Mientras la capa de niebla matutina se evapora en las afueras de Fort Yates, un grupo de voluntarios hace cola en el interior de un edificio amarillo anodino, decorado con carteles en los que se puede leer: Standing Rock votará. Todos los lugareños saben de la existencia de esta oficina. Existe desde hace décadas y es propiedad de la jefatura de la tribu de la reserva. Sin embargo, es probable que no dispongan de la siguiente información: la dirección exacta.
Hasta no hace mucho esto no tenía ninguna importancia. En la reserva, muchos inmuebles, desde edificios gubernamentales a casas pequeñas, carecen de dirección formal. De hecho, los miembros de la tribu sioux Lakota que viven en Standing Rock, como los nativos americanos de otras cuatro reservas en Dakota del Norte, saben dónde viven los miembros de su comunidad, sin necesidad de tener una dirección exacta. La mayoría de ellos utiliza un apartado de correos para recoger la correspondencia. Durante años, miles de personas han utilizado sus apartados de correos al registrar documentos de identificación oficiales.
Sin embargo, ahora, cuando solo faltan dos semanas para que en Estados Unidos se celebren unas elecciones legislativas que son clave, la falta de una dirección formal se ha convertido en un problema burocrático que podría cambiar el resultado de una campaña crucial.
Después de que el Tribunal Supremo se pronunciara a principios de mes a favor de la ley de votantes, los nuevos requisitos legales entrarán en vigor en noviembre. Según la nueva ley, para poder depositar su voto en la urna, primero los votantes deberán mostrar un documento de identidad que incluya su dirección. Esta ley, auspiciada por el Partido Republicano, se interpreta como una acción deliberada para que la comunidad indígena no pueda votar.
“Tramitaron la ley sin pedir nuestra opinión en ningún momento”, indica Danielle Ta’Sheena Finn, directora de asuntos externos de Standing Rock: “Nunca nos invitaron para que pudiéramos expresar nuestras preocupaciones o preguntar. Lo hicieron prácticamente a escondidas, con lo cual queda claro qué pretenden conseguir”.
En el interior del edificio amarillo, el pequeño ejército de voluntarios, convocado por una coalición de grupos indígenas para la defensa de los derechos civiles, tiene el firme propósito de contraatacar. Planean llamar a todas las puertas del lado norte de esta gran reserva, que se extiende por los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, y llevar a los habitantes en autobús al único edificio gubernamental que expide nuevos documentos de identificación tribal hasta que toda la población de Standing Rock tenga la documentación que le permita votar.
Un proceso complicado
Se trata de una tarea de gran envergadura. En esta extensa zona viven unos 3.000 votantes, en comunidades repartidas a lo largo y ancho de una extensión de unos 3.000 kilómetros cuadrados.
Alva Cottonwood-Gabe está sentada en la oficina, con el documento de identidad [sin dirección] que ha utilizado hasta ahora. Caducó hace muchos años pero esta mujer de 57 años, que vive con una ayuda [cupones para alimentos] de unos 340 euros al mes y otros subsidios del Gobierno, no podía pagar los cinco dólares que cuesta renovarlo. “Mantengo a cuatro nietos y tengo otros gastos en casa”, explica.
Tras el fallo del Tribunal Supremo, los gobiernos tribales de todas las reservas han decidido renovar los documentos de identidad sin coste alguno para los ciudadanos y han asumido el coste del trámite. Cottonwood-Gabe fue una de las primeras en llegar en autobús para recoger su nuevo documento de identidad, que blandió sobre su cabeza, un pequeño símbolo de victoria. Es idéntico a su documento de identidad anterior, salvo que ahora incluye su dirección: 568 Sioux Avenue.
A la mujer, todos los trámites, y el farragoso proceso, que incluyó rellenar tres formularios y hacer cola en la oficina federal, le sirvieron como recordatorio de lo que, para ella, es el objetivo final de la nueva ley.
“Están tratando de evitar que votemos porque no quieren oír nuestra voz y nuestras opiniones”, indica: “Pero votar es muy importante, no solo para mí, sino también para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos”.
Madre de 13 hijos y abuela de 20 nietos, Cottonwood-Gabe participó activamente en las protestas por la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que logró captar la atención internacional en 2016. En los enfrentamientos con la policía, fue atacada en tres ocasiones con gases lacrimógenos. Los agentes también utilizaron dispositivos acústicos de largo alcance [cañones de sonido antidusturbios] y la mujer ha quedado parcialmente sorda.
Siempre ha vivido en Standing Rock y desde 1984 ha votado en todos los comicios. En las elecciones legislativas de noviembre, su prioridad es la protección del medio ambiente.
El importante escaño de Dakota del Norte
La batalla para conseguir el escaño de Dakota del Norte es una de las más determinantes en estas elecciones legislativas. La actual senadora demócrata, Heidi Heitkamp, se enfrenta al congresista republicano Kevin Cramer en una votación que podría decidirse por sólo unos pocos miles de votos. Si los demócratas no consiguen el escaño, será casi imposible que tengan el control sobre el Senado. Según los sondeos, Heitkamp, que votó en contra del polémico candidato de Donald Trump para magistrado del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, parte de desventaja.
