Furia y dolor por el peor episodio de violencia política de Perú en décadas: “Fue una masacre”

Lisbeth Candia llora desconsoladamente mientras espera en la morgue central de Cuzco a que recuperen el cadáver de su hermano Remo, el último manifestante asesinado por las fuerzas de seguridad peruanas durante el peor episodio de violencia política que ha vivido el país en décadas.

“Que no haya más muertes, que sea la última”, dice entre sollozos durante una entrevista telefónica con el periódico The Guardian. “No queremos que su muerte haya sido en vano”, dice desde la sala de espera en la mañana del jueves, mientras los forenses le hacen la autopsia al cadáver de su hermano. 

A Remo Candia, de 50 años, lo habían trasladado la noche anterior al hospital Antonio Lorena de Cuzco con una herida de bala en el abdomen. Los médicos no pudieron salvarlo. “Estaba ejerciendo su derecho a protestar y dispararon a quemarropa contra él”, dice Lisbeth. 

Su hermano era un popular líder de Urinsaya Ccollana, la comunidad campesina de habla quechua donde vive la familia en la provincia de Anta. El almuerzo del domingo fue la última ocasión en que Lisbeth lo vio con vida.

Padre de tres hijos (el más pequeño solo tiene cinco años), Remo había llevado al grupo de campesinos de su pueblo a las protestas de la capital regional de Cuzco para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte por los 41 civiles que en poco más de un mes han muerto durante los violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

17 muertos en un día

La espiral de violencia comenzó a principios de diciembre, cuando obligaron al expresidente Pedro Castillo a abandonar su cargo y lo detuvieron por rebelión tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto con el objetivo de evitar un tercer juicio político.

La vicepresidenta Boluarte heredó el cargo pero no le llevó mucho tiempo perder popularidad debido a la violencia letal desatada por la policía contra los partidarios de Castillo, lo que a su vez exacerbó la ira y provocó nuevas protestas y bloqueos.

En Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, se han vivido momentos de rabia y dolor visceral, con la ciudad sacudida por el letal estallido de violencia tras más de un mes de protestas contra el gobierno. Bajo toque de queda, la ciudad estaba sumida en la tristeza este miércoles, con miles de personas siguiendo los féretros de al menos 17 manifestantes y transeúntes muertos por heridas de bala.

Entre los fallecidos había una joven de 17 años que trabajaba como voluntaria en un refugio de animales y un estudiante de medicina de 31 años que trataba de ayudar a un manifestante herido. También se encontraron los restos de un agente de policía en un coche patrulla que había sido calcinado. Según su compañero, que tenía heridas en la cabeza, los atacó una turba.

El origen del conflicto

Candia resultó herido de muerte cuando los manifestantes trataban de asaltar el aeropuerto de Cuzco, la puerta de entrada al Machu Picchu, la principal atracción turística del país. Los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, pero los analistas creen que el verdadero origen de la ira es el cisma de décadas entre la élite política de Lima y las comunidades marginadas de indígenas y campesinos en la Amazonia y los Andes.

Muchos peruanos de las zonas rurales pensaron que habían encontrado a un líder que los representara en Castillo, un exmaestro de escuela sin experiencia política anterior. Aunque fue acusado de corrupción, de rodearse de amigotes, y de no saber gobernar, muchos se pusieron de su lado cuando se enfrentó a unos medios de comunicación hostiles y a un muy impopular Congreso de mayoría opositora.

En la pobre y mayoritariamente indígena región de Puno, cerca del 90% de la población votó por Castillo en 2021 por su promesa de ayudar a los pobres. El gobernador Richard Hancco dice que el diálogo con el Gobierno de Boluarte estaba descartado. “Para nosotros, este es un gobierno asesino, no le da ningún valor a la vida”, dice Hancco. “Es totalmente inaceptable que un gobierno provoque más de 40 muertos y no haya habido ni una sola dimisión”.

Coalición con la extrema derecha

Según Javier Torres, editor del medio regional Noticias Ser, la violencia de este lunes representa una escalada brutal incluso para los estándares de las fuerzas de seguridad peruanas. “Nuestras fuerzas de seguridad están acostumbradas a disparar contra la gente, pero creo que aquí han cruzado una línea que no se había cruzado antes. Fue una masacre, no encuentro otro término para describirla”, dice.

En opinión de Omar Coronel, profesor de Sociología y de la Pontificia Universidad Católica de Perú, el Gobierno de Boluarte ha formado una coalición tácita con poderosos legisladores de extrema derecha que presentan a los manifestantes como “terroristas”, un retroceso al conflicto interno con Sendero Luminoso de los años 80 y 90. 

El terruqueo, como lo llaman en Perú, es una práctica habitual para deshumanizar a protestantes que tienen quejas legítimas llamándolos terroristas. “La policía peruana está acostumbrada a tratar a los manifestantes como terroristas”, dice Coronel. “La lógica es que los que protestan son enemigos del Estado”.

Según Torres, la absoluta desconfianza que hay en las instituciones políticas y el clamor creciente para la dimisión de Boluarte ha hecho demasiado lejano el plan de adelantar en dos años las elecciones, para celebrarlas en 2024. “Si seguimos así, habrá protestas, seguidas de masacres, y eso no es viable”, declara.

La oficina de derechos humanos de la ONU ha exigido una investigación sobre los muertos y heridos, mientras que la Fiscalía general de Perú ha abierto una investigación por genocidio y homicidio contra Boluarte y sus principales ministros.

En la morgue de Cusco, Lisbeth Candia oscila entre la tristeza y la rabia. “¿Por qué hay que perder tantas vidas solo porque esa mujer no quiere dejar el Gobierno? Ella tiene que irse, no la queremos, queremos que pague por la muerte de mi hermano, por la muerte de tantos”, dice furiosa. “Queremos vivir en una nueva patria, donde no nos consideren como ciudadanos de segunda clase”.

Traducción de Francisco de Zárate