Israel eleva su desafío a la Justicia internacional con su guerra del hambre en Gaza

Las acusaciones de la ONU y otros organismos humanitarios contra Israel de estar cometiendo un posible crimen de guerra por matar deliberadamente de hambre a la población de Gaza puede aumentar de manera significativa la posibilidad de que el país incurra en responsabilidades legales, incluso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Israel ya se enfrenta a una demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, que el pasado mes de enero emitió una serie de “órdenes de emergencia” para proteger a los palestinos de Gaza, entre las que exige a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a la población de la Franja.

La CIJ dictó la semana pasada nuevas medidas provisionales “en vista del empeoramiento de las condiciones de vida de los palestinos en Gaza, en particular la propagación de la hambruna y la inanición”, exigiendo a Israel que tome “todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar (...) la prestación sin trabas y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan urgentemente” los gazatíes.

Hambruna “provocada”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están supuestamente contratando a docenas de abogados para defenderse ante posibles casos y desafíos legales, mientras la acusación de que Israel es responsable de una “hambruna provocada por el hombre” por bloquear la entrada de ayuda a Gaza de manera deliberada cobra peso y cuenta con el respaldo de cada vez más pruebas.

La actual hambruna provocada por el hombre en territorio palestino parece admitir menos matices que otros temas relacionados con el comportamiento de Israel en la guerra contra el grupo palestino Hamás en Gaza, durante la que han muerto más de 32.000 personas y se ha quedado sin hogar cerca del 85% de la población, en medio de la destrucción generalizada del enclave palestino.

El crimen de guerra por hambruna está definido de manera clara y simple en el derecho internacional humanitario, a diferencia de la matanza de civiles por ataques específicos y por la política de bombardeos generalizados, para la que será necesario analizar conceptos muy polémicos como el principio de proporcionalidad y necesidad en los conflictos.

Israel rechaza estas acusaciones pero el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) define como delito hacer padecer hambre de manera intencionada a civiles “privándoles de los objetos indispensables para su supervivencia”, lo que incluye “obstaculizar de manera intencionada el suministro de ayudas”.

En virtud del artículo 55 del IV Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra, Israel es legalmente responsable de “asegurar el abastecimiento de víveres y material médico a la población” ya que es la potencia ocupante beligerante en Gaza. Esa responsabilidad exige al ocupante que haga “llegar los víveres, el material médico y el resto de artículos necesarios cuando los recursos del territorio ocupado son insuficientes”.

A mediados de marzo, la iniciativa de Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria, en la que participan varias agencias de la ONU, alertó de que la hambruna es “inminente” y puede ocurrir en cualquier momento en los próximos dos meses en el norte de Gaza. En la actualidad, más de la mitad de la población gazatí sufre niveles catastróficos de hambre, casi el doble de personas que el pasado noviembre, según el informe.

Esa clasificación (IPC, de sus siglas en inglés) es considerada el estándar de referencia internacional para la evaluación de crisis alimentarias y la información recogida por expertos internacionales en seguridad alimentaria será la base de cualquier argumentación contra Israel por provocar una hambruna. Diseñada para lograr un análisis neutral, esa herramienta prudente y altamente técnica se ha valido de encuestas del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en las que se indicaba que los palestinos ya sufrían niveles de desnutrición propios de las fases 4 y 5 de la IPC, equivalentes a “emergencia” y “catástrofe”.

Para el informe del IPC también se examinó el acceso de los camiones con alimentos a la zona más afectada de la Franja, con la conclusión que “en el norte de Gaza y en la gobernación de Gaza sólo están autorizados a entrar un número muy limitado de camiones con ayuda alimentaria y, desde el 5 de febrero, no se ha notificado la descarga de camiones con alimentos en la Ciudad de Gaza”.

Impedimentos a la entrega de ayuda

Las ONG Oxfam America y Human Rights Watch realizaron un análisis independiente en marzo, que fue enviado a la Administración estadounidense y que respalda las conclusiones del informe del IPC, poniendo de relieve la vulneración que Israel está haciendo del nuevo requisito de Washington: exigir el cumplimiento del derecho internacional a los receptores de armas estadounidenses.

En su análisis, las organizaciones de derechos humanos acusan a Israel de “impedir de manera sistemática que la ayuda” llegue a “los aproximadamente 300.000 palestinos que permanecen en el norte de Gaza, donde la amenaza de inanición es más grave”.

De acuerdo con las dos ONG, en las primeras seis semanas de 2024 “las autoridades israelíes obstaculizaron más de la mitad de las misiones de ayuda humanitaria previstas para el norte de Gaza”. Asimismo, alegan que Israel ha desarrollado una política deliberada de hambruna y recuerdan que “el derecho internacional humanitario prohíbe a las partes en conflicto provocar de manera deliberada que 'la población padezca hambre, en particular privándola de sus fuentes de comida o de aprovisionamiento'”.

Los comentarios que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, hizo al principio de la guerra se suman a los riesgos legales que corre el país por la hambruna. Pocos días después del comienzo de la ofensiva contra Gaza, Israel impuso un “asedio completo” y prometió dejar a la Franja “sin electricidad, sin comida, sin agua”. “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia” dijo Gallant.

Aunque Israel ha permitido la entrada de un mínimo de ayuda presionado por Estados Unidos y por el resto de la comunidad internacional, el país ha recibido muchas críticas por la insuficiencia de esta ayuda, incluidas las del presidente Joe Biden, que en las últimas semanas ha elevado el tono con su aliado. De ahí que EEUU y otros países hayan empezado a lanzar paquetes de ayuda humanitaria sobre Gaza desde aviones y que se esté intentando abrir un corredor marítimo desde Chipre para entregar la ayuda en barcos.

Las afirmaciones sobre el uso de la inanición como arma de guerra llegan en medio de una ansiedad creciente dentro el Ejército israelí por los riesgos legales cada vez mayores a los que se enfrentan por la ofensiva en Gaza. “La presión legal internacional sobre Israel comenzó de manera gradual antes de la guerra, cuando en 2019 la Corte Penal Internacional apoyó una investigación contra Israel y cuando en 2021 comunicó que tenía autoridad para hacerlo”, dijo al periódico israelí Yedioth Ahronoth un oficial no identificado de las FDI.

“La presión de muchos países para dar prioridad a las acciones legales contra las FDI y contra el Estado no ha hecho sino aumentar, y no sólo desde Sudáfrica”, añadió. “Este mismo mes, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra dos generales rusos por supuestamente atacar una central eléctrica ucraniana y causar bajas entre los no combatientes sin justificación”.

Texto traducido por Francisco de Zárate y actualizado por elDiario.es