Gisela Mota regresó a su casa poco antes de la medianoche del 1 de enero, en lo que era el final de un primer día electrizante ejerciendo como la primera mujer alcaldesa de su ciudad natal. Luego de dar su discurso inaugural en la alcaldía, Mota, de 33 años, se reunió con su nuevo gabinete y cenó tarde para regresar exhausta a su casa. Ella se fue directa a dormir, pero su familia, llena de orgullo, se quedó hasta tarde hablando sobre su hazaña histórica.
Mota aún dormía cuando una banda armada entró en su casa poco antes de las 7 de la mañana. La única persona que estaba despierta era su madre, Juana Ocampo, que llegó a ver a seis o siete individuos, algunos enmascarados, otros con armas, que se acercaban a la casa al grito de “¿dónde está?”.
En cuestión de minutos arrastraron fuera de sus camas a toda la familia, incluso las pequeñas sobrinas y el sobrino de Mota que se encontraban de visita por las vacaciones. Les obligaron a permanecer boca abajo en la sala y en el patio, con armas que les apuntaban a la cabeza, mientras los asesinos intentaban identificar a su objetivo.
“Nos enviaron aquí con la orden de matarla, ¿quién de ustedes es la que buscamos?', dijeron. Creí que venían a secuestrarla, así que yo solo pensaba en cómo íbamos a pagar el rescate”, cuenta Ocampo a The Guardian.
Mota se identificó, y se la llevaron arrastrando boca abajo unos metros hacia la puerta de entrada. Le dispararon al menos cuatro veces, a unos pocos metros de la cuna en la que se encontraba su sobrino recién nacido. Los agresores corrieron hacia sus vehículos y escaparon por la calle principal del pueblo, que aún dormía.
En el lugar donde cayó su cuerpo, ahora hay un bonito ramo de flores. Dos velas cubren los agujeros que dejaron los impactos de balas en el piso.
“Gisela era muy dedicada, honrada, humilde y muy trabajadora, por eso me cayó bien desde el principio; siempre estaba haciendo algo. Era muy querida por el pueblo por todo lo que hacía por ellos. Era muy especial”, comenta Carlos Caltenco, secretario general del gobierno municipal de Temixco, amigo de muchos años y confidente político de Mota.
El asesinato de una joven política idealista a menos de un día de asumir la alcaldía causó conmoción en un país acostumbrado a la violencia extrema, incluso en contra de sus propios funcionarios electos.
Mientras la dramática caza de capos del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán acapara la atención mundial, el asesinato de la alcaldesa de una pequeña ciudad es una muestra de la abrumadora influencia que el crimen organizado ejerce sobre la vida pública mexicana. El episodio refleja la violencia que oscurece las políticas locales del país: un mundo turbio donde se forjan relaciones simbióticas entre los políticos y el crimen organizado para ganar dinero y poder político, o simplemente para seguir con vida.
También ha hecho visibles las pobres condiciones en las que se encuentra Morelos, el segundo Estado más pequeño de México, al sur de la capital. Considerado un oasis por su clima agradable y sus ciudades de empedrado colonial, en los últimos años se ha hecho conocido por ser uno de los lugares más violentos del país.
Con una población que ronda los dos millones de personas, Morelos es el cuarto Estado con más homicidios del país, solo superado por Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Según la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, está entre los dos Estados con más secuestros, extorsiones y violaciones.
En los últimos años, se ha convertido en el campo de batalla donde libran sus diferencias las bandas rivales Los Rojos y Los Guerreros Unidos, ambas surgidas del poderoso cartel de Beltrán Leyva cuando en 2009 su líder fue abatido en Cuernavaca, la capital del Estado.
Ambos grupos están implicados en uno de los crímenes más recientes y más conocidos de la historia de México: la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Iguala, casi cien kilómetros al sudoeste de Temixco.
Seis kilómetros al sur de Cuernavaca, Temixco ya ha tenido más que suficientes cuerpos mutilados, bandas de secuestradores y fosas clandestinas.
