Más de mil personas detenidas durante la cumbre del G20 celebrada en 2010 en Toronto -calificada como una de las peores violaciones de las libertades civiles en Canadá de la historia- han conseguido el derecho a seguir adelante con las demandas colectivas contra la policía.
El miércoles, el máximo tribunal de Ontario dio luz verde a dos demandas que alegaban violaciones de los derechos humanos durante la cumbre y tomó nota de las posibles medidas legales que se podrían adoptar para forzar a la policía a cambiar su conducta.
La cumbre del G20 en Toronto protagonizó titulares en todo el mundo. No tanto por las negociaciones que tuvieron lugar detrás de los casi diez kilómetros de valla levantados para la ocasión, sino por las docenas de anarquistas que abandonaron las manifestaciones pacíficas contra la globalización para quemar coches y romper ventanas.
La policía respondió con gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta y violencia, encerrando a la gente en varios puntos de la ciudad. Más de mil personas -incluidos manifestantes pacíficos, transeúntes y periodistas- fueron arrestadas o encerradas en prisiones improvisadas en lo que se convirtió en el mayor arresto masivo de la historia de Canadá.
El miércoles, el juez subrayó que la policía no puede arrestar indiscriminadamente a grandes grupos de personas con la esperanza de atrapar a unos pocos criminales. “En realidad hay cierto fundamento para concluir que el agente o agentes acusados de ordenar detenciones y encarcelamientos masivos lo hicieron sin tener en cuenta si todos los detenidos estaban implicados en la actividad criminal que alertó a la policía”, dice el tribunal.
La decisión se califica como pionera. El abogado Eric Gillespie aseguró a los periodistas que una sentencia de este tipo podría “ayudar a proteger las libertades básicas de todos los canadienses”.
La demandante principal, Sherry Good, dijo estar encantada con la sentencia. “Ahora la policía tiene que hacer cambios y nos asegura que esto no volverá a pasar otra vez”, comentó. Good puso en marcha la demanda colectiva en 2010, reclamando daños por todos aquellos que fueron arrestados, encarcelados o retenidos erróneamente por la policía durante la cumbre.
Tommy Taylor, otro de los demandantes, fue uno de los enviados a un centro de detenciones improvisado. “Fuimos arrestados ilegalmente, nos hacinaron en jaulas de alambre, nos trataron peor que a los animales en el zoo”, recordó el pasado miércoles. “Queremos que se haga justicia. No queremos que esto le vuelva a pasar a ningún otro canadiense nunca más”. La policía de Toronto no quiso hacer comentarios sobre la decisión.
Una demanda parecida se puso en marcha en Washington después del arresto de 700 manifestantes y transeúntes cerca de los edificios del Banco Mundial y el Fondo Mundial Internacional en el año 2000. Una década después, un juez federal aprobó un acuerdo de indemnización de casi 14 millones de dólares a favor de los afectados por aquella detención.
Traducido por Cristina Armunia Berges