Maria Ressa, la periodista que desafió al presidente de Filipinas y que se enfrenta a 12 años de cárcel

“Lo peor es no saber si va a ser un día normal o un día anormal”, afirma María Ressa por teléfono desde su oficina en Manila. Esta exjefa de redacción de la CNN que trabajó durante 20 años años como periodista de investigación es la fundadora de un medio digital que se ha visto en primera línea de la guerra global de desinformación.

Desde el verano de 2016 sus periodistas en Rappler han entrado en combate contra los trolls contratados, los influencers, los ejércitos de bots y los sitios web de noticias falsas a cargo de defensores de Rodrigo Duterte, el autoritario presidente de Filipinas.

Ressa lanzó inicialmente Rappler en Facebook en 2012, pero ha acabado convirtiéndose en un diario digital propiamente dicho con 12 millones de visitas mensuales. Se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación del mundo en arrojar luz sobre la forma en que un líder populista puede utilizar las redes sociales para ascender al poder.

El compromiso de Ressa en revelar la corrupción, la propaganda y los miles de asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por Duterte en su autoproclamada “guerra contra las drogas” le ha hecho ganarse poderosos enemigos. Sin embargo, su decisión de alzar la voz también le ha valido muchos aliados.

En 2018 Ressa era parte del grupo de periodistas nombrado por la revista Time como Personas del Año. Todos los otros periodistas reconocidos por la revista estadounidense estaban en ese momento muertos o en prisión. Ressa vive cada día sabiendo que en cualquier momento le podría esperar uno de esos dos destinos.

En el último año Rappler ha multiplicado por seis las medidas de seguridad de sus oficinas y además Ressa tiene guardaespaldas en su casa. La periodista creció en Estados Unidos, donde se graduó en la universidad de Princeton, y tiene la doble nacionalidad. Pero por ahora, marcharse no es una opción. “Lo odio, pero no puedo marcharme. Este momento histórico es importante. Por eso hacemos lo que hacemos”.

40 abogados defienden a Ressa en la guerra judicial

El próximo 3 de abril, Ressa conocerá la resolución de un juicio por calumnias en su contra. Si pierde, se enfrenta a una condena máxima de 12 años: en Filipinas, las calumnias siguen siendo un delito penal. También tiene pendientes otros juicios iniciados por el Gobierno –desde delitos fiscales a propiedad de bienes en el extranjero–. Solo el año pasado, Ressa fue arrestada y posteriormente puesta en libertad bajo fianza ocho veces.

La periodista tiene un asombroso equipo de 40 abogados defensores, que incluye a la abogada libanesa-británica Amal Clooney. Si fuera hallada culpable de todos los delitos de los que está acusada, podría ser condenada a hasta 83 años de cárcel.

“Me estoy preparando para perder todos los juicios. Podrían clausurarnos las oficinas mañana mismo. Pero lucharemos, tanto en los tribunales como publicando historias. Lo único que nos protege es nuestra fama”, señala.

Rappler no es el único medio de comunicación bajo presión en Filipinas. En un acto que demuestra hasta qué punto está amenazado el periodismo independiente en el país, el fiscal general presentó el lunes una denuncia contra ABS-CBN que podría llevar a la retirada de la licencia a la cadena.

El manual de estrategia digital que desarrolló Duterte, que ahora tiene 74 años, cuando aún era alcalde ya es conocido. Se está replicando en todo el mundo: líderes populistas como Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro han adoptado su mezcla tóxica de desinformación viral e intimidación a los medios independientes.

En Reino Unido se pueden encontrar paralelismos con las tácticas utilizadas durante el referéndum del Brexit, sin embargo, la campaña de Duterte fue anterior a la votación por el Brexit y a las elecciones que ganó Trump. Rappler descubrió el manual de estrategia mientras lo estaban escribiendo. Y lo hizo revelando las redes secretas de Duterte, un esfuerzo que eventualmente llevó a la creación de una herramienta de monitoreo capaz de rastrear información de internet.

La base de datos de Rappler comenzó como una hoja de cálculo con 26 supuestas cuentas falsas y se ha convertido en una impresionante máquina de recolección de información. En octubre pasado ya había obtenido los datos de publicaciones y comentarios realizados en 6.000 grupos de Facebook y 48.000 páginas públicas de Facebook, junto con los enlaces publicados cada día en más de 2.700 sitios web diferentes.

Si bien su personalidad es alegre, sus pronósticos son desalentadores. Ella cree que el ascenso de líderes de extrema derecha ha sido posible gracias a los fracasos de quienes controlan las más importantes redes sociales de Internet. “Si las plataformas de redes sociales no se toman en serio la tarea de controlar lo que sucede en sus espacios, matarán a la esfera pública. Si en 2020 no solucionamos esto, estaremos frente a una década o más de camino hacia el fascismo. Y será un problema global, porque las plataformas son globales”.

La estrategia pionera del Gobierno en redes sociales

Como explica Ressa, la incursión de Duterte en las redes sociales comenzó en enero de 2016, seis meses antes de las elecciones, cuando varios ejecutivos de Facebook viajaron a Filipinas a dar formación a los equipos de la campaña presidencial. En Filipinas, un país con 105 millones de habitantes, Facebook es lo mismo que internet. Todo el mundo con acceso a internet tiene una página de Facebook. A menudo la plataforma viene preinstalada en los teléfonos móviles.

