Meloni aprueba que los activistas contra el aborto puedan entrar en clínicas donde se interrumpen embarazos

Los partidos de la oposición italiana han afirmado que los derechos de las mujeres en Italia han sufrido un “duro” golpe tras la aprobación en el Parlamento de una medida del Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni que permite a los activistas antiaborto entrar en las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo.

La medida forma parte de un paquete de iniciativas aprobadas por el gabinete de Meloni que se financiarán con cargo al fondo de recuperación de la UE, del que Italia es el mayor beneficiario, y se sometió el martes al voto de confianza de la Cámara Baja. Se espera que el paquete de medidas se apruebe también con holgura en el Senado.

La medida sigue a otras ya adoptadas por varias regiones de derechas, que financian a grupos de presión para que se infiltren en las clínicas que proporcionan a las mujeres un certificado que confirma su deseo de interrumpir el embarazo. Algunas regiones, como Las Marcas, dirigida por los Hermanos de Italia de Meloni, también han restringido el acceso a la píldora abortiva.

El aborto se legalizó en la Italia tradicionalmente católica en 1978, en virtud de una ley denominada Ley 194. Aunque Meloni ha prometido no cambiar la ley, acceder a abortos seguros en Italia es cada vez más difícil debido al elevado número de ginecólogos que se niegan a interrumpir embarazos por motivos morales o religiosos. Según datos del Ministerio de Sanidad de 2021, alrededor del 63% de los ginecólogos se niegan a realizar el procedimiento.

El viceprimer ministro Antonio Tajani declaró que, aunque el Gobierno no tiene intención de cambiar la ley, “no hay que criminalizar a quienes están en contra del aborto”. Y añadió: “Siempre hemos permitido la libertad de conciencia en cuestiones de este tipo. Creo que es correcto que cada uno se comporte según sus propias creencias y conciencia”.

Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (PD), de centro-izquierda, dijo que la medida era un “fuerte ataque contra la libertad de las mujeres”, mientras que Silvia Roggiani, diputada del PD, declaró: “La derecha sigue haciendo gala de su naturaleza nostálgica y de su visión oscurantista y patriarcal al intentar, por todos los medios, erosionar los derechos de las mujeres. Es vergonzoso”.

Los diputados del Movimiento Cinco Estrellas afirmaron que Italia había “optado por dar un nuevo paso atrás”.

Antes de la votación, Jacopo Coghe, portavoz de Pro Vita, la mayor organización antiabortista de Italia, declaró a los medios de comunicación italianos que el grupo no tenía intención de entrar en las clínicas de consulta de abortos. Sin embargo, dijo que las clínicas deberían “volver a su función original de ayudar a las mujeres a encontrar alternativas concretas al aborto”.

Afirmó que el principal “ámbito de actuación” de Pro Vita era “la sensibilización pública y la influencia política con campañas nacionales”. El grupo a menudo está detrás de polémicas campañas de carteles contra el aborto, incluida una en 2018 que etiquetó el aborto como “la principal causa de feminicidio”.

Luisa Rizzitelli, activista por los derechos de las mujeres y coordinadora en Italia de One Billion Rising, que hace campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres, dijo: “Esta medida puede parecer poca cosa, pero simbólicamente es muy fuerte y seria: el gobierno está dando una señal clara de que quiere hacer todo lo posible para persuadir a las mujeres de que cambien de opinión. Esto no debería estar ocurriendo”.