A las diez de la noche del miércoles fue atacado el hospital de Al Quds en Alepo, en el norte de Siria. Tras un ataque aéreo, el hospital de 34 camas, que contaba con sala de urgencias, unidad de terapia intensiva, quirófano, y era el principal centro de referencia de la ciudad para atención pediátrica, fue completamente destruido.
En medio del polvo y la oscuridad, los pacientes y los miembros del personal que lograron sobrevivir comenzaron a rescatar, con la ayuda de voluntarios, a los que habían quedado atrapados bajo los escombros.
Ocho médicos trabajaban a tiempo completo en el hospital; dos de ellos estaban entre los 14 muertos ya confirmados. Su compromiso y dedicación para prestar atención médica a las personas necesitadas llegó al sacrificio final.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. De Afganistán a República Centroafricana, de Sudán del Sur a Yemen y Ucrania, ambulancias, hospitales y centros de salud han sido bombardeados, saqueados, incendiados o destruidos. A raíz de esos ataques, numerosos pacientes murieron estando hospitalizados, y otros tantos trabajadores de la salud sufrieron ataques mientras socorrían a los heridos.
Está generándose una peligrosa tolerancia, y esos ataques comienzan a ser vistos como la norma. Forman parte de la complejidad de los conflictos armados actuales, en los que tanto la población como las infraestructuras civiles son objeto de ataques: mercados, escuelas, viviendas e instalaciones de salud están volviéndose objetivos válidos.
Entre 2012 y 2014, en solo 11 países, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 2.400 ataques contra miembros del personal de salud, pacientes, instalaciones y medios de transporte sanitarios. La amplia mayoría de esos ataques se dirigieron contra instalaciones y personal de salud. Los efectos indirectos para las comunidades son devastadores.
Por ejemplo, en la región de Nilo Superior, en Sudán del Sur, una descarga de cohetes cayó cerca de un hospital una mañana de julio. Las metrallas pulverizaron las paredes color beige y la valla azul, y barrieron a quienes estaban fuera del edificio.
Un paciente, un niño de doce años y una niña de tres murieron instantáneamente. En el transcurso de los días siguientes, más de 20 personas morirían a causa de las heridas, incluida la madre de la pequeña.
A medida que los enfrentamientos fueron intensificándose, el personal del hospital, los pacientes y los civiles huyeron. De un momento al otro, una zona donde se atendían unas 75.000 personas se quedó sin una instalación médica esencial. Como consecuencia, muchas otras personas morirían.
En 2015, 65 hospitales gestionados por Médicos Sin Fronteras (MSF) o apoyados por esta institución sufrieron 106 bombardeos y ataques con morteros como estos. Se perdieron incontables vidas y material médico.
En septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que 654 trabajadores de la salud habían muerto desde el comienzo del conflicto en Siria y que casi el 60% de los hospitales funcionaba parcialmente o estaba fuera de servicio.
En cierto sentido, esas estadísticas solo nos hacen un flaco favor ya que no dejan ver las tragedias individuales de las personas atrapadas en los conflictos. Hombres, mujeres y niños, que en general tienen necesidades acuciantes, ven sus vidas destruidas por los conflictos. Y el último lugar adonde pueden pedir ayuda –el hospital– se convierte también en objeto de ataques.
¿Quiénes han perpetrado esos ataques? Casi todos. Fuerzas armadas, grupos armados, sí, incluso Gobiernos que integran las Naciones Unidas.
Sistemáticos y deliberados
Seamos claros. No siempre se trata de daños colaterales. A veces son sistemáticos, planificados o deliberados. También son ilegales. Un ataque contra un centro de salud, así sea intencional o accidental, es un ataque contra el derecho humanitario.
Somos testigos de un ataque sostenido contra la prestación de asistencia de salud en conflictos armados, así como de una falta total de respeto por esa actividad.
