El Gobierno británico, al banquillo por su cooperación con Gadafi para detener y torturar a un disidente

El exministro laborista de Exteriores Jack Straw, el servicio de inteligencia MI6 y el Gobierno británico tendrán que defenderse en los tribunales de las denuncias sobre su participación en 2004 en el secuestro de un disidente libio y de su esposa, según ha fallado el Tribunal Supremo de Reino Unido.

Abdel Hakim Belhaj y su esposa fueron secuestrados en Bangkok y trasladados por la CIA a los centros libios de detención y tortura gracias, en parte, a la inteligencia británica y su cooperación con las autoridades libias.

El fallo, decidido por unanimidad por los siete jueces, concluye que las graves acusaciones pueden haber violado los derechos consagrados en la Carta Magna y deben someterse a juicio ante un tribunal británico.

En una serie de sentencias relacionadas, el tribunal británico de más alta instancia ha decidido que los agentes diplomáticos no pueden acogerse a la “inmunidad de Estado” o eludir ser juzgados amparándose en la doctrina legal de “actos de Estado en el extranjero”.

Sin embargo, los jueces han fallado a favor del Gobierno en otros casos relacionados de detención en el extranjero iniciados por un pakistaní, Yunus Ramatullah, y un afgano, Serdar Mohammed, en los que se ha concluido que las demandas basadas en la legislación iraquí o afgana pueden ser rechazadas dado el principio de “acto de la corona”.

Descartando los argumentos del Gobierno en el caso Belhaj ante el Tribunal Supremo, el juez Lord Mance afirmó que la utilización de la tortura “ha sido considerada desde siempre por la ley británica como algo abominable”, dado que los individuos deben ser protegidos del maltrato físico deliberado cuando están en custodia. “El asunto fundamental en mi punto de vista es la naturaleza y seriedad de las acusaciones... independientemente de que esta actuación haya sido autorizada al más alto nivel”, añadió.

Citando la Carta Magna, Mance indicó: “Ninguna persona libre será detenida, encarcelada o desposeída de sus libertades proscrita o exiliada o en cualquier modo destruida, excepto mediante una sentencia legal de sus pares o por las leyes del país”.

Intereses “subyacentes”

Mance añadió que la carta que Sir Mark Allen, entonces director de la unidad antiterrorista del MI6, envió al jefe de inteligencia de Muammar Gadafi, Moussa Koussa, da una “pista de las razones subyacentes” por las que Reino Unido podría haber dado el soplo que llevó a la captura de la pareja.

Otro de los jueces, Lord Sumption, señaló que el comportamiento de otros gobiernos involucrados fueron “actos soberanos”, y que si EEUU, Malasia, Tailandia y Libia estuviesen siendo denunciados, hubiesen gozado de inmunidad. “Sin embargo, no han sido denunciados. Solo lo han sido el Gobierno y los agentes británicos”. Por tanto se debe permitir a Belhaj y a su esposa, Fátima Bouchar, tomar acciones contra el Gobierno.

Belhaj y Bouchar fueron secuestrados en Bangkok en marzo de 2004 y trasladados por la CIA de Bangkok a los centros de interrogatorio y tortura de Gadafi en Tripoli. Dos semanas después, Tony Blair hizo su primera visita al país, aceptando a Gadafi con los brazos abiertos y declarando que Libia había reconocido “una causa común con Reino Unido en la lucha contra el extremismo y terrorismo de al Qaeda”. Al mismo tiempo, en Londres, el gigante petrolero Shell (germano-británico) anunciaba la firma de un acuerdo de 125 millones de euros por los derechos para llevar a cabo exploraciones gasísticas en la costa libia.

Tres días después, otro disidente libio, Sami al Saadi, fue embarcado a bordo de un avión en Hong Kong y llevado a Trípoli en lo que fue una operación de entrega conjunta entre Reino Unido y Libia. La esposa de Saadi y cuatro hijos fueron también secuestrados y llevados a Libia. La más joven era una niña de seis años. La familia fue encarcelada: Saadi y Belhaj fueron retenidos durante más de seis años y ambos afirman que fueron torturados a lo largo de todo ese tiempo.

Las pruebas de la participación del MI6 en el sufrimiento de los libios se trató en la correspondencia con Allen que se encontró dentro de la oficina abandonada de Koussa, el ministro de Exteriores de Gadafi y exdirector de inteligencia, tras la caída del régimen.

Entre los documentos encontrados había un fax firmado por Allen, entonces director de la unidad antiterrorista, en el que dejaba claro que la agencia había proporcionado la inteligencia que hizo posible localizar y detener al matrimonio.

El pasado julio, la Fiscalía de la Corona decidió que las pruebas para juzgar a Allen eran insuficientes, a pesar de concluir que había estado en contacto con Libia y Estados Unidos y de que “había buscado autoridad política para algunas de sus acciones”.

No a la compensación económica sin disculpa

“Hace años pedí al Gobierno británico una disculpa por lo que había hecho. Siempre he dicho que estaba dispuesto a perdonar, pero primero Gran Bretaña tenía que aceptar que secuestrarme a mí y a mi esposa y enviarnos a Gadafi no es, y nunca fue, lo correcto”, declaró Belhaj después de conocer la sentencia del Supremo.

