Un error de la Fuerza Aérea permitió al asesino de Texas comprar las armas
A lo largo de casi un año, Devin Kelley, el presunto autor de la matanza de la iglesia de Sutherland Springs en Texas, golpeó, pateó y estranguló a su mujer en varias ocasiones. La amenazó varias veces con sus armas. Y se confesó culpable de golpear a su hijastro tan fuerte que puso su vida en peligro (sufrió una fractura de cráneo).
En 2012, Kelley, militar destinado en la base aérea de Nuevo México, fue condenado por un tribunal militar por dos acusaciones de agresión doméstica y sentenciado a un año. La condena era lo bastante grave como para suponer la prohibición de compra de armas en el futuro, según un portavoz de la Fuerza Aérea.
Pero la oficina de investigaciones de la base aérea de Hollorman no incluyó la condena de Kelley en la base de datos nacional en la que hay que consultar los antecedentes de una persona que quiere comprar un arma, según la investigación preliminar de la Fuerza Aérea.
Kelley dejó la Fuerza Aérea en 2014 con un despido por mala conducta. Geoffrey Corn, experto en Justicia militar del South Texas College of Law, afirma que sólo por eso no era suficiente para prohibirle la compra de un arma.
Fuentes policiales dicen que Kelley compró al menos cuatro armas, dos en Colorado y dos en Texas entre los años 2014 y 2017. Kelly entró en una iglesia de Texas el domingo y mató a 26 personas, muchos de ellos niños, e hirió a 20 mientras se realizaba un oficio religioso. La víctima más joven tenía 18 meses. La mayor, 77 años.
Los agentes encontraron luego un fusil tipo AR-15 en la iglesia y dos pistolas en su coche.
Además de realizar una investigación interna, la Fuerza Aérea también pedirá que se lleve a cabo una revisión completa sobre la comunicación de delitos en el Departamento de Defensa. Lo habitual es que el Departamento comunique todos los despidos “con deshonor” en fuerzas militares a la base de datos nacional sobre compra de armas. Un informe del FBI de 2016 indica que Defensa comunicó 10.956 casos de despidos “con deshonor” al sistema de comprobación de antecedentes penales (Nics, por sus iniciales en inglés).
En la última década, tras otros casos de matanzas con armas de fuego, la base de datos Nics ha sido cuestionada por errores y ausencia de datos clave, como ocurrió con el tiroteo de Virgina Tech en 2007 y el ataque racista de 2015 en la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur.
“Ahora mismo no contamos con un sistema que funcione”, dijo el lunes en CNN el senador republicano Jeff Flake, que ha votado antes en contra de un mayor control de las armas. “Necesitamos un sistema que comparta mejor la información”.
Cuando le preguntaron en una rueda de prensa en Seúl si estudiaría ordenar un “sistema de veto extremo”, como había reclamado contra la inmigración, Donald Trump dijo que eso no habría impedido las muertes de Texas. “Si hubiéramos hecho lo que sugiere, no habría servido de nada. No iba a ayudar”, dijo.
En el consejo de guerra, Kelly se enfrentaba al principio con siete acusaciones de asalto, incluida la denuncia de que había amenazado a su mujer con armas en varias ocasiones.
Pero los fiscales militares llegaron a un acuerdo con su defensa por el que retiraron cinco de esas acusaciones, incluidas todas las relacionadas con armas de fuego, a cambio de que se confesara culpable de dos acusaciones sobre las agresiones a su mujer y su hijo, según confirmó una portavoz de la Fuerza Aérea a the Guardian.
“Retiraron esas acusaciones para conseguir una sentencia condenatoria y que la familia no tuviera que ser obligada a comparecer ante el tribunal”, dijo la portavoz.