Conforme al derecho internacional humanitario y sus principios, el personal de salud debe poder prestar atención médica a todos los heridos y los enfermos, independientemente de su pertenencia política o de otra índole, y así sean combatientes o no. Además, en ninguna circunstancia se lo debe castigar por prestar atención médica de conformidad con la ética médica. El médico de nuestro enemigo no es nuestro enemigo.
Pero nos hallamos ante infracciones de esas normas fundamentales que tienen graves consecuencias humanitarias para comunidades enteras y sistemas de salud que ya están exigidos al máximo. Y esta no es solo la opinión de MSF y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La Asociación Médica Mundial, el Comité Internacional de Medicina Militar, el Consejo Internacional de Enfermería, la Federación Farmacéutica Internacional, la Federación Internacional de Hospitales, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y la Confederación Mundial de Terapia Física, organizaciones que representan a más de treinta millones de profesionales de la salud, coinciden en que se necesitan mayores esfuerzos para respetar la inviolabilidad de la asistencia de salud.
Por ello nosotros, como presidentes de MSF y del CICR, apoyamos la propuesta de una resolución histórica de la ONU destinada a proteger la asistencia de salud. Pero instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que haga efectiva la resolución. Para ello, la resolución debe adoptarse en los siguientes términos.
En primer lugar, debe transmitir un mensaje político contundente acerca de la necesidad de proteger la asistencia de salud. Todas las partes en conflictos armados deben cumplir cabalmente las obligaciones que tienen en virtud del derecho internacional, incluido el derecho humanitario. Y deben afirmar con claridad su respeto de la prestación de asistencia médica imparcial en tiempo de conflicto armado.
En segundo lugar, debe instar a los Estados y a todas las partes que intervienen en conflictos armados a que adopten medidas eficaces para prevenir la violencia contra el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios. Según corresponda, los Estados deben reforzar su legislación, incluso mediante la supresión de restricciones y sanciones que impidan la atención médica imparcial en tiempo de guerra.
La protección jurídica de los pacientes, el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios en el ámbito nacional debe afirmar sin ambigüedades la inviolabilidad de la asistencia de salud en tiempo de conflicto, aun cuando se considere que los pacientes o el personal de salud son el enemigo. Se la debe mejorar para garantizar el debido respeto de la neutralidad de la atención médica durante las operaciones militares y de seguridad. Es necesario recoger datos precisos e intercambiar buenas prácticas.
Las fuerzas armadas y todas las partes en conflicto deben adoptar medidas prácticas para la protección de los heridos y los enfermos, así como de todos los que realicen labores médicas. Esas medidas deben incorporarse en las instrucciones, las reglas de enfrentamiento, los procedimientos operativos estándar y el entrenamiento.
En tercer lugar, debe reconocer que, cuando se cometen ataques contra instalaciones y personal de salud, es preciso realizar investigaciones exhaustivas, inmediatas, imparciales e independientes para determinar lo ocurrido. No es posible que solo las víctimas o los autores de los ataques intenten determinar los hechos. Además, los incidentes deben informarse con regularidad y formalidad al más alto nivel y mantenerse un debate anual al respecto en el Consejo de Seguridad.
El factor que sustenta todas esas medidas debe ser la aceptación de que siempre prevalecen las necesidades médicas de las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o a qué lado apoyen o pertenezcan.
El personal médico está presente en zonas de conflicto para atender a los heridos y los enfermos, en función de las necesidades. Y solo de las necesidades. Este es el principio básico de imparcialidad y el fundamento de la ética médica. Por el mero hecho de atender a los pacientes sobre la base de sus necesidades y no participar en las hostilidades, el personal de salud puede reclamar protección en virtud del derecho internacional humanitario.
La resolución de la ONU ofrece una oportunidad. Una oportunidad de trazar una línea en la arena y evitar ataques como el que tuvo lugar en Alepo hace dos días. Los Estados tienen la responsabilidad moral y jurídica de actuar y proteger a las personas atrapadas en conflictos armados. Y el momento de actuar es ahora.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Guardian