Familiares y socios del expresidente brasileño Luiz Ináçio Lula da Silva temen que pronto lo llamen a juicio por su supuesto papel clave en un sistema de corrupción masiva en la empresa petrolera estatal Petrobras.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) –indiscutiblemente la figura más influyente de la historia reciente de Brasil– aparece nombrado en las negociaciones judiciales de antiguos aliados y ejecutivos que han sido arrestados en la operación Lava Jato. La investigación ha revelado que varias empresas constructoras obtuvieron contratos inflados a cambio de sobornos a ejecutivos y políticos.
Entre ellos está Delcídio do Amaral, antiguo líder del PT en el Senado, que hace poco testificó que Lula –como lo llama todo el mundo– trató de obstaculizar la investigación. El exsenador, que fue expulsado de su banca, afirma en declaraciones a the Guardian que espera que los jueces tomen una decisión pronto sobre su declaración.
“Los jueces se posicionarán en los próximos días, en las próximas semanas, no solo respecto a este caso, sino también respecto a las negociaciones judiciales que complementan la mía”, anticipa. “Lo que podemos ver es que el círculo se está cerrando. Lava Jato está entrando en una fase muy importante. Con la información (que tienen ahora los investigadores), pueden atar cabos”.
El lunes, el Tribunal Supremo dijo que el caso de Lula se podía juzgar en Curitiba, sede de la investigación Lava Jato. Esto aumenta la probabilidad de que el expresidente sea llamado a juicio por el juez Sergio Moro, que ha tenido un papel clave en la investigación y ha aprobado “detenciones preventivas” prolongadas de sospechosos fundamentales, incluidos ejecutivos y políticos poderosos, lo cual les llevó a recortar las negociaciones con los fiscales.
En el entorno de Lula hay cada vez más preocupación. “Todos en la familia están preocupados”, cuenta a the Guardian su hermano mayor, Frei Chico. “En Brasil es muy fácil que te lleven a juicio. Los medios ya han juzgado a Lula y a toda nuestra familia y nos han declarado culpables”.
Aunque no es miembro del Partido de los Trabajadores, Chico cree –como muchos en la izquierda– que su hermano es víctima de una conspiración diseñada para evitar que se vuelva a presentar a la presidencia. “Esto es muy grave. Estamos ahora en una situación delicada. Están criminalizando a Lula para poder evitar que se presente a unas elecciones”.
Detención de Lula
A Lula lo detuvieron por poco tiempo para interrogarlo en marzo en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo. La Policía también registró su vivienda y su despacho. En aquel momento, Moro también dictó órdenes de detención para que las fuerzas de seguridad interrogasen a su mujer, Marisa; sus hijos, Marcos Claudio, Fábio Luís y Sandro Luís; y otros colaboradores.
Poco después, la sucesora de Lula en la presidencia, Dilma Rousseff, intentó darle un cargo en el Gobierno, lo que le habría dado un mayor nivel de protección legal. Pero los jueces bloquearon el nombramiento. Desde entonces, Rousseff ha sido suspendida mientras el Senado juzga su impeachment por cargos no relacionados con el caso Petrobras, sino con un asunto de manipulación presupuestaria.
Los fiscales están investigando a Lula por corrupción y obstrucción a la justicia. Aunque los sobornos y mordidas en Petrobras comenzaron antes de que el Partido de los Trabajadores empezara a gobernar en 2003, afirman que el expresidente aumentó las irregularidades para financiar campañas políticas y comprar el apoyo de otros partidos. También dicen que se benefició personalmente en forma de renovaciones o donaciones de empresas constructoras en propiedades en Guarujá y Atibaia. Lula niega las acusaciones y dice que los apartamentos no son suyos.
Está bajo una presión cada vez mayor. Según una filtración publicada el martes en Congresso em Foco, el fiscal general del país, Rodrigo Janot, ha informado al Tribunal Supremo de que Lula tuvo una “posición dominante” en el escándalo Petrobras.
Decenas de políticos de alto rango de casi todos los grandes partidos están implicados en la investigación Lava Jato, que ha convulsionado a Brasil, ha obstaculizado los esfuerzos del Gobierno por lidiar con una dura recesión y ha desviado la atención de la epidemia del zika y de los preparativos de los Juegos Olímpicos. El gobierno interino de Michel Temer ha perdido a dos ministros en el escándalo. Es posible que se presenten cargos contra otros muchos. Mientras la investigación continúa, Temer –que aparece citado en varias declaraciones, aunque no está acusado– también podría verse sometido a una presión creciente.
El martes pasado la Comisión Parlamentaria de Ética de Brasil aprobó retirar el escaño al presidente de la Cámara suspendido Eduardo Cunha, por mentir presuntamente sobre cuentas bancarias suizas no declaradas. Sin embargo, nada tendrá probablemente tanto impacto en el imaginario público como el posible arresto o juicio a Lula, que podría desencadenar intensas protestas callejeras.
Por el momento, no obstante, ese escenario no está previsto por el expresidente ni por algunos de sus colaboradores. “El presidente confía en la justicia. Siempre estará dentro de la ley y se defenderá contra las diferentes acusaciones infundadas”, declara el Lula Institute.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo