses Públicos (PiL), el bufete que representa a los iraquíes.
Las investigaciones sobre Al-Sweady podrían haberse evitado si el Ministerio de Defensa hubiese dicho la verdad desde el principio. Todo lo que necesitaba era explicar por qué los cuerpos mutilados y heridos de los iraquíes fueron llevados tras la batalla a una base británica antes de ser entregados a sus familiares.
En lugar de eso, en lo que los jueces han descrito como una conducta “lamentable” y un grave incumplimiento de la obligación de decir la verdad, el Ministerio de Defensa ha montado un encubrimiento innecesario de los hechos, incluso declarando secretos documentos hechos públicos con anterioridad.
Una investigación anterior concluyó que la muerte de Baha Mousa, trabajador de un hotel iraquí en 2003, fue causada por un “horrible episodio de violencia gratuita” orquestada por los soldados británicos. En una imputación devastadora, acusó al Ministerio de Defensa de “fracaso colectivo” por el uso de métodos prohibidos en los interrogatorios en Irak.
Es posible que esta investigación no hubiese salido a la luz si no fuera por los abogados de los derechos humanos que ahora están siendo atacados por el Ministerio. El Ministerio ha pagado más de 20 millones a más de 300 ciudadanos iraquíes en compensación por los casos denunciados por el bufete de Leight Day y el de los Abogados por los Intereses Públicos.
El Tribunal Penal Internacional está estudiando también más de 1.000 alegatos de crímenes de guerra que implican a las tropas británicas. Pero incluso con la plétora de acusaciones e investigaciones, más de 1.000 casos de la IHAT, más de 1.000 denuncias anteriores de la Corte Internacional, es poco probable que ningún soldado británico o veterano de guerra llegue a ser procesado, de la misma forma que es improbable que lo sean los soldados que dispararon contra manifestantes desarmados en el Domingo Sangriento de hace 40 años en Irlanda del Norte.
Traducción de: Mónica Zas