Aunque ya tenía más de 70 años, Duterte se metió de lleno en la novedosa red social. Gastando una fracción de lo que gastaron presidentes previos, su equipo se valió de las herramientas digitales para controlar el debate. Al principio, la relación con Rappler no era mala, pero tras ganar las elecciones, la situación cambió. Los seguidores de Duterte comenzaron a utilizar la palabra “periodistituta” contra periodistas que criticaban los métodos del nuevo presidente.

En agosto de 2016 Ressa viajó a Singapur para visitar las oficinas centrales de Facebook en la región y llevó su lista inicial de 26 supuestas cuentas falsas, todas a favor de Duterte, que ella calcula que han influido sobre unos 3 millones de otras cuentas. Ressa le pidió a Facebook que cerrara esas cuentas, pero la empresa no hizo nada.

Días después, una bomba mató a 14 personas en la ciudad natal de Duterte, Dávao. El equipo de Ressa notó que los seguidores de Duterte estaban publicando enlaces a un mismo artículo titulado 'hombre con bomba detenido en puesto de control de Dávao'. El titular daba a entender que el Gobierno había actuado con rapidez, pero era una impresión falsa: el artículo tenía cinco meses de antigüedad.

Utilizando datos y recursos humanos, Rappler descubrió cómo funcionaban los mecanismos digitales de la campaña. Inicialmente creado para las elecciones, el sistema parece haberse mantenido durante la presidencia de Duterte. En esencia, se trata de una red de más de 400 voluntarios organizados en cuatro grupos: tres para las principales islas filipinas y otro para los filipinos que trabajan en el extranjero. Cada grupo genera su propio contenido, pero sigue mensajes clave que se publican desde el centro.

El equipo de campaña de Duterte asegura que solo hubo voluntarios sin remuneración, Pero las fuentes de Rappler alegan que hubo trolls que recibieron 100.000 pesos al mes (1.780 euros), el doble del salario medio en el país.

Influencers del mundo real supuestamente trabajaron como epicentros de los ataques. Sus tuits y publicaciones eran viralizados por ejércitos de cuentas verdaderas y falsas. Desde entonces, algunos de estos influencers han sido premiados con cargos en el Gobierno.

En octubre de 2016, Ressa comenzó a publicar sus hallazgos. Enseguida sufrió represalias. Los mensajes de odio llegaban en oleadas de hasta 90 por hora, la amenazaron con violarla, asesinarla y atacar a su familia. Durante el año siguiente, habló con 50 ejecutivos de Facebook, pidiéndoles que tomaran medidas contra la desinformación y los ataques verbales. Tuvo una comida con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su jefa de operaciones, Sheryl Sandberg. Pero nada dio resultado: las páginas de los trolls siguieron activas.

En 2017, Duterte utilizó su discurso sobre el estado de la nación para atacar especialmente a Rappler. En febrero de 2018, un reportero de Rappler fue excluido de las sesiones informativas del Gobierno. Luego se les impidió a los periodistas regionales del medio asistir a los eventos de Duterte.

Finalmente, en octubre de 2018 Facebook tomó medidas y anunció la eliminación de una “red de spam” en Filipinas compuesta por 95 páginas y 39 cuentas. En marzo de 2019 fueron eliminadas otras 200 páginas, cuentas y grupos. Aún así, la razón alegada no fue la desinformación.

Según Facebook, la eliminación de estas cuentas fue provocada por lo que en la empresa describen como “comportamiento falso coordinado”. Lo que ha quedado claro es que si bien Facebook puede eliminar cuentas falsas, la empresa no borra las mentiras. El pasado octubre, durante una audiencia formal frente al Congreso de Estados Unidos, Zuckerberg defendió su postura, afirmando que los votantes deberían “ver por sí mismos” las declaraciones de los políticos.

Ressa afirma que los legisladores deben encontrar un incentivo económico para que Facebook supervise el contenido de su plataforma. Las leyes sobre el delito de injurias no se suelen aplicar a las redes sociales de la misma manera en que se aplican a periódicos y cadenas de radio y televisión. Facebook no se hace responsable ante los tribunales por la información falsa que se publica en sus páginas.

Pero hay un rayo de luz en la historia de Ressa. Tras meses de ataques verbales, el 13 de febrero de 2019 fue arrestada por primera vez, pasó la noche detenida y luego fue liberada bajo fianza. La indignación por la forma en que fue tratada creció hasta el punto de que, por primera vez, la marea digital se volvió en su favor. Los mapas de redes mostraron a usuarios reales de Facebook viralizando contenido en defensa de Ressa y contra los trolls.

“Después de arrestarme, el Gobierno filipino me liberó”, recuerda. “Me di cuenta perfectamente de cómo habían violado mis derechos y pude hablar sobre mi propia experiencia. Tenemos que contar nuestras propias historias porque nadie más va a alzar la voz para defender la verdad”.

Traducido por Lucía Balducci