La ley para revocar la legislación europea en Reino Unido tras el Brexit amenaza derechos laborales y normas ambientales

Varios juristas destacados han alertado sobre las propuestas legislativas posbrexit de Jacob Rees-Mogg, ministro de Empresas, y advierten de su carácter “antidemocrático”. La iniciativa, que tildaron de “completamente descabellada”, puede hacer que de la noche a la mañana desaparezcan 2.400 leyes, entre ellas derechos laborales, protecciones medioambientales y la prohibición de hacer ensayos en animales para el desarrollo de cosméticos.

A los juristas, entre los que figura la ex alto cargo del Gobierno que diseñó para Theresa May el concepto de derecho comunitario retenido, les preocupa la posible desaparición accidental, o una reescritura deficiente, de leyes que regulan la igualdad salarial entre hombres y mujeres, los derechos de pensión en matrimonios del mismo sexo, las normas relativas a los alimentos y la seguridad aérea.

Este martes tendrá lugar la segunda lectura del proyecto de ley de revocación y reforma de la legislación de la Unión Europea, que incorpora una cláusula de extinción en la que se fija el 31 de diciembre de 2023 como la fecha a partir de la cual dejarán de estar en vigor 47 años de leyes elaboradas durante la pertenencia de Reino Unido a la UE. “Muchas leyes van a ser modificadas sin ningún tipo de control por parte de un Gobierno moribundo al que poca gente respeta”, dice George Peretz KC, especialista en derecho europeo. 

Christina McAnea, secretaria general del sindicato de empleados públicos Unison, dice que “es una cuenta atrás hacia un desastre para todos los trabajadores y significaría volver a los tiempos dickensianos en los que los trabajadores no tenían derechos”.

“En medio una crisis financiera y con un Gobierno descabezado, la gente necesita estabilidad y apoyo, no la quema de un montón de derechos laborales (...) Los ministros deben hacer algo ya para garantizar a todo el mundo que no tirarán a la basura la protección que tanto costó conseguir; al crecimiento económico no se llega con una batalla campal dando luz verde a los empresarios sin escrúpulos”, señala McAnea.

Para Peretz, el proyecto de ley “es profundamente censurable por dos motivos: es antidemocrático y es contrario al crecimiento”. Antes de tomar decisiones de crecimiento o de inversión, dice, los empresarios necesitan seguridad jurídica sobre la legislación laboral, las normas técnicas, y otros asuntos. “Somos una democracia y tenemos un proceso de elaboración de leyes en el Parlamento, la gente escribe a sus diputados, hay consultas a la industria, tenemos debates en la Cámara de los Comunes y en la de los Lores”, dice. “Esto es un proceso completamente antidemocrático”.

Tarea “imposible” para la administración

Según Eleonor Duhs, la exabogada del Gobierno que ayudó a diseñar el concepto de derecho comunitario retenido, los planes del actual Gobierno están completamente en desacuerdo con la visión de Theresa May de eliminar las leyes de la UE tras “un análisis pleno y un debate adecuado”. El concepto de derecho retenido fue creado para una transición suave y no para que los partidarios del Brexit hicieran lo que quisieran con él, dice Duhs, socia del bufete Bates Wells. “Este proyecto de ley da poderes a los ministros para derogar y reemplazar rápidamente y sin el escrutinio necesario un amplio cuerpo de lo que ahora mismo es el derecho interno. Esto no tiene precedentes, es imprudente y antidemocrático”, añade. 

Duhs también cuestiona el uso de los valiosos recursos de redacción jurídica del Gobierno británico. “Hicieron falta más de dos años y una gran cantidad de recursos de la administración pública para redactar más de 600 textos legislativos con el fin de preparar el libro de leyes para el Brexit, y eran cambios técnicos y sencillos en comparación con la complejidad de lo que se requerirá en este proyecto de ley”, dice.

“En un momento en el que se reducen los recursos de la administración pública, la tarea de reescribir este gigantesco cuerpo legal en cuestión de pocos meses parece imposible. Los errores, las omisiones y las lagunas en la ley van a ser inevitables”, señala.

“Poder extraordinario” para el Gobierno

Según Peretz, la idea de que 2.400 leyes puedan ser eliminadas en poco más de un año es “completamente descabellada” y a la vez posible debido al “poder extraordinario” que el Gobierno se está otorgando a sí mismo para sacar las leyes antes de la fecha límite de diciembre de 2023. “En ninguna parte hay ningún requisito para que los ministros consulten con nadie. Con este proyecto de ley, los ministros pueden tumbar derechos y protecciones vitales para los consumidores, los trabajadores, el medio ambiente y el bienestar animal sin que el Parlamento tenga manera de impedirlo”, dice.

“Esto no tiene nada que ver con apoyar el Brexit o no, se puede ser un partidario a ultranza del Brexit y seguir pensando que esto no es lo apropiado”, añade. “Todo esto se está haciendo con la mayor de las prisas, y cuando se hacen las cosas con prisa se corre el riesgo de cometer errores”.

El proyecto de ley también otorga a los ministros el poder de reescribir o “actualizar” las normas sin necesidad de consulta y, como máximo, con un debate de dos horas en el Parlamento para decir sí o no. Pese a aquellas promesas de Rees-Mogg de que con el Brexit se podría tener normas más estrictas que las de la UE, el actual proyecto de ley no concede ningún poder para mejorar las normas y protecciones, solo para aminorarlas.

Chris Packham y otros defensores del medio ambiente ya han dado la voz de alarma por la amenaza de no aplicar normas medioambientales para la flora y fauna protegidas en las 38 nuevas zonas de inversión en Inglaterra para permitir un “desarrollo acelerado”.

Traducción de Francisco de Zárate