Túnez lleva desde el 3 de enero sumida en protestas por todo el país contra la subida de precios e impuestos en el aniversario de las revueltas del pan de 1984 durante el régimen de Habib Bourguiba. Al igual que con las protestas actuales, las revueltas se desencadenaron por la intervención de instituciones financieras internacionales en los asuntos internos del país y el consiguiente impacto en la vida de los tunecinos, en concreto una subida del precio del pan y el grano tras adoptar un plan del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es imposible entender las últimas protestas sin comprender el papel jugado por las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI, que impuso políticas de austeridad en Túnez desde el levantamiento popular de enero de 2011. En los meses que siguieron a la revolución, los gobiernos e instituciones occidentales buscaban una forma de evitar que los países pusieran en cuestión el modelo neoliberal. La solución la encontraron en la cumbre del G8 en Deauville, Francia, en mayo de 2011.
La denominada Alianza de Deauville con los Países Árabes en Transición, una coalición de los países del G8, Turquía, los países del Golfo, el FMI y el Banco Mundial llegó a un acuerdo para abordar los procesos revolucionarios que estaban desarrollándose en países árabes.
Se ofrecieron préstamos cuantiosos a Túnez, Marruecos, Jordania, Yemen y Egipto –“países árabes en transición”– a cambio de forzar una serie de reformas institucionales neoliberales. El FMI y otras instituciones se aprovecharon de la situación inestable y de las debilidades de esos países para forzar las maniobras.
Túnez tenía poca habilidad para renegociar los términos que le estaban ofreciendo. La Alianza de Deauville era la piedra angular de las reformas económicas adoptadas en mi país durante el período de transición, pero también en otros países árabes como Marruecos, Egipto y Jordania, con el FMI como principal impulsor.
Las consecuencias de Deauville ayudan mucho a explicar las protestas que están teniendo lugar hoy. Desde 2011, la deuda externa de Túnez ha crecido de forma sustancial –el 41% del PIB en 2010 se ha convertido en 2018 en el 71%–. Desde 2017, los pagos de la deuda de Túnez se han disparado. Todos los préstamos extranjeros exigen el pago, al que hasta ahora le habían otorgado un período de gracia después de la revolución. En 2018, los pagos del servicio de la deuda alcanzarán una cifra récord del 22% del presupuesto total del país.
Túnez ha necesitado dos préstamos más del FMI en el período intermedio, en 2012 y en 2016, que vinieron con una serie de condiciones, entre ellos reducir el déficit presupuestario implementando políticas de austeridad que hicieron subir aún más los precios.
Con el segundo préstamo, el FMI ejerció más presión sobre Túnez, y en concreto en el Banco Central de Túnez para que dejara de intervenir en los mercados de divisas para defender el valor del dinar tunecino. La consecuencia de la depreciación (impuesta) del dinar ha sido aumentar las importaciones en un momento en el que las exportaciones principales (fosfatos y turismo) están en crisis y no pueden compensar estos nuevos costes.
Túnez es un país con una balanza comercial negativa, así que esta medida contribuye en gran medida a la subida de precios, aumentando los ratios de deuda pública y el pago de deuda externa.
Todo esto culminó en una nueva ley que entró en vigor a principios de enero y que desató las protestas. Para reducir el déficit presupuestario, se pidió al gobierno que redujera el gasto congelando las contrataciones y salarios, con jubilaciones anticipadas y aumentando los ingresos públicos a través de impuestos indirectos. La subida de precios se intensificó por un aumento en el IVA y en los impuestos especiales sobre el consumo –los tipos de impuestos menos progresistas, pagados por todos con independencia de los ingresos–.
Esto significa menos dinero en los bolsillos de los más pobres y de las clases medias, que cargan con todo el peso de la presión fiscal. Están sufriendo los más vulnerables de nuestra sociedad, las clases medias están empobrecidas, y la fuga de cerebros se ha acelerado con la depreciación del dinar. Está creciendo un sentimiento de injusticia, alimentado por la distribución injusta de la presión fiscal, la ausencia de un intento real de abordar el fraude y la evasión fiscal, la alta tasa de desempleo y la desigualdad de riqueza en el país.
El contexto actual para el cambio es menos favorable que en 2011, pero las protestas en aumento son una señal clara de que la situación económica es insostenible. Prestemos atención a las palabras de Warda Atig, una organizadora de las manifestaciones en Túnez: “Mientras Túnez siga con estos acuerdos con el FMI, seguiremos teniendo problemas. Creemos que el FMI y los intereses de la gente se contradicen”.
Escapar de la sumisión al FMI, que ha puesto a Túnez de rodillas y ahogado la economía, es un requisito previo antes de alcanzar cualquier cambio real.
Jihen Chandoul es cofundador del Observatorio de Economía Tunecino
Traducido por Marina Leiva