De hecho, en 2012 ganó por un margen de menos de 3.000 votos. Es por este motivo que las comunidades indígenas, que representan el 5% de la población del estado y tienden a votar demócrata, se han convertido en un grupo decisivo.
Prácticamente después de su victoria, los republicanos impulsaron la ley para cambiar los requisitos del documento de identidad. Tras algunos fallos judiciales que en un inicio la dejaron sin efecto, y tras la decisión del Supremo, ya habrá entrado en vigor cuando se celebren las elecciones legislativas.
Cramer, un ultraconservador, ha argumentado, como otros republicanos del estado, que la ley es indispensable para luchar contra el fraude electoral. En un debate celebrado la semana pasada indicó que no discriminaba a ninguna comunidad y acusó a los que critican la ley de estar jugando la carta de “políticas identitarias”.
La historia nos demuestra que la realidad es muy diferente.
En las últimas décadas, Dakota del Norte, el único estado del país que no exige a los ciudadanos que se registren antes de votar, solo ha tenido un caso de fraude electoral. Según el consejo tribal de Standing Rock, en el condado Sioux nunca se ha dado un caso de fraude electoral.
Para algunos, la nueva ley es un recordatorio del pasado racista del estado, cuando se impidió a las comunidades indígenas que pudieran votar. En el siglo XX, la constitución de Dakota del Norte otorgó el derecho de voto solo a “las personas civilizadas con antepasados indios” que ya no mantenían vínculos con el gobierno de la tribu. Como las leyes Jim Crow de los estados sureños, la discriminación se acabó formalmente con la ley de derecho de voto de 1965; un logro determinante para el movimiento a favor de los derechos civiles.
La decisión del Tribunal Supremo de 2013 terminó con disposiciones clave de esa ley y el derecho de voto de minorías como las comunidades indígenas se ha visto amenazado.
Desde lo alto de una colina con vistas a Fort Yates, mientras el viento arrastra las hojas de otoño, Chase Iron Eyes contempla el hogar donde creció. “A lo largo de la historia, no hemos sido respetados como seres humanos ni se ha respetado nuestro derecho a la participación ciudadana en una democracia”, señala.
“El Gobierno nunca necesitó nuestra dirección para venir hasta nuestros hogares y mandar a nuestros hijos a un internado. Tampoco necesitó una dirección cuando consideró que nuestros jóvenes se tenían que alistar en el ejército. Ahora necesitan nuestra dirección para que nosotros podamos reivindicar uno de los derechos más básicos en una democracia representativa”.
La movilización de los votantes
Como muchas otras personas que reivindican su derecho a voto, Iron Eyes, un destacado activista y excandidato demócrata al Congreso espera que las trabas legales solo sirvan para movilizar a los votantes. Sin embargo, es consciente del reto que plantea este nuevo inconveniente burocrático en un territorio azotado por la epidemia de la adicción y que tiene unas tasas de desempleo que superan el 60%.
“Cada vez que se celebran elecciones tenemos que hacer un esfuerzo monumental y organizarnos para que a los miembros de nuestra comunidad, personas que se sienten desencantadas, oprimidas y marginadas, les importe su destino. Es difícil”.
The Guardian siguió durante dos días a los voluntarios que llamaban puerta a puerta a los miembros de la comunidad para convencerlos de que renovaran su documento de identidad. Decenas de ellos les indicaron que ya lo habían hecho. Sin embargo, los activistas se quedaron preocupados por varios incidentes que muestran que los requisitos para obtener el nuevo documento y poder votar son muy estrictos.
La solicitud se tiene que rellenar con un bolígrafo de tinta azul. Los funcionarios han rechazado solicitudes que habían sido rellenadas con un bolígrafo de color negro o verde. A un miembro de Standing Rock, Dale Ramsey, le denegaron la solicitud porque en otro documento había hecho constar una dirección distinta (durante un tiempo no tuvo hogar y dio la dirección del refugio donde se estaba quedando). De momento, no podrá votar.
A la tribu también le preocupa el hecho de que el día de la jornada electoral dos de los cinco colegios electorales de la reserva no abrirán hasta el mediodía; los otros tres estarán abiertos a partir de las nueve de la mañana.
Los voluntarios han pedido a los votantes que vayan a votar antes de la jornada electoral y lo hagan en el juzgado del condado. Para ello, deben tramitar una solicitud de voto ausente y entregarla junto con la papeleta de voto. Sin embargo, lo cierto esas oficinas también estarán saturadas porque tienen que atender otras tareas municipales.
En el lejano asentamiento de Selfridge, Honorata Defender, una mujer de 34 años, llama puerta a puerta junto con otros tres voluntarios. En una polvorienta calle, James Cowry, un hombre de 81 años, abre la puerta, sorprendido por la visita.
Hace treinta años que vive en la misma casa y nunca ha tenido una dirección formal. Los voluntarios le aconsejan que llame al 911 para que le proporcionen toda la información necesaria para votar. Sin embargo, él todavía no sabe si votará.
“No me identifico con ninguno de los candidatos”, reconoce. Defender le promete que volverá en una semana y conducirá 50 kilómetros para recoger su documento de identificación. “Cada voto cuenta”, puntualiza: “Haré todo lo que sea necesario para ayudarte”.
Traducido por Emma Reverter