Para reducir el número de niños que trabajan (y muy a menudo mueren) en la extracción de mica, India anunció que legalizará la actividad en torno al brillante mineral usado en sombras de ojos y pintura para coches.
El anuncio llega casi un año después de una serie de artículos de investigación sobre la mica publicados por the Guardian en los que se mostraba cómo la enorme pobreza obliga a muchas familias con hijos a extraer el preciado mineral: se cree que hay unos 20.000 niños trabajando en las minas, que en un 90% son ilegales.
Según una investigación posterior de la Fundación Thomson Reuters, en tan solo dos meses al menos siete niños habían muerto mientras buscaban mica en minas ilegales. Los activistas alabaron la decisión de legalizar la extracción de mica pero lanzaron una advertencia: debido a los altos niveles de pobreza, difícilmente la medida podrá terminar con el trabajo infantil.
Jharkhand y Bihar, dos estados del este de la India, representan casi el 25% de la producción mundial de mica, usada en la construcción, la industria automovilística y la de los cosméticos. Conocidas marcas de lujo como L’Oréal, Estée Lauder, Rimmel, Merck, BMW, Vauxhall y Audi han sido relacionadas con las minas de mica de India.
Entrevistado por la agencia Reuters, el inspector de minas en Jharkhand, Aboobacker Siddique, dijo que las autoridades se ocuparían primero de las minas abandonadas y de los vertederos con restos de mica donde los niños buscan el mineral junto a sus familias. Luego, el gobierno subastará las minas abandonadas y otras reservas naturales para mantener alejados a niños y familias.
Pero... ¿qué pasará con los niños?
Según Siddique, “la gente estaba llevándose esos restos de forma ilegal, los juntaban y los vendían. Para terminar con esto, decidimos eliminar los vertederos de restos de mica subastándolos”. De acuerdo con Siddique, hasta ahora se han identificado aproximadamente unos 100 vertederos de mica para ser subastados. Una vez que se vendan, las minas “fantasma” y las reservas de mica frescas serán subastadas.
Pero no queda claro qué sucederá con los niños y sus familias cuando se agote esta fuente de ingresos. En una reciente investigación del Departamento de Trabajo de Jharkhand, se descubrió que la extracción ilegal de mica era el principal sustento de muchas familias. También, que varias personas habían muerto mientras lo hacían debido al derrumbe de las minas.
Los que conocen la industria elogiaron la legalización, pero también advirtieron sobre el escaso alcance de la medida. Según Peter Bengtsen, que investigó las cadenas de suministro de mica en un informe para DanWatchen en 2015, “es una medida positiva pero solo con legalizar las minas ilegales no se termina automáticamente con el trabajo infantil, las muertes de los niños o la servidumbre por deuda. Las familias que extraen mica son pobres y no tienen dinero para enviar a sus hijos a la escuela o no les parece beneficioso, así que los niños seguirán trabajando por pagas extremadamente bajas”.
Según Aidan McQuade, director de la organización Anti-Slavery International, ahora será responsabilidad del gobierno de India “garantizar que la ley sea implementada adecuadamente y que su impacto garantice trabajo digno con la mica y signifique el fin de la explotación de niños y adultos vulnerables”.
Según Terre des Hommes Netherlands, una organización que ha investigado exhaustivamente la extracción de mica en India, el efecto de la legislación dependerá de las compañías que gestionen las minas.
Para el defensor de los derechos del niño, Aysel Sabahoglu, “si los adultos ganan salarios justos y pueden trabajar en condiciones dignas (seguras y saludables), entonces tendrán la capacidad de mejorar sus vidas y enviar a sus hijos a la escuela en lugar de llevarlos a las minas”. “A veces, las compañías extranjeras compran un área, se traen a su propia gente, construyen sus propios pueblos, y la mayoría del dinero que ganan sale del país. En una situación así, la comunidad local puede, en el mejor de los casos, beneficiarse de la nueva infraestructura. Pero si la parte compradora se viera obligada a invertir socialmente, la comunidad local podría beneficiarse realmente de la legalización”, concluye.
Traducido por Francisco de Zárate