Milei quiere desmantelar la 'ley Micaela' sobre violencia de género mientras aumentan los feminicidios en Argentina

La noche anterior a su desaparición, Micaela García, de 21 años, habló por teléfono con su madre. Charlaban con facilidad sobre cualquier cosa, aquel día hablaron de la compra, de los estudios de Micaela y de un regalo que estaban cosiendo para el bebé de una amiga. Fue la última vez que Andrea Lescano escuchó la voz de su hija.

El 1 de abril de 2017, a la salida de un club nocturno en Gualeguay, a 185 kilómetros al norte de Buenos Aires, García fue secuestrada, violada y asesinada. Una semana más tarde, su cuerpo, desnudo y en estado de descomposición, fue hallado en un campo a las afueras de la ciudad. “Es un dolor desgarrador”, dice Lescano. “Todavía me cuesta entender que se haya ido”.

Sebastián José Luis Wagner –que ya había pasado tiempo en la cárcel por haber abusado sexualmente de dos mujeres en 2010– fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de García “en un contexto de violencia de género”. “Todavía no puedo afrontar lo mucho que sufrió ella antes de que él le quitara la vida, sé que debe haber luchado”, dice Lescano. “Por las mañanas siempre le escribía a Micaela un mensaje que decía ‘Buenos días, hija, te quiero mucho’. Me ha costado mucho acostumbrarme a no mandarle esos mensajes”.

Cifra récord en 2023

En 2023, en Argentina se registraron 322 femicidios. El término se define como el asesinato misógino de mujeres o, en palabras de la feminista Diana Russell, “el asesinato de mujeres por parte de hombres por el hecho de ser mujeres”. La cifra es récord y supone un aumento del 33% en comparación con 2022, año en el que fueron cometidos 242 femicidios, según un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según ese informe, 61 de las víctimas habían presentado denuncias por violencia de género, mientras que 22 habrían sido violadas antes de ser asesinadas. Los asesinatos dejaron a casi 200 niños sin madre y algunos de los hijos presenciaron los ataques. La Defensoría del Pueblo calificó el aumento de “alarmante” y señaló que las cifras superan a las de 2020, un año marcado por la pandemia que registró el récord, hasta ese momento, de 295 feminicidios.

“Los femicidios han experimentado un crecimiento constante, a pesar de las medidas y políticas de protección a las mujeres que el Estado argentino ha intentado implementar”, señala la Defensoría. “ Estas estadísticas reflejan una dolorosa realidad que destaca la persistencia de la violencia de género en la sociedad argentina”. De acuerdo con la Defensoría, una arraigada cultura patriarcal, la impunidad en muchos casos y la persistencia de estereotipos de género también contribuyeron a la alta prevalencia de femicidios.

En tres de cada cuatro casos ocurridos en 2023, la víctima tenía una relación con el presunto agresor, mientras que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su casa o en el trabajo, señala el informe. “Las mujeres siguen muriendo a manos de personas con las que tienen una relación cercana”, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El país incorporó en 2012 la figura de femicidio a su Código Penal, estableciendo la pena de cadena perpetua para los asesinatos motivados por violencia de género. Sin embargo, las cifras se han mantenido altas durante más de una década. Para Belski, Argentina está fallando: “Se minimizan los testimonios de las mujeres que denuncian, se evalúa indebidamente el riesgo al que se expone la mujer y falta perspectiva de género entre las autoridades judiciales y policiales”.

América Latina sufre desde hace tiempo altos índices de violencia de género. En 2022, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en toda la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Las tasas más altas de femicidios por cada 100.000 mujeres se registran en Honduras (seis por cada 100.000 mujeres) y Trinidad y Tobago (5,5). Argentina ocupa el puesto 16 de 32 (un caso por 100.000), pero tiene la cuarta cifra absoluta más alta, con 232, después de Brasil, con 1.437, México, con 976, y Honduras, con 309.

El nuevo Gobierno niega la violencia de género

El aumento se produce en un momento en que el Congreso argentino debate polémicas reformas de las leyes de género, bajo la dirección del recién elegido presidente, el ultraderechista Javier Milei. “Javier Milei ganó con un discurso que niega las problemáticas de género”, dice Raquel Vivanco, feminista y fundadora de la ONG Ahora que sí nos ven. “Una vez más, tendremos que construir la solidaridad entre las mujeres en ausencia del Estado”.

Tras llegar a la presidencia en diciembre de 2023, Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Su Gobierno sostiene que “la violencia no tiene género”.

Además de estudiante, García era activista de Ni Una Menos, un movimiento de protesta argentino contra la violencia de género que nació en 2015 y se extendió por toda América Latina. Su violenta muerte reavivó las protestas en todo el país y en 2019 fue sancionada la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñen una función pública en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Pero Milei ha comenzado a diseñar planes para reducir el alcance de esta ley, restringiendo la capacitación únicamente a cuestiones de “violencia familiar”. Según Amnistía Internacional, las enmiendas de Milei también limitarían la formación sólo a aquellos que trabajan en organismos del Estado “competentes en la materia” y “dejarían de abordar la violencia de género como un problema estructural”.

El nuevo Gobierno sostiene que la Ley Micaela “no ha dado resultado”, pero Amnistía considera que estas enmiendas son “regresivas” y asegura que pueden profundizar las barreras de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. La madre de García, por su parte, dice que las modificaciones a la ley son “casi lo mismo que derogarla”.

“Si hay un crimen es porque llegamos tarde. La ley es preventiva, nos hace ver la violencia y el cambio en lo cotidiano, ya sea en casa, en un club, caminando por la calle, creo que por eso es tan resistida”, dice Lescano. “Pero no debemos esperar a tomar la iniciativa una vez que pasa algo, como lo que me pasó a mí, que perdí a mi hija a sus 21 años”.

Traducción de Julián Cnochaert