“El Gobierno rechazó esta petición de justicia, por lo que me gratifica saber que se celebrará un juicio. Hemos estado esperando justicia durante años y sigo esperando que la justicia llegue algún día, no solo para mi familia, sino para todos aquellos secuestrados erróneamente en la guerra contra el terror”.

Belhaj fue el comandante del Grupo Islamista Libio de Combate (LIFG), declarado organización terrorista vinculada a al Qaeda por la ONU. A finales de los 90, debido a la represión, Belhaj y su grupo huyeron a Afganistán. Fue en ese momento cuando Gadafi emitió una orden de arresto por supuestos vínculos con al Qaeda, los cuales él siempre ha negado.

Saadi y su familia sellaron la disputa en 2012 al recibir una compensación de 2,5 millones de euros del Gobierno británico. Sin embargo, Belhaj y Boucher se han negado a cerrar el asunto a menos de que reciban una disculpa del Gobierno. Reino Unido se ha negado a pedir disculpas, ya que supondría un reconocimiento de la participación en graves abusos de derechos humanos.

Ministro de Exteriores: “Nunca fui cómplice”

“Esta sentencia hace referencia a algunos puntos de derecho muy importantes, especialmente sobre hasta qué punto es posible llevar ante un juez británico acciones de Estados soberanos en el extranjero”, ha dicho Straw.

“Sin embargo, hasta ahora no se ha estudiado el caso del demandante ante ningún tribunal. Eso solo puede ocurrir cuando se celebre el juicio sobre estas acciones. Repito lo que dije en la Cámara de los Comunes en diciembre de 2013: que como ministro de Exteriores actué en todo momento de un modo absolutamente consistente con mis deberes legales y con el derecho nacional e internacional. Nunca fui cómplice en la entrega o detención ilegal de nadie por parte de otros Estados”, ha añadido Straw.

Sapna Malik, del bufete Leigh Day, que representa a Belhaj, ha afirmado: “El Tribunal Supremo ha fallado rotundamente a favor del Estado de derecho, contra las violaciones de derechos fundamentales reconocidos en la legislación británica y el derecho anglosajón. Los acusados británicos supuestamente han sido cómplices en estas violaciones”.

“Los jueces han declarado claramente que los tribunales de Reino Unido se deben pronunciar en estos casos, que pueden implicar críticas al comportamiento de Estados extranjeros, incluso cuando ese Estado sea Estados Unidos. Esperamos que los acusados estén dispuestos ahora a pedir disculpas a nuestros clientes y a reconocer los errores, de modo que así puedan pasar página en este desgraciado capítulo y superarlo”, ha añadido Malik.

El Ministerio de Exteriores se ha negado a explicar como pretende solucionar el caso Belhaj. “El Gobierno toma nota de la sentencia del Tribunal Supremo, pero sería inapropiado comentar más sobre este caso dado los procesos legales en marcha”, ha señalado uno de los portavoces.

Por su parte, el experto Mads Andenas, que intervino en el caso Belhaj como presidente del grupo de trabajo de la ONU en detenciones arbitrarias ha señalado que “la sorprendente sentencia sobre la doctrina del llamado acto de Estado en el extranjero será seguida internacionalmente. Los Estados inventan este tipo de doctrinas continuamente y tienen que ser rechazadas de forma resulta como lo ha hecho el Tribunal Supremo”.

Otros casos pendientes en Afganistán e Irak

Sobre los casos iniciados por otros dos denunciantes, Serdar Mohammed y Abd Ali Hameed Ali al Waheed, el Gobierno ganó su argumento sobre la obligación de Reino Unido de luchar contra el terrorismo bajo una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en 2003 y su prevalencia sobre las protecciones establecidas en el Artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual garantizó el derecho a la libertad.

“El Tribunal ha decidido que la captura y detención de combatientes enemigos no es consistente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La captura y detención de fuerzas hostiles es un aspecto necesario para llevar a cabo operaciones militares legales”, señaló el juez Sumption a la hora de dictar sentencia.

Las tropas británicas capturaron a Serdar Mohammed, un supuesto líder talibán, en la provincia de Helmand, Afganistán, en abril de 2010, y lo retuvieron para interrogarlo hasta julio, aunque el reglamento fijó su traspaso en 96 horas. Fue entonces entregado a las autoridades afganas, que lo retuvieron por cuatro años más. Mohammed busca una compensación por daños y perjuicios bajo la ley de Derechos Humanos, alegando violaciones de la Convenio Europea de Derechos Humanos.

Por otro lado, las fuerzas armadas británicas capturaron a Abd Ali Hameed Ali al Waheed, ciudadano iraquí, en Basora en febrero de 2007 y lo mantuvieron retenido hasta finales del siguiente mes. Su caso está entre los varios centenares presentados ante el tribunal de alta instancia británico en el que civiles iraquíes han buscado compensaciones por daños y perjuicios por sus supuestas detenciones ilegales y, en algunas ocasiones, maltrato a manos de las fuerzas británicas.

“Siempre hemos dejado claro que nuestras tropas hicieron lo correcto al detener a Serdar Mohammed, un comandante talibán involucrado en la producción de explosivos, por lo que celebramos la sentencia de hoy. Es fundamental que nuestras tropas tengan la capacidad de detener a fuerzas enemigas”, ha señalado un portavoz del Ministerio de Defensa.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti