La crisis de refugiados ha acaparado todos los titulares y ha dejado perplejos a los políticos, pero todavía se sabe muy poco acerca de Eritrea, de donde se escapan unas 5.000 personas al mes.
Hay más niños no acompañados eritreos pidiendo asilo en Reino Unido que de ningún otro país. Después de los afganos y de los sirios, los eritreos están entre los mayores contingentes de migrantes que entraron a Europa en 2015. Pero incluso la persona mejor informada se pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué Eritrea? ¿Qué está pasando ahí?
Es una pregunta muy pertinente, en particular porque la Unión Europea ha acordado enviar 200 millones de euros al gobierno de Eritrea en concepto de ayuda. Pero, según los activistas, lo que parece ser una solución solamente empeorará el problema: es el mismo gobierno de Eritrea el que está acusado de graves abusos a los derechos humanos. Hay informes de ejecuciones extrajudiciales y rutinarias, de torturas y de detenciones arbitrarias.
Muchos eritreos alegan haber estado más de 20 años en el servicio militar, sin sueldo y en condiciones cercanas a la esclavitud. Según los activistas, ayudar al régimen de Eritrea no solo no pondrá fin al éxodo sino que empeorará la situación.
Según el director de la Iniciativa Eritrea por los Derechos de los Refugiados, Meron Estefanos, “parece como si la UE estuviera recompensando a los opresores por oprimir a su propio pueblo”. “Nadie rinde cuentas de nada, da la sensación de que la UE peca de inocente”.
Para Martin Plaut, exeditor de la sección África para la BBC, el tema central no es la inocencia. Plaut dice que el plan demuestra hasta qué punto está dividida la opinión de la UE acerca de los migrantes. “Hay dos fuerzas completamente distintas”, explica Plaut. “Por un lado, está el Parlamento Europeo, compuesto por personas con sus propios puntos de vista y preocupaciones individuales con respecto a sus electores. Por otro lado, la comisión, que en realidad responde a un consejo de ministros. Cada uno tiene motivaciones completamente diferentes”. Según Plaut, cuando se trata del tema de Eritrea, esas diferentes motivaciones generan graves problemas en las políticas.
Cuando presentó el nuevo programa en representación de la Unión Europea, el comisario europeo para el Desarrollo y la Cooperación Internacional Neven Mimica dijo: “Nos hemos puesto de acuerdo en promover actividades que den resultados concretos para la población de Eritrea, como la creación de puestos de trabajo y una mejora en la calidad de vida”. También, dijo que la UE insistiría en el “respeto absoluto de los derechos humanos”.
Pero muchas personas permanecieron escépticas. La baronesa Glenys Kinnock, ex europarlamentaria y actual directora del Grupo Parlamentario británico sobre Eritrea, es enérgica en sus críticas hacia la UE por la ayuda financiera a ese país: “Me horroriza que, como europeos, estemos enviándole ayuda de cualquier índole al presidente Isaias Afewerki”.
Según Kinnock, “esa ayuda nunca llegará a la gente y jamás servirá para mejorar sus vidas mientras Afewerki siga en el poder; esto va en contra de cualquiera de los reclamos que hacemos como europeos que luchamos por recuperar los derechos y las libertades del pueblo de Eritrea”.
El director ejecutivo de la organización PEN Eritrea en el Exilio, Abraham Zere, fue forzado a escapar del país en 2011. Según él, muchos refugiados de la diáspora están de acuerdo en que la ayuda no hará más que prolongar la vida de la dictadura: “En Eritrea faltan servicios básicos, como la electricidad, el agua y la comida, pero no por falta de recursos, sino, principalmente, por una falla total de la administración: la asistencia no ayudará al pueblo desposeído”.
