Iryna Venediktova, la fiscal general de Ucrania, se reúne con un grupo de periodistas con un telón de fondo de edificios de apartamentos bombardeados y escombros en Borodianka, una localidad de la región de Kiev.
Venediktova tiene la responsabilidad de llevar a los tribunales casi 2.000 casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación rusas en su país y en el extranjero. Su oficina es el único organismo de Ucrania con capacidad para investigar. Su oficina recaba la información relativa a los crímenes de guerra, lleva a cabo las investigaciones y abre expedientes de los casos nacionales e internacionales. Evocando el viaje del presidente Volodímir Zelenski a los territorios recién liberados en las afueras de Kiev, Venediktova camina por Borodianka acompañada de su equipo para observar los daños, con un chaleco antibalas del ejército y una gorra de béisbol.
“Asistí a la exhumación de los cuerpos en Bucha”, explica Venediktova, que asumió el cargo en 2019 y describe ahora una de las fosas comunes, que está siendo investigada como un crimen de guerra.
Investigar los crímenes de guerra es complejo. Implica la participación de equipos multidisciplinares que puedan recopilar y analizar pruebas físicas, orales y de fuentes que puedan dar solidez a la demanda. El derecho penal internacional persigue a los individuos que cometen los crímenes de guerra, no a los Estados, por lo que los fiscales deben vincular el delito al autor.
Falta de confianza en la Justicia
“Antes de la guerra, la mayoría de los ucranianos no confiaban en el Estado”, señala Venediktova. “Había motivos para ello: los fiscales generales que el país ha tenido en el pasado y su forma de actuar”. A la oficina del fiscal general de Ucrania le han perseguido críticas por corrupción e ineficacia desde que el país declaró su independencia.
En los últimos 30 años casi no ha habido juicios importantes, ya que el tiroteo de decenas de manifestantes en febrero de 2014 en el centro de Kiev, el asesinato de dos destacados periodistas ucranianos, el envenenamiento del tercer presidente de Ucrania e innumerables casos de corrupción y soborno del Estado no han dado lugar a condenas.
Las ONG ucranianas, los funcionarios y los civiles que participan en la recopilación de pruebas para construir los casos esperan que en esta ocasión las cosas sean diferentes debido a cómo la guerra ha penetrado en toda la sociedad. Sin embargo, sigue planeando la duda de si la guerra es un factor que puede cambiar el desacreditado y opaco sistema judicial ucraniano o si la sociedad civil tendrá que presionar para que eso ocurra.
“Algunos piensan que en esta ocasión vamos a tener más de lo mismo. Yo también tengo mis dudas”, dice Svitlana Shevchenko, directora de los tribunales administrativos de la región de Kiev, en un viaje a Borodianka. “Pero no quiero ni pensar en ello”.
El segundo día de la guerra, los expertos en derecho, los jueces de la región de Kiev y los empleados de los tribunales crearon un chat de Telegram en el que empezaron a subir vídeos de presuntos crímenes de guerra de toda la zona, asegurándose de conservar los metadatos.
Shevchenko explica que de los 28 jueces, secretarios y empleados de los tribunales de Boradianka, 25 han perdido sus casas. “Esa es una estadística a tener en cuenta”, indica.
El director del tribunal de Borodianka, Hennadiy Stasenko, se mostró visiblemente conmocionado mientras mostraba a The Guardian el edificio del tribunal destruido y completamente cubierto de cenizas. Fue hasta el lugar donde estaba su despacho. Ahora planean presentar las numerosas pruebas que han recabado colectivamente en el sitio web de crímenes de guerra creado por la oficina de la fiscal general.
Un cambio de enfoque “necesario”
También contribuye a la construcción de casos de crímenes de guerra la ONG Truth Hounds, que ha recibido formación de exfiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) para recabar testimonios que puedan ser considerados admisibles. Truth Hounds comenzó a documentar crímenes de guerra en 2014 en el este de Ucrania. Ahora está tratando de formar a más personal para ampliar su equipo de investigadores.
