El nuevo gobierno de Brasil tarda poco en revertir las políticas sociales de Lula y Dilma

Solo ha pasado una semana desde que Michel Temer se convirtió en presidente interino de Brasil, pero su nuevo gobierno de centroderecha ya ha empezado a dar marcha atrás a muchas de las políticas sociales puestas en marcha por el Partido de los Trabajadores (PT) en los últimos 13 años.

Hay iniciativas en proceso para suavizar la definición de esclavitud, reducir la demarcación de las tierras indígenas, recortar los programas de construcción de viviendas y vender activos del Estado en aeropuertos, servicios públicos y el servicio de correos. Los ministros recién nombrados también están hablando de recortar el gasto en sanidad y disminuir el coste del programa contra la pobreza Bolsa Familia. Se han eliminado 4.000 empleos públicos. El ministro de Cultura se ha integrado en el de Educación.

Para el gobierno provisional y sus seguidores, estas medidas de austeridad representan una gestión fiscal sensata, ya que tratan de controlar el déficit presupuestario del Estado y recuperar la confianza de los mercados en Brasil, cuya deuda pública ha sido degradada en el último año a la valoración de bono basura. Para sus críticos, sin embargo, suponen un giro hacia una política económica neoliberal por parte de las viejas élites que echaron a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida a la espera de su juicio político en el Senado.

Renato Boschi, profesor de Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, considera que el nuevo gobierno –que no tiene mujeres ni ministros negros– no es representativo y que sus objetivos de reducción de gastos son inverosímiles. “Es un gobierno totalmente de derechas. Incluso Macri en Argentina es menos derechista que el gobierno de Temer”, valora.

El cambio de gobierno y el giro ideológico ya han provocado protestas en las calles de las grandes ciudades e incluso en el festival de cine de Cannes, donde algunos actores y directores brasileños dijeron que su país ha sufrido un golpe de Estado.

Temer ha dicho que está preparado para tomar decisiones impopulares porque no pretende presentarse a la reelección en 2018. Tiene prohibido presentarse por incumplimientos previos de la normativa electoral, y gusta tan poco que no tendría oportunidad de ganar incluso si pudiera presentarse.

“No necesito hacer gestos o acciones que lleven a una posible reelección. Incluso puedo ser, digamos, impopular, siempre que sea en beneficio del país. Para mí, eso sería suficiente”, dijo el nuevo presidente a un informativo local. Pero en el congreso es menos beligerante. Esto se hizo evidente en su aceptación aparentemente reacia de André Moura –acusado de intento de asesinato, conspiración criminal y malversación– como líder de la coalición en la cámara baja.

Temer quería ser una figura menos polémica, pero tuvo que aceptar la recomendación de un poderoso lobby de derechas controlado por el expresidente suspendido del Parlamento, Eduardo Cunha, que orquestó el juicio político a Rousseff. Como muestra del nivel al que llega el cáncer en la clase política brasileña, el propio Cunha fue destituido de su cargo por el Tribunal Supremo por obstrucción de la justicia. El jueves, se defendió ante una comisión ética del Parlamento, donde le acusan de corrupción y perjurio.

Peores condiciones para los trabajadores vulnerables

Está claro que hacen falta cambios para sacar a Brasil de su mayor recesión en décadas. Pero cómo hacerlo es algo bajo profundo debate. El nuevo ministro de Economía, Henrique Meirelles, ha dicho que puede ser necesario aumentar temporalmente los impuestos –que ya están entre los más altos del mundo– para reducir el déficit público. Otras de las prioridades que ha anunciado son la reforma del sistema de pensiones y la de la legislación laboral.

Más allá de los beneficiarios, pocos cuestionan la necesidad de cambiar las pensiones de los empleados públicos, cuyas jubilaciones están entre las más generosas del mundo. Pero los ajustes en la regulación laboral suponen el riesgo de empeorar las condiciones de los trabajadores vulnerables, en especial en la agricultura y en el procesado de alimentos. El nuevo ministro de Agricultura, Blairo Maggi –un magnate de la soja que está entre los hombres más ricos de Brasil– ha propuesto una modificación legal para sacar las “condiciones degradantes” y los “turnos agotadores” de la definición de esclavitud.