Las polémicas de Sudán y Zimbabue
No es la primera vez que los planes de ayuda e inversión en desarrollo de la UE generan polémica. Cuando se aprobó la ayuda financiera para Sudán —anunciada al mismo tiempo que el subsidio para Eritrea—, Ahmed Adam, del Instituto para el Desarrollo de África de la Universidad de Cornell, calificó la decisión como “casi una broma”: recompensar a un régimen que produce refugiados y decir a la vez que están ayudando a frenar la crisis.
De manera similar, tras 12 de años de sanciones la UE está ayudando una vez más al desarrollo de Zimbabue, mientras que el mes pasado suspendieron el financiamiento directo al Gobierno de Burundi: se decidió que las autoridades de Burundi no habían hecho lo suficiente para frenar el conflicto que golpea al país.
La europarlamentaria y directora del Comité de Desarrollo Linda McAvan también tiene sus dudas sobre el plan de ayuda, aunque destaca que todavía no han mandado dinero: “Hemos dejado en claro que somos muy escépticos, como Parlamento Europeo, acerca de cualquier tipo de financiamiento al Gobierno de Eritrea. Ha habido rumores de que estarían dispuestos a terminar con su servicio militar, que en realidad no es un servicio militar sino un sistema de trabajo militar de tiempo indefinido organizado por el gobierno, pero todavía no ha ocurrido”.
Aunque una gran cantidad de miembros del Parlamento Europeo se han opuesto con fuerza al plan de ayuda, no tienen la autoridad para bloquear del todo los pagos propuestos.
Política de refugiados
Kinnock, que está tratando de plantear el tema para que se debata en la Cámara de los Lores, también arremete contra la “claramente insostenible y poco razonable” política con los refugiados de Eritrea.
Según el nuevo acuerdo sobre los refugiados de la UE, los eritreos y otros pueblos no sirios que lleguen a Grecia deben regresar de nuevo a Turquía, donde el gobierno ha empezado negociaciones con un grupo de países, entre ellos Eritrea, para readmitir a sus emigrantes.
El Gobierno del Reino Unido ha cambiado también el criterio en cuanto a los refugiados de Eritrea: si en el pasado se aceptaba el 95% de las solicitudes de asilo, ahora solo lo consigue el 28%.
“Como he dicho antes, el acuerdo sobre los refugiados de la UE pone en riesgo la vida de los refugiados de Eritrea. No pueden regresar”, dice Kinnock. “Conozco familias que han gastado hasta lo último que tenían para pagar a los contrabandistas el traslado de sus hijos a través de la frontera de Sudán o Etiopía, a pesar de que el gobierno tiene la política de tirar a matar en esas fronteras; se merecen nuestra ayuda y no que los pongamos bajo más riesgos”.
A medida que se aproxima el clima cálido, se espera que la ruta de migración por el Mediterráneo se vuelva muy transitada de nuevo. Esto supondrá poner en mayor peligro a los refugiados eritreos, y a muchos otros, que intentan llegar a Europa.
Según Plaut, no parece haber grandes cambios por el momento: “Ayer estaba hablando con alguien del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y pregunté si habían notado una disminución en las 4.000 o 5.000 personas que escapaban de Eritrea por mes y me dijeron que no”.
Según Daniel Mekonnen, un destacado abogado de derechos humanos eritreo residente en Ginebra, en un momento de tanta urgencia como este el acuerdo de ayuda financiera podría desacreditar gravemente a la UE. “Haciendo tratos con un régimen de esta clase, de forma extraña, sin transparencia y sin rendir cuentas, la UE se arriesga a ser vista como cómplice de flagrantes violaciones a los derechos humanos, incluida una posible instancia de crímenes de lesa humanidad, como concluyó una comisión de investigación de la ONU en junio de 2015”.
En cualquier caso, dice Mekonnen, el régimen de Eritrea no va a cambiar como consecuencia del financiamiento de la UE. “Para mí este gobierno es como un delincuente habitual, un asesino serial o un tipo peor de criminal, sin ninguna posibilidad de reformarse”.
Traducción de Francisco de Zárate