Los jóvenes desplazados por el conflicto en Myanmar pierden el miedo a organizarse

Bawk Nu Awng lleva fuera de su casa desde 2011. Los tres pueblos en los que creció ya no existen. “La guerra ha golpeado todos los lugares en los que vivió mi familia. Siento que tengo la responsabilidad de comprometerme con todo lo que esté relacionado con la paz”, cuenta.

A sus 21 años, Bawk Nu Awng, nacida en Kachin, Myanmar, se ha convertido en la voz de los jóvenes desplazados por conflictos. Cuando Aung San Suu Kyi asumió el poder en el país, en 2016, su partido, la Liga Nacional para la Defensa de la Democracia, prometió que terminar el conflicto en Myanmar sería una de sus prioridades. Pero los diversos grupos étnicos que existen en el país siguen peleando para lograr mayor autonomía del poder central.

En el estado de Rakáin se intensifica el conflicto entre el ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, y el ejército rebelde de Arakan. En el conjunto del país, se calcula que alrededor de 241.000 personas como Bawk Nu Awng siguen en campos de desplazados. De ellos, unos 97.000 están en Kachin.

Los campos de personas desplazadas son la prueba más visible de que el conflicto continúa. Con elecciones previstas el año que viene, se abre una ventana de oportunidad política para permitir que esas personas regresen a sus casas. Kachin, que comparte frontera con la provincia china de Yunnan, es una zona de interés estratégico para la estrategia de desarrollo global de China, en la que se enmarca la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

De continuar en su avance, incluye una derrama de inversiones multimillonarias en el corredor China-Myanmar. Y en ese contexto, las autoridades chinas de Yunnan ya se han reunido con la influyente Convención Baptista de Kachin para apoyar una política de retorno de personas refugiadas en el marco de un acuerdo de paz. China estaría dispuesta a invertir y apoyar el desarrollo a cambio de que se garantice la estabilidad que necesita.

En diciembre, el Tatmadaw ofreció un breve alto al fuego que por ahora ha seguido ampliándose hasta el 31 de agosto y que implica a tres organizaciones armadas étnicas del norte de Myanmar entre la que se encuentra el Ejército de independencia Kachin (KIA). Poco después del anuncio del parón en las actividades armadas, comenzaron a regresar algunas personas a sus hogares.

El Tatmadaw acompañó a un grupo de desplazados de regreso a Nam San Yang, donde las minas antipersona habían sido desactivadas pocas semanas antes. Desde entonces, el Gobierno y el comité que vela por la gestión de la crisis humanitaria en Kachin, un grupo religioso que media para el retorno, han estado negociando. Pero sin la participación de las personas afectadas. 

Una encuesta de Naciones Unidas en la que participaron 1.123 familias de desplazados internos en Kachin encontró que mientras el 65% de las personas desplazadas tenían la intención de regresar a largo plazo, solo el 5% sentía que podía hacerlo. La razón principal de sus miedos: la falta de seguridad.

A principios de junio, Lum Zawng, de 30 años pero ya veterano activista, organizó un encuentro de 43 desplazados jóvenes en la capital del estado, Myitkyina, para debatir sobre el retorno. Nawng Lat, de 31 años, asistió junto a Bawk Un Awng, y declaró: “Teníamos que crear un grupo, con urgencia, para pensar con profundidad, sobre el retorno, para alzar la voz”.

El grupo acordó un manifiesto, publicado en Facebook, en el que afirma que el regreso solo debe suceder cuando puedan garantizarse seguridad y dignidad, cuando las personas hayan sido consultadas y cuando sean libres para elegir el momento de regreso sin presiones ni uso de la fuerza. También expresa que los desplazados no deben ser utilizados para lograr beneficios políticos, económicos o sociales.

Nawng Lat, nativo de la aldea de Nam San Yang, no fue parte del grupo que regresó. Pero tiene ganas de hacerlo. Eso sí, cuando se den las condiciones. Cuando comenzaron de nuevo los combates, hace ya ocho años, nunca imaginó que viviría tanto tiempo en un campo. “Lo primero que pensé fue que la guerra duraría unos meses. Después de unos tres años se instaló la incertidumbre. Me preguntaba por qué sucedía, por qué no podíamos regresar”, cuenta. 

Ahora es uno de entre los más de 38.000 desplazados que viven fuera de la jurisdicción del Gobierno. Con acceso limitado a la educación o el empleo, muchos jóvenes optan por emigrar a China para buscarse un sustento pese a que allí son vulnerables al tráfico y al abuso. 

“Cuanto más tiempo estamos en campos de desplazados internos, más problemas enfrentamos”, lamenta. “No quiero que el retorno suceda bajo presión. No digo que no queramos regresar, en realidad, tenemos muchas ganas de regresar lo antes posible. Son ocho años ya desde que nos desplazaron y hemos perdido mucho en cuanto a educación o desarrollo. Pero solo regresaremos cuando se garantice nuestra seguridad”, insiste. 

Bawk Nu Awng pide que se garantice que se han retirado las minas enterradas: “Ahora es como si quisieran que nos quedemos en una casa sin terminar. Cuando llueva, habrá filtraciones. Solo cuando hayan terminado la casa podremos quedarnos. Tiene que generarse confianza”, agrega. “Me gustaría que ambas fuerzas [Tatmadaw y KIA] retiren las minas que han colocado en nuestra tierra y solo iré de regreso cuando se declara la paz de forma oficial”, apunta.

 

En junio, un grupo de activistas representó una obra para conmemorar el octavo aniversario de la guerra. Pau Lu y otro de los organizadores, Seng Un Pan informaron a las autoridades, pero momentos antes de que comenzara la actividad, la Policía se presentó en el lugar para pedirles permisos extras. El acto cambió de lugar y se celebró. Pau Lu y Seng Un Pan fueron acusados de organizar una protesta sin permiso. El caso sigue abierto y enfrentan una pena máxima de tres meses en prisión. 

Este incidente es tan solo uno de los muchos en los que los activistas han sido acusados ante la Justicia. En abril del año pasado, Lum Zawng, Zau Jat y Nang Pu fueron condenados a seis meses de prisión por difamación al Tatmadaw por liderar una manifestación que pedía retorno seguro y acceso humanitario a 2.000 personas atrapadas durante un incremento de los combates.

Bawk Nu Awng cuenta que el miedo retrae a la gente a la hora de actuar: “Muchos tienen miedo de comprometerse políticamente… Mis padres no quieren que participe porque temen que me disparen o me detengan”.

Liberado en una de las amnistías que la presidencia de Myanmar aprueba cada año, Lum Zawng calificó el arresto de activistas como una “amenaza psicológica”. Pau Lu aseguró que no darían un paso atrás. “Incluso si [Seng Nu Pan y yo] somos arrestados, la juventud no se detendrá. Hay muchas personas que pueden asumir nuestro lugar”, desafió. 

Seng Nu Pan confía en que los arrestos solo sirvan para “empujarlos a hacer más”.

“Tenemos que practicar nuestra libertad de expresión. Si no expresamos lo que sucede, nadie sabrá”, añade Lum Zawng. “Las generaciones más jóvenes pueden cambiar. No tememos liderar un movimiento”, sentencia.