“Después del nombramiento [de Venediktova], volvió a contratar a muchos de los fiscales que habían sido despedidos como parte del proceso de reforma”, dice Yaropolk Brynykh, miembro del equipo directivo de Truth Hounds, que formaba parte de la junta de depuración que participaba en las entrevistas y el despido de los fiscales. “Tuvo que crear un equipo leal”.
“Pero espero que la guerra cambie este comportamiento. No hay otra opción”, afirma Brynykh, hablando desde Stara Basan, una localidad situada a 100 kilómetros al oeste de Kiev, donde viajó para hablar con los lugareños, que le explicaron que un vecino fue fusilado por las fuerzas rusas por mirar por la ventana y otros dos fueron llevados a un pueblo vecino y ejecutados. “Después de la guerra, ¿se imaginan el nivel de radicalización de la sociedad, las demandas que harán a las autoridades?”
Truth Hounds afirma que su objetivo es ayudar a al menos diez países extranjeros a elevar casos nacionales de crímenes de guerra cometidos por Rusia, incluso en Asia y América Latina. Otros países pueden iniciar sus propias causas penales si sus ciudadanos fueron víctimas o si acogen a refugiados ucranianos que fueron víctimas de un acto que constituye un crimen de guerra.
Wayne Jordash, un abogado cuyo bufete es casi el único que trabaja en crímenes de guerra en Ucrania desde 2014, señala que Venediktova es la primera fiscal general con la que su bufete ha tenido contacto directo. “Era el tipo de enfoque práctico que hacía falta”, subraya Jordash. “Porque, ya sabes, si te fijas en la forma en que funciona el sistema judicial ucraniano, hay muchos actores diferentes, y si no están coordinados de arriba hacia abajo, es difícil investigar un caso”.
Según Jordash, tanto dentro como fuera de Ucrania se reconoce que la magnitud de los hechos exige que los fiscales reciban apoyo. En este sentido, señala que existen planes para crear equipos de justicia móviles formados por expertos extranjeros que reflejen el trabajo de los investigadores ucranianos en la recopilación de pruebas sobre el terreno.
Ayuda internacional
Venediktova también ha creado un consejo asesor internacional para la Fiscalía General de Ucrania que incluye a conocidos abogados penalistas internacionales como Amal Clooney (abogada anglo-libanesa experta en derechos humanos).
“La respuesta internacional a la guerra en Ucrania no tiene precedentes”, dice Anna Neistat, de la Fundación Clooney para la Justicia, una organización que ha anunciado que también llevará a cabo sus propias investigaciones sobre los crímenes de guerra en Ucrania. Neistat señala que el TPI abrió una investigación apenas unos días después de la invasión, después de que 39 países apoyaran la petición de Ucrania.
“Cada día nos enteramos de nuevos países que abren procedimientos bajo la jurisdicción universal o extraterritorial”, dice Neistat. “Más de una decena de países han iniciado ya sus propias investigaciones sobre los crímenes de guerra rusos”.
Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional y es poco probable que participe en procedimientos iniciados en otras jurisdicciones. No obstante, como puntualiza Neistat, existe la posibilidad de que otros países entreguen a los sospechosos acusados que salgan de Rusia en el futuro y que estén en la lista de difusión roja de Interpol o en una acusación del tribunal.
Venediktova explica que en los primeros días de la guerra ella y el Tribunal Europeo de Justicia crearon un equipo conjunto de investigación, y que el lunes llegaría la primera delegación de decenas de expertos desde Francia. “Sentimos que tenemos un apoyo real”.
“No estoy trabajando para conseguir likes en Facebook”, dice Venediktova. “Estoy demostrando a Ucrania y a la comunidad internacional el trabajo de todo nuestro sistema policial. La prioridad es hacer el trabajo. Los ucranianos podrán juzgarme cuando el trabajo esté hecho”.
Traducción de Emma Reverter