Migrantes indígenas, atrapados en la frontera entre Colombia y Venezuela
A finales del año pasado, la niña de 12 años Betania escuchó hablar a sus vecinos sobre una ciudad no muy lejana donde se podía encontrar comida. “Mi madre me dijo: 'Betania, vete de aquí, porque tenemos hambre. Mira a tus hermanos, no tienen nada en la barriga'”, recuerda.
Así que Betania se despidió de su familia, abandonó su remota aldea en la comunidad indígena yupka de las montañas del oeste venezolano, y caminó 300 kilómetros hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
Acampados en la orilla lejana del río Táchira, encontró cientos de indígenas yukpas. También huían de la desnutrición y de la enfermedad en Venezuela, donde la escasez causada por el colapso económico ha afectado incluso a las comunidades indígenas rurales.
Los yukpas representan una parte minúscula de los cientos de miles de venezolanos que en los últimos años han cruzado la frontera para escapar de la hiperinflación, la escalada del crimen y una crisis política que parece no tener fin.
La diferencia con otros migrantes es que a este grupo indígena lo han deportado en dos ocasiones. Una y otra vez regresaron a Colombia, donde volvieron a acampar a orillas del río. Pero ahora están atascados: no quieren regresar a Venezuela y no son bienvenidos para seguir avanzando en Colombia.
“¿Sabes por qué vine hasta aquí? Porque no puedo quedarme allá atrás sin comida, ni dinero, ni ropa, ni nada”, dijo Anteli Romero, un artesano yukpa de 28 años de las montañas que rodean la ciudad de Machiques. “Ahora dicen que no quieren a los yukpas por aquí, dicen que vinimos para nada”.
Hay unos 500 miembros del grupo indígena acampando junto al río, entre ellos varias decenas de mujeres embarazadas. Duermen al raso o en refugios hechos con material reciclado. Por la noche, un montón de pequeños fuegos parpadea en el bosque mientras cocinan el arroz blanco o los pasteles de maíz.
El grueso de los migrantes venezolanos que cruzaron se ha dispersado en las ciudades de Colombia, pero la presencia concentrada de los yupkas en la frontera irrita a las autoridades locales. Los miembros del grupo se han enfrentado repetidamente con los funcionarios fronterizos colombianos, llegando a amenazarlos con arcos y flechas.
Aunque las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas durante varios años, las autoridades de ambos países cooperaron en enero para desalojar el campamento en la ribera del Táchira y devolver unos 500 yukpas a sus tierras en las inmediaciones de la ciudad de Machiques. Los yukpas dijeron que seguían sin tener comida ni medicinas y regresaron caminando a Colombia.
Las autoridades de Cúcuta volvieron a deportar a los yukpas en marzo. Pero muchos de ellos regresaron y siguen llegando más. “En Venezuela, a veces pasamos todo el día sin comida, por eso todos vienen”, dijo Arbelei Landino, otro migrante yukpa.
Cuando hace dos años estalló la crisis migratoria, Colombia respondió otorgando residencia legal a los trabajadores venezolanos. Hasta que en febrero retiró los privilegios y desplegó a 3.000 soldados en la frontera. Pero la marea de migrantes sobre una frontera abierta ha demostrado ser imparable.
Los activistas creen que el Gobierno debe invertir en una respuesta adecuada antes de que se haga ingobernable la situación. Según el padre Francesco Bortignon, responsable de un refugio para migrantes en Cúcuta, “el Gobierno no tiene ni idea de cómo manejar la situación”.
Los yukpas son anteriores a los estados
Los yukpas, cuyos territorios ancestrales se extienden a ambos lados de la frontera y son anteriores a la creación de Colombia y de Venezuela, han tratado de invocar sus derechos como tribu binacional.
En teoría, el texto de la Constitución colombiana reconoce la ciudadanía a los miembros de dichos grupos y dispone de protecciones especiales para la preservación de las comunidades indígenas. Los líderes yukpas dicen que los 15.000 miembros de la tribu no han recibido ninguna de esas protecciones.
El Ministerio de Interior de Colombia ha dicho que primero debe certificar su identidad indígena haciendo un censo de los yukpas. Hasta entonces, los considerará como venezolanos viviendo ilegalmente en Cúcuta.
Según Andrés Barona, asesor legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “la actitud del Gobierno es 'esconded a los pobres, son feos'. Son acciones motivadas por el racismo que hay contra los indígenas”.
En su opinión, las autoridades nacionales y municipales colombianas se han limitado a tomar la opción más sencilla frente a la complicada crisis humanitaria y diplomática.
El ayuntamiento de Cúcuta no respondió a las llamadas de The Guardian, pero antes había comunicado a los medios locales que los yukpas estaban implicados en el contrabando de la frontera.
Barona y la ONIC creen que el Gobierno debería dar a los yukpas un espacio para vivir mientras elabora un plan, además de garantizarles el acceso a comida, agua y letrinas.
Como dijo Deborah Hines, directora del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, los grupos indígenas son olvidados a menudo en una crisis humanitaria que ya ha abrumado al Gobierno y a las organizaciones de ayuda internacional. “Nos centramos en las comunidades indígenas porque tienden a ser los más vulnerables”, dijo.
Pero muchos en el campamento yukpa dijeron que la vida junto al río era mejor que en su hogar. Al menos aquí, unas pocas monedas pueden servir para comprar una bolsa de arroz. En Venezuela no hay arroz. “Nos cansamos de sufrir tanta hambre, así que aquí vinimos”, dice Ángel Romero, de 32 años. “Confiamos en que nos ayuden”.
Traducido por Francisco de Zárate
