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El delito de adulterio será historia en India: la lucha por la igualdad de género a golpe de sentencias

Michael Safi

Delhi —

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El Tribunal Supremo de India ha dictaminado que el adulterio ya no es un delito. Añade que la ley colonial es inconstitucional y discriminatoria contra las mujeres. Un tribunal de cinco jueces del Tribunal Supremo dijo de forma unánime que el delito penal de tener una relación sexual con una mujer sin el consentimiento de su marido era arcaico y privaba a las mujeres del poder.

Quienes presentaron el caso intentaron que la sección 497 del Código Penal indio fuera neutral desde un punto de vista de género. Pero el tribunal dijo que la ley, que supone penas de hasta cinco años de cárcel, es arbitraria y tiene que ser derogada.

“Ya es hora de decir que el marido no es el amo de nadie”, dijo el presidente del alto tribunal. “La soberanía legal de un sexo sobre el otro es errónea”. “La sociedad tiene dos conjuntos de normas para juzgar la moralidad de hombres y mujeres”, añade otro juez, Dhananjaya Chandrachud. “La ley tiene prejuicios de género, da una voz desigual a las parejas”.

Esta decisión es uno de los varios casos que ha valorado este tribunal y que se consideran progresistas. A principios de este mes, los jueces decidieron despenalizar la homosexualidad y pronto decidirán sobre un caso para determinar si se puede restringir la entrada de las mujeres en edad de menstruar al célebre templo Sabarimala del estado de Kerala.

Al igual que la decisión de legalizar la homosexualidad, algunos defensores de la ley contra el adulterio consideran que la decisión tomada este jueves es algo así como un acto de descolonización del código penal del país de la era Raj.

“Doy la bienvenida a este fallo del Tribunal Supremo”, dice Rekha Sharma, directora de la Comisión Nacional de la Mujer de India. “Era una ley anticuada, que debería haber sido eliminada hace mucho tiempo. Esta es una ley de la era británica. Aunque los británicos la habían eliminado hace mucho tiempo, nosotras seguíamos atrapadas en ella”.

Los abogados del Gobierno central se habían opuesto a la derogación de la ley, sosteniendo que eliminar las sanciones contra el adulterio “daría lugar a la relajación de los vínculos matrimoniales”. La ley había sobrevivido a tres impugnaciones judiciales anteriores, la más reciente de 1988.

El mismo tribunal está trabajando ahora en la legalidad de otra ley que hace una excepción para la agresión sexual si el perpetrador y la víctima están casados. El Gobierno, así como varios grupos de defensa de los derechos de los hombres, han presentado peticiones contra la supresión de la excepción del matrimonio.