El lobby de la industria agrícola que representa Maggi también lleva tiempo trabajando para cambiar las políticas de demarcación de la tierra para que haya más territorio disponible para cultivos y ganado. Algunas de las últimas cosas que hizo Rousseff –que más allá de eso no ha destacado como defensora del medio ambiente– fue crear 56 millones de hectáreas de terreno protegido, aceptar reivindicaciones de los indígenas en otras áreas y reconocer varios quilombolos: territorios habitados por descendientes de esclavos huidos.

El equipo de Temer ha indicado que están revisando esos decretos y podrían revocarlos, junto a otras medidas implantadas poco antes de la suspensión de Rousseff, como una política de open data que habría llevado más transparencia a los datos almacenados por el Gobierno y una medida de reconocimiento oficial de los cambios de identidad de las personas transgénero.

Pocos ecologistas estaban satisfechos con Rousseff, pero algunos temen que el nuevo gobierno podría ser peor. Su mayor preocupación está en la posibilidad de que el gobierno, favorable a las empresas, acelere algunas iniciativas que ya están en trámite en el Senado para suavizar o eliminar las evaluaciones de impacto ambiental de los grandes proyectos de infraestructuras.

Fin de las alianzas con Venezuela, Bolivia o Ecuador

La radiografía no es blanca y negra. El nuevo ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, lleva tiempo comprometido con las políticas verdes. También el de Exteriores, José Serra, aprovechó su primer gran discurso para resaltar la importancia de las políticas climáticas y de la protección del Amazonas, algo que pocos de sus predecesores han priorizado.

Pero aunque Brasil pueda tener una política exterior algo más verde, también es probable que sea mucho menos roja. Serra, que ha representado dos veces a la derecha en campañas presidenciales perdedoras, dejó ver que las alianzas de Brasil con países latinoamericanos de izquierdas, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, pronto serán cosa de pasado, cuando dijo que la diplomacia reflejará los intereses de la economía brasileña y no “las preferencias ideológicas de un partido político y sus aliados extranjeros”.

Más polémicas serán probablemente las reducciones del gasto social. El ministro de Sanidad, Ricardo Barros, desencadenó una tormenta al insinuar que el Gobierno no puede permitirse la sanidad pública en sus niveles actuales y animar a la gente a contratar seguros privados. “No podremos mantener el nivel de derechos que exige la Constitución”, dijo a los periodistas locales. La pésima calidad de los hospitales lleva tiempo contradiciendo la garantía constitucional de sanidad pública, pero las declaraciones de Barros –que ya había planteado recortes en las ayudas sociales– se han interpretado como una señal de que es probable que se impongan recortes más profundos.

En su discurso inaugural, Temer prometió mantener los programas sociales y después ha asegurado que los recortes no afectarán a las personas pobres, pero sus ministros insinúan que puede no ser el caso. El ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, ha anunciado que se podría “racionalizar” el sistema de ayudas contra la pobreza Bolsa Familia para reducir su coste un 10%. El ministro de Ciudades, Bruno Araujo, ya ha abandonado un plan para construir 11.250 nuevas viviendas bajo el programa de viviendas asequibles Minha Casa Minha Vida, implantado por el gobierno del Partido de los Trabajadores.

Los conservadores no las han tenido todas consigo. Tras las protestas por el nombramiento de un gobierno de solo hombres blancos, Temer ha intentado apaciguar las críticas designando a varias mujeres para cargos menores del Gobierno y ha prometido nombrar a algunas ministras “un poco más adelante”. En la derecha, muchos están especialmente descontentos por el nombramiento de Flávia Piovesan como secretaria de Derechos Humanos porque creen que defiende el aborto.

Pero en general los que defienden el liberalismo económico están encantados con esta primera semana. “El gobierno de Temer está mostrando buenas iniciativas en el área económica, con la reducción del aparato público y una racionalización de los problemas fiscales y monetarios”, valora el director del Instituto Liberal, Bernardo Santoro. “Lo mejor que ha hecho este gobierno es recortar 4.000 empleos convocados y nombrar a Meirelles ministro de Economía. Es una elección excelente y alguien comprometido con los ajustes”.

En la izquierda y en los movimientos sociales, hay consternación. “Lo que vemos que está ocurriendo en muchos sentidos es un paso atrás generalizado, en derechos que se han ganado últimamente”, señala la conocida activista feminista Maynara Fanucci. “Por desgracia, notaremos los efectos de este gobierno a largo plazo, y quienes más lo sentirán son quienes ya tienen pocos derechos y las condiciones más pobres”.

Con información adicional de Shanna Hanbury

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo