Varios hombres ríen en el tejado de una cárcel mientras levantan una bandera con las iniciales pintadas a mano de dos de las bandas de narcos más peligrosas de Brasil. Debajo, en el patio, otros decapitan a prisioneros pertenecientes a un grupo rival y ponen las cabezas en fila.
Las espantosas escenas fueron filmadas con un móvil durante las revueltas carcelarias del 1 de enero en las que 56 presidiarios fueron asesinados cerca de la ciudad de Manaos, en lo que fue el primero de una serie de incidentes violentos en las cárceles de Brasil.
Al día siguiente, cuatro internos fueron asesinados en otra cárcel en Manaos. Cinco días después, 33 reclusos murieron en una prisión en las afueras de Boa Vista, en el estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil. Posteriormente, el domingo 8 de enero por la mañana, otros cuatro reclusos fueron asesinados en una cárcel de Manaos que se había reabierto para ubicar allí a presidiarios trasladados después de la masacre del 1 de enero.
Incluso en un país acostumbrado a los crímenes violentos, el salvajismo de estos asesinatos ha escandalizado a los brasileños. Los medios de comunicación locales han difundido imágenes de cuerpos desmembrados y mensajes escritos con sangre.
La policía y los fiscales han advertido que la guerra entre bandas rivales que se disputan el control del lucrativo negocio del narcotráfico en Brasil ha alcanzado un nuevo nivel de brutalidad. Y hay indicios de que la violencia ha salido del abarrotado sistema penitenciario para trasladarse a Río de Janeiro, donde amenaza con desestabilizar una ciudad que ya se tambalea por el aumento de crímenes violentos.
“Si las Fuerzas de Seguridad no actúan, hay muchas posibilidades de que esto se transforme en un conflicto que bañe de sangre todo Brasil”, escribió en la página web Ponte el periodista Josmar Jozino, especializado en crimen organizado.
Las autoridades afirman que la ola de violencia más reciente comenzó cuando la Familia del Norte (FDN), con base en Manaos y aliada a la pandilla más antigua de Brasil, el Comando Rojo (CV), con base en Río de Janeiro, atacó a miembros del Primer Comando Capital (PCC), una pandilla rival.
El ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, anunció rápidamente planes para reducir los asesinatos y atacar el narcotráfico con cinco cárceles federales nuevas con capacidad para 220 criminales peligrosos y más dinero para las cárceles provinciales.
Esto es una gota en el océano de las abarrotadas cárceles brasileñas, donde el 40% de los más de 620.000 reclusos aún no tiene sentencia firme. El complejo penitenciario Anísio Jobim en Manaos albergaba una población tres veces mayor a su capacidad cuando ocurrió la primera masacre. La identificación de los cuerpos mutilados llevó varios días.
Luíz Valois, el juez que negoció el fin de la primera revuelta, señala a the Guardian que la cárcel está “tremendamente superpoblada, pero no es la peor del país”. Luego describió la pila de miembros desmembrados como “lo más horrible que he visto en toda mi vida”.
Francilene Vargas, del Departamento de Narcóticos de Roraima, que presenció las escenas dentro de la cárcel rural Monte Cristo el 6 de enero, asegura que los reclusos querían sembrar el pánico. “Es una barbaridad,” dijo. “No podemos aceptar esta publicidad del terror”.
Vargas explicó que las cárceles de Roraima están controladas por el PCC, el mayor cártel narco de Brasil. El PCC fue fundado en 1993, un año después de que 111 reclusos fueran asesinados por agentes de policía en la cárcel de Carandiru.
Camila Dias, una profesora de sociología de la Universidad Federal de ABC en San Pablo que escribió un libro sobre el cártel, afirma que, en principio, la banda se formó para responder a la “violencia estatal”. El PCC ofrece a los reclusos asistencia médica, asesoramiento legal y ayuda económica para sus familias. A menudo la banda afirma que su guerra es contra el Estado, no contra otras bandas. “Este aspecto ideológico y político surgió de las condiciones carcelarias”, explica Dias.
El PCC tiene casi 300.000 miembros y sus tentáculos llegan a distintos puntos de Sudamérica, sostiene Lincoln Gakiya, un fiscal de Sao Paulo que persigue a la banda desde hace 10 años. “Se parece mucho a una gran empresa. Tienen ganancias mensuales de entre seis y nueve millones de euros”, señala Gakiya. “Son igual de violentos que otras bandas, pero de una forma más discreta”.
Sin embargo, el PCC es un actor menor en la región amazónica de Brasil, donde lucha contra la Familia del Norte por el control de las lucrativas rutas de narcotráfico que llegan a Manaos por el río Solimões desde Colombia y Perú, y luego desde allí exportan a Europa.
Formada en 2006, la Familia del Norte domina el narcotráfico de la región. Según su estatuto escrito a mano e incluido en una investigación policial del 2015, su objetivo es “la paz, la justicia y la libertad”. “Estamos en el lado bueno de la mala vida”, rezaba un mensaje de texto que buscaba reclutar nuevos miembros entre presidiarios del Estado cercano de Pará.
Igual que en el PCC, los miembros pagan una cantidad mensual y los nuevos miembros deben jurar lealtad a la banda. “La Familia del Norte ha crecido de forma alarmante. Bautizan nuevos miembros casi cada día”, asegura un informe policial.
La Familia del Norte se ha aliado con el Comando Rojo, una de las tres bandas rivales que controlan las favelas de Río donde se concentra el narcotráfico y donde la violencia ha crecido ininterrumpidamente, a la vez que se desmorona el muy aclamado programa de “pacificación”.
Considerada por la policía como la pandilla más violenta de Río de Janeiro, el Comando Rojo fue fundado en los años 70 en una cárcel situada en una isla infernal, por criminales inspirados en la disciplina de los prisioneros políticos de la dictadura militar brasileña de 1964 a 1985.
Durante años, el Comando Rojo estuvo aliado al PCC, pero en septiembre el PCC anunció formalmente el fin de esa alianza, acusando a la pandilla de Río de asesinar a algunos de sus miembros.
Ahora, la policía dice que el PCC está desembarcando en Río: escuchas telefónicas realizadas durante una investigación del año pasado revelaron que un “general” del PCC encarcelado estaba reclutando jefes del Comando Rojo en favelas estratégicamente ubicadas alrededor de la ciudad.
Durante las llamadas realizadas desde su celda, Gledson da Silva, conocido como Léo o Fantasma, hablaba del PCC como una banda mejor que las de Río, a las que calificaba de innecesariamente violentas.
“Ellos prefieren matarse entre ellos, luchan por las favelas entre ellos, en lugar de unirse para combatir al Gobierno. Ésa es nuestra guerra”, decía Da Silva a un potencial miembro por teléfono.
Ahora el PCC se ha aliado con los rivales del Comando Rojo, los Amigos de los Amigos (ADA), amenazando con aún más inestabilidad. Los ADA manejan el narcotráfico en la enorme favela Rocinha, cercana a exclusivos barrios costeros como Ipanema.
El investigador policial Antenor Lopes, que dirigió la operación, cree que el PCC, más orientado a los negocios, se cansó del caos y la violencia del Comando Rojo. “El Comando Rojo esconde el dinero en una caja en la pared o la entierra en el jardín. El PCC la invierte en gasolineras y empresas”, asegura Lopes. “Brasil está prácticamente fuera de control”.
Traducido por Lucía Balducci