Un futuro prometedor
Mota, la segunda de cuatro hermanos, vivía con su familia en la localidad de Pueblo Viejo, en una casa modesta pero elegante que construyó su padre, carpintero y albañil. La casa y su jardín están detrás de una pesada puerta de madera, cerca de la calle principal.
A los 12 años, la joven comenzó a participar de reuniones políticas y protestas acompañada por su madre, una conocida activista del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En esa época, Pueblo Viejo era una comunidad agricultora donde las vacas transitaban por las calles empedradas y los niños jugaban en la calle hasta entrada la noche.
Los secuestros empezaron hace unos siete años, después de que la tierra de cultivo se vendiera a una compañía dedicada a las viviendas. Los exterratenientes se convirtieron en las primeras víctimas, pero el terror pronto se extendería a los pequeños comerciantes, incluidos los dueños de peluquerías y vendedores de tortillas, que eran secuestrados para pedir rescates.
Ahora los robos, asaltos, extorsiones y drogas son comunes. Hace algunos años se encontró un cuerpo mutilado en la plaza del pueblo; la cara de la víctima había sido desollada.
Cuando Mota decidió adentrarse en la carrera política después de estudiar derecho en la universidad, su madre le recomendó que no lo hiciera, asustada por la creciente violencia y por las noticias de políticos asesinados.
Pero Mota siguió avanzando y ocupó importantes cargos locales y nacionales dentro del partido, concentrándose en temas de igualdad de género y problemas ambientales. Tenía un futuro prometedor.
En 2012, fue elegida diputada nacional en la Cámara Baja, todo un logro para una mujer joven en México. El año pasado fue electa como alcaldesa de Temixco después de que inesperadamente se revirtiera la mayoría que poseía su predecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Heredaba un municipio con una deuda de casi 12 millones de dólares.
En su primer discurso, horas antes de ser asesinada, Mota citó al escritor uruguayo Eduardo Galeano cuando se comprometió a deshacerse de los funcionarios incompetentes y deshonestos, y a terminar con los contratos de lucrativos servicios públicos que habían sido amañados, como la recogida de residuos y el alumbrado de las calles.
“Gisela quería hacer las cosas de una forma diferente, y eso obviamente puede provocar una reacción para los que están acostumbrados a la corrupción”, señala Anastasio Solís, su asesor de campaña.
Según Solís, la cantidad de políticos, criminales y hombres de negocios que se ven beneficiados con la muerte de Mota es tan grande que la policía va a tener muy difícil encontrar el verdadero móvil del asesinato: “Es como lidiar con un monstruo de mil cabezas. Los intereses son los mismos pero las mafias no muestran la cara. Será muy difícil encontrar a los autores intelectuales del hecho”.
Inmediatamente después del asesinato, el padre y el hermano de Mota persiguieron a los vehículos que se habían dado a la fuga y se encontraron a unos policías medio dormidos que continuaron con la persecución. Hubo un tiroteo y dos miembros de la banda fueron abatidos. Tres personas más presuntamente involucradas, un joven de 17 años, otro de 18 y una mujer de unos 30 años, fueron arrestadas ese mismo día.
Casi de inmediato, el gobernador del PRD del Estado de Morelos, Graco Ramírez, le echó la culpa a la reciente decisión de Mota de apoyar un controvertido plan del gobierno mexicano para asumir el control de las policías municipales.
Conocido como Mando Único, el plan es fundamental para la política del presidente Enrique Peña Nieto, que quiere acabar con la corrupción dentro de las fuerzas policiales municipales. Se cree que un grupo de policías locales en la nómina de Los Guerreros Unidos jugó un papel determinante en la desaparición de los 43 estudiantes.
Con aspiraciones presidenciales, Ramírez utilizó el asesinato para justificar que el Estado tome el control de las fuerzas policiales en 15 municipios, incluidos Temixco y Cuernavaca, donde Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista recientemente convertido en político, asumió hace poco como alcalde con la promesa de rechazar el plan.
El nuevo gabinete de Blanco incluye a la sobrina de la exlíder del sindicato de profesores, Elba Esther Gordillo, cuyo estilo de vida de despilfarro, ropa de diseñador y cirugías plásticas terminó en 2013 con una acusación por malversación de fondos y asociación ilícita. También incluye a un tío del presunto líder de Los Rojos, Santiago Mazari, alias El Carrete, que figura a la cabeza de la lista de los secuestradores más buscados por el gobierno.
Todavía queda por ver si la guerra sutil que aumenta entre Blanco y Ramírez lleva a otras disputas.
“El tema de la seguridad en Morelos es fundamental. El asesinato de la alcaldesa se utilizó como una excusa para catapultar el programa Mando Único, y para desviar la atención de la falta de habilidad o de voluntad del gobierno local y federal de hacer algo que de verdad sea efectivo en contra del crimen organizado”, afirma Erubiel Tirado, un destacado especialista en el crimen organizado.
Las autoridades locales, incluido el gobernador Ramírez, echaron la culpa a Los Rojos con gran rapidez. Algunos funcionarios contaron a la prensa local que les habían pagado 500.000 pesos (poco más de 25.000 euros) a los sicarios por el asesinato, después de que Mota rechazara hacer un trato con ellos.
Pero hasta el momento las dos personas mayores de edad arrestadas han sido detenidas bajo el cargo de homicidio y no bajo el de crimen organizado.
Fuentes de la policía confirmaron a The Guardian que, aunque Los Guerreros Unidos hayan sido el blanco principal de las fuerzas policiales durante estos últimos años, la banda sigue teniendo una presencia dominante en Temixco. Sin embargo, recientemente la policía parece haber hecho de Los Rojos su blanco principal; algunos analistas dicen que, muchas veces, esos cambios reflejan la modificación de alianzas políticas o la ruptura de pactos entre criminales. Varios miembros importantes de Los Rojos fueron capturados en un rancho en Morelos el sábado, entre ellos, Rubén Mazari, hermano y mano derecha del líder de la banda.
También se señala el carácter poco profesional del asesinato: algunos de los agresores estaban sin máscara y ninguno sabía quién era Mota, lo que no es propio de una banda como Los Rojos.
“¿Por qué Los Rojos contratarían a otra gente para llevar a cabo un asesinato, cuando ellos tienen sus propios sicarios? No tiene sentido”, agregó una fuente cercana a la investigación.
Gente cercana a Mota —entre ellos, su familia, consejeros políticos y amigos— insiste en que nunca se le acercaron directamente ni fue amenazada por ningún grupo criminal.
“Nunca la amenazaron en forma directa, pero sí me dijo que le preocupaba que trataran de acercársele hombres de negocios que no conocía”, cuenta su amigo Caltenco.
A diferencia de su predecesor, que estaba siempre rodeado de guardaespaldas y protección policial debido a las amenazas que recibía, Mota rechazó la seguridad oficial, asegurando que era un derroche de los escasos recursos públicos.
“Estoy segura de que si la hubieran amenazado me lo habría dicho. Aún si hubiera ocurrido esa misma última noche, creo que hubiera dicho algo para asegurarse de que la familia estuviera a salvo”, afirma Ocampo, la madre de Mota.
Pero otras personas cercanas a la alcaldesa están preocupados por unas personas con intereses empresariales en la zona y posibles vínculos criminales que querían acceder al círculo íntimo de Mota, posiblemente para ganar favores políticos, algo que ella pudo no haber notado hasta que fue demasiado tarde.
Ocampo reveló que durante la campaña de Mota para llegar a la alcaldía, ella le advirtió a su hija que vivir de la política en Temixco podía costarle la vida.
Sentada en su jardín, a tan solo unos metros de donde su hija murió asesinada, Ocampo la recuerda: “Le dije que renunciara a la elección a la alcaldía, pero ella respondió: ’Mamá, si yo no me presento, ¿quién lo va a hacer?.
Traducción de Francisco de Zárate