Los monopolios de las vacunas anti-COVID cuestan vidas en los países pobres

El 10 de julio, el doctor Abraham Sokhaya Nkomo murió de COVID-19 en Pretoria, Sudáfrica. Abe Nkomo, como se le conocía popularmente, era un gigante de la vida pública sudafricana: médico, activista en la lucha contra el apartheid, diputado, diplomático y defensor de la salud pública durante toda su vida.

Había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer el 9 de junio. El 24 de junio, su familia notó que había desarrollado síntomas similares a los de la gripe y lo llevó a un hospital tras dar positivo en coronavirus. Al principio, parecía estar superando la infección. Sin embargo, sus niveles de oxígeno cayeron al poco tiempo y necesitó un respirador. Después fue trasladado a la UCI, donde su estado empeoró rápidamente.

Durante las semanas previas a su muerte, a miles de kilómetros, su hijo menor, Marumo Nkomo, consejero de la Misión de Sudáfrica en Ginebra, participaba en negociaciones frenéticas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como representante comercial de su país, Nkomo y su jefa –la directora de la misión, Xolelwa Mlumbi-Peter– presionaban a la OMC para que apoyara una exención mundial de los monopolios farmacéuticos para que los países más pobres alrededor del mundo pudieran producir las vacunas que necesitan. (Hasta la fecha, se ha vacunado a menos del 3% del continente africano debido a que los países más ricos han comprado y acaparado casi todo el suministro global). Cuando el estado de su padre empeoró, Nkomo tomó la decisión de regresar a casa. Diez minutos después de que su avión aterrizara en Johannesburgo, su hermano lo llamó para decirle que su padre había muerto.

La historia de los Nkomo deja al descubierto la crueldad de este momento. Mientras que los países más ricos del planeta (y las empresas con sede en ellos) discuten con algunos de los más pobres, el resultado es un estancamiento que causa estragos a nivel personal.

“El doctor Abe Nkomo era un hombre pequeño pero un gigante en los corazones de las personas que viven con HIV”, nos dice el legendario activista sudafricano Zackie Achmat. Achmat, fundador la Campaña de Acción por los Tratamientos (TAC, por sus siglas en inglés), impulsó un movimiento global contra los monopolios farmacéuticos sobre los medicamentos contra el sida a comienzos de la década de los 2000, dice que el doctor Nkomo le ofreció un apoyo crucial cuando dirigía la comisión de Sanidad del Parlamento sudafricano. “Peleó por el acceso a los medicamentos y defendió cambios en la legislación a finales de los 90 que nos dieron el derecho a vivir. Luchó contra la especulación de la industria farmacéutica. Comprendió la emergencia en la que nos encontrábamos”.

El doctor Nkomo gozaba de buena salud y permaneció activo hasta el final de su vida. Atravesó la pandemia con cautela, evitando los eventos grandes, excepto una vez, cuando viajó a Johannesburgo para asistir al funeral de su hermano, que también murió de COVID-19. Si hubiese vivido en Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, Nkomo, que tenía 80 años, habría estado completamente vacunado en enero. Si hubiese vivido en India, podría haber sido vacunado en marzo, a tiempo para la arremetida de la variante delta. En cambio, como vivía en Sudáfrica, recibió su primera dosis en junio y no llegó a recibir la segunda. “Cada vez que abro Facebook, me entero de que al menos tres o cuatro personas que conozco han muerto de COVID-19”, dice Achmat. “Me duele que el doctor Abe Nkomo, que hizo tanto por la salud pública de este país, no haya sido vacunado a tiempo”.

Los países ricos, en contra

Cuando Sudáfrica e India propusieron la exención de propiedad intelectual para las vacunas ante la OMC en octubre de 2020, fue precisamente para evitar la situación en la que estamos ahora. Las vacunas escasean debido a los monopolios empresariales que restringen quién puede fabricarlas, mientras que los suministros existentes han sido adquiridos en su mayoría por países ricos. La escasez mundial resultante conduce a muertes en los países más pobres que eran completamente evitables. Todos los países ricos se opusieron a la exención cuando fue propuesta por primera vez, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, presidido en aquel entonces por Donald Trump.

No importaba que la mayoría de la población mundial estuviera a favor de la suspensión de patentes, mientras que los países ricos se opusieran, la OMC –que funciona con un modelo de consenso en el que todos los países miembros deben estar de acuerdo con una propuesta para que esta prospere– no podía siquiera empezar a discutirla. Tampoco importaba que vacunar a más gente en todas partes también sea beneficioso para la población de los países ricos. Cuanto menos circule el virus, menos posibilidades tiene de mutar o evolucionar.

En mayo de este año, el Gobierno de Estados Unidos cambió de rumbo y anunció su apoyo a la exención, otorgándole así una oportunidad a la propuesta. Fue una medida bien recibida, pero la euforia fue efímera. Reino Unido siguió oponiéndose, al igual que Suiza y la Unión Europea, donde la oposición alemana ha sido especialmente intensa.

“La oposición a nuestra propuesta es ante todo ideológica”, nos dice Mlumbi-Peter. Cuando su oficina presentó la propuesta en octubre del año pasado, ella estaba trabajando junto a Mustaqeem de Gama, el exrepresentante comercial a quien Marumo Nkomo reemplazó este año. “Pero lo que teníamos en mente era salvar vidas. Si hubiésemos sido ideológicos, no estaríamos negociando. Estamos dispuestos a ceder, pero no hasta el punto de terminar obteniendo algo sin sentido. Nuestro objetivo es desbloquear la producción global”.

Desbloquear la producción global ha cobrado una nueva urgencia. Hasta hace poco, una de las teorías sostenía que las compañías farmacéuticas occidentales terminarían de suministrar a los países ricos pronto y podrían entonces concentrarse en los países pobres a partir del año próximo. La teoría implosionó cuando en las últimas semanas los países ricos autorizaron las dosis de refuerzo para algunos de sus ciudadanos, demorando así la primera dosis en gran parte del mundo para administrar una tercera a una minoría que ya está vacunada.

En septiembre, la OMC retoma sus actividades tras sus habituales vacaciones de verano. Las discusiones sobre la exención de la propiedad intelectual para los monopolios farmacéuticos comenzarán de inmediato. Mlumbi-Peter es clara sobre lo que debe suceder. Quiere que la OMC formule urgentemente una respuesta apropiada para la emergencia en la que nos encontramos. “No ha habido un compromiso verdadero”, dice. “Necesitamos una verdadera negociación a partir de textos. Necesitamos un mensaje político claro de parte de Estados Unidos que diga que quiere ver un resultado. No creemos que la Unión Europea se mueva de forma independiente de Estados Unidos. Eso nos ayudaría a crear una respuesta creíble de la OMC para la COVID-19”.

Tal y como están las cosas, el peso de dar fin al monopolio global de las vacunas contra la COVID-19 recae en gran parte en los hombros de Mlumbi-Peter y Marumo Nkomo. Han trabajado, a pesar de las devastadoras pérdidas personales y la hostilidad, con una persistencia imperturbable. Cuando ganen, si es que lo hacen, será demasiado tarde para salvar a los seres queridos que ya han perdido en la pandemia. Pero aún estarán a tiempo para el resto del mundo sin vacunar.

Achal Prabhala es el coordinador del proyecto AccessIBSA, que trabaja por el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica. Chelsea Clinton es profesora adjunta en la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia y vicedirectora de la Fundación Clinton en la ciudad de Nueva York.

Traducción de Julián Cnochaert