Familiares de manifestantes muertos en Honduras temen que no se haga justicia
Guirnaldas y luces de colores todavía adornan muchas casas en Choloma, una ciudad industrial cerca de la costa caribeña en Honduras, pero en la casa de David Ramos no hay rastro de las festividades navideñas.
“La Navidad ya no existe para nosotros. Ni este año, ni ningún otro”, dice Ramos mientras ojea fotos recién impresas de su hijo mayor. José Ramos, de 22 años, muerto a tiros el mes pasado por la policía militar en una protesta sobre el presunto fraude en las elecciones presidenciales del país.
Los disputados resultados provocaron la peor crisis política del país de la última década y han causado la muerte de al menos 30 personas, según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), un grupo pro derechos humanos.
La mayoría de las víctimas se oponían al presidente Juan Orlando Hernández, al que acusan de haber amañado la votación para vencer al candidato de la oposición, Salvador Nasralla.
Según Cofadeh, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) mató a 21 personas. Es el cuerpo creado originalmente para liderar la respuesta gubernamental contra las violentas bandas callejeras.
Los familiares de las víctimas temen que no se haga justicia sobre la violencia postelectoral. Algunos dicen haber sido amenazados por las tropas. Otros señalan que las demandas de derechos humanos en las que están involucradas las fuerzas de seguridad son supervisadas por el mismo cuerpo oficial que ayuda a coordinar las operaciones de la policía militar.
Gas lacrimógeno, cañones de agua y balas
Después de las elecciones del 26 de noviembre, los manifestantes tomaron las calles en todo el país, bloqueando carreteras y enfrentándose a las fuerzas de seguridad, que emplearon gas lacrimógeno, cañones de agua y munición real.
Los disturbios se tradujeron en más muertes en el norte de Honduras –particularmente en la segunda ciudad más poblada del país, San Pedro Sula, en la que la mayoría apoyó a Nasralla.
Cofadeh ha comunicado que de las 30 muertes documentadas, 21 fueron en el norte, pero es probable que el total sea mayor.
El tanatorio de San Pedro Sula confirmó que 13 manifestantes fueron asesinados en el área, y dijo que tenía al menos seis cuerpos más que “con toda probabilidad” estaban relacionados con las protestas.
“[El número de víctimas] es mayor –algunas personas no han denunciado las muertes por miedo; otras muertes no han sido investigadas”, dice un trabajador del tanatorio que pide no ser identificado.
Amnistía internacional ha acusado al gobierno de emplear “tácticas peligrosas e ilegales para silenciar cualquier voz en contra”, mientras que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado torturas a detenidos en instalaciones militares y han dicho que están “alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para dispersar las protestas”.
El gobierno, respaldado por Estados Unidos, ha rechazado una petición de la Organización de Estados Americanos (OEA) para enviar un delegado especial a investigar los abusos.
Las autoridades hondureñas han restado importancia a las muertes, sosteniendo que miembros de bandas criminales están detrás de las protestas.
Disparos contra manifestantes
Cuatro personas más murieron en el mismo incidente que José Ramos. La policía militar comunicó a la prensa local que dispararon contra un grupo de hombres armados, pero un vídeo grabado con el móvil por un testigo y enviado a la familia Ramos da una versión distinta de los hechos.
La grabación comienza con un pequeño grupo de jóvenes que bloquean una carretera y lanzan piedras contra una fila de gente que testigos y la prensa local han identificado como oficiales de la policía militar.
José aparece brevemente con una bandera roja del partido de la oposición, Libre, amarrada sobre sus hombros.
Es entonces cuando la policía militar abre fuego. El cámara echa a correr. José, que también había salido corriendo, cae al suelo.
En el vídeo, ninguno de los manifestantes lleva armas de fuego. José tiene claramente las manos vacías.
La fuente del tanatorio dice que de los cinco jóvenes muertos en el accidente, “prácticamente todos ellos fueron disparados en algún lugar de la parte trasera de sus cuerpos”.
Respaldados por Estados Unidos
Estados Unidos no se ha manifestado con respecto a los asesinatos, a excepción de un comunicado el 22 de diciembre pidiendo “a todos los hondureños que se abstengan de la violencia” y al Ejército que respete los derechos de los manifestantes pacíficos.
El gobierno de Trump se apresuró en felicitar a Hernández, que colaboró con Washington para contener la migración y el tráfico de drogas.
Desde 2009, Estados Unidos ha aportado a Honduras 114 millones de dólares (unos 95 millones de euros) en ayudas a la seguridad, según el think tank con sede en Washington Security Assistance Monitor.
Oficiales militares de alto rango –incluido el recién designado jefe del Estado Mayor René Ponce– han recibido amplia formación militar en Estados Unidos.
Ponce –que fue designado el 20 de diciembre en plena crisis postelectoral– tiene lazos fuertes tanto con la PMOP como con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Honduras, la Fusina, a través de la que se despliega mucha policía militar.
Cuando era jefe militar de San Pedro Sula, Ponce supervisó el entrenamiento y las operaciones de las fuerzas de la PMOP en la zona. También fue nombrado director de Fusina en el norte de Honduras.
Ponce participó en muchos cursos de formación de Estados Unidos, según informes de la prensa local, incluido un curso de antiterrorismo en la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas en la base aérea de MacDill en Florida.
Aunque Estados Unidos no financia de manera directa a la PMOP o a la Fusina, unidades asignadas a la Fusina pueden recibir fondos estadounidenses y operar junto a la PMOP.
“Estados Unidos tiene un fuerte incentivo para presionar a Hernández para que le ponga fin”, dice Adam Isacson, miembro asociado de la ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “La imagen de que Estados Unidos respalda a un candidato que masacra a la oposición no es muy buena”.
Unidades de la policía militar bajo el mando de Fusina han sido relacionados con violaciones graves de derechos humanos, incluido el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres.
Dos días después de las elecciones, el Departamento de Estado certificó que Honduras había progresado en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción, allanando el camino a que se otorguen millones en ayudas a la seguridad.
Fusina también supervisa a los abogados que llevan los casos de derechos humanos en los que hay soldados implicados. Esto preocupa a muchos activistas, preocupados por que no tenga lugar una investigación seria de la violencia postelectoral.
Miedo a pedir justicia
Familiares de algunas de las víctimas temen ser represaliados si dicen algo. Al esposo de Sandi Mancia, David Quiroz, le dispararon las fuerzas de seguridad durante una protesta el 15 de diciembre; cuando corrió a verlo al hospital, Mancia y su hijo fueron amenazados por las tropas.
“En el hospital, la policía militar hizo fotos y vídeos de mi familia y de mí. Estuvieron todo el día a ambos lados de la cama de David y amenazaron con matar a mi hijo cuando les hizo una foto”. Dos grupos pro derechos humanos y un médico de servicio en el momento confirmaron que los soldados acosaron a la familia. Quiroz murió más tarde a consecuencia de las heridas.
Las manifestaciones se han reducido durante las vacaciones, pero activistas locales dicen que las retomarán en el nuevo año, especialmente de cara a la toma de posesión de Hernández el 27 de enero.
Mariela Hernández, cuyo hermano Cristian murió tiroteado por la PMOP el 18 de diciembre, dice que otros seguirán luchando.
“Todo el país está de luto –hay tantos asesinatos y ninguna justicia–. No puedo recuperar a mi hermano, pero la resistencia seguirá. Juan Orlando no es mi presidente”.
Traducido por Marina Leiva
