Los países ricos silencian a sus activistas climáticos mientras predican sobre el derecho a la protesta en el resto del mundo

Los países ricos del Norte están adoptando duras y poco claras medidas disciplinarias para reprimir la protesta contra el cambio climático, a la vez que critican a las autoridades del Sur por aplicar políticas similares.

Son las conclusiones de un informe de la ONG Climate Rights International (CRI), que deja al descubierto el trato cada vez más severo con que se juzga a los activistas climáticos en Australia, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Entre las medidas de represión que emplean los países ricos, el informe detecta detenciones preventivas, situaciones de acoso y largas penas de prisión. Una vulneración en la obligación de los gobiernos de proteger derechos básicos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación. 

El informe de CRI también subraya las críticas que desde estos mismos gobiernos se suele hacer a las autoridades de países en desarrollo por no respetar el derecho a la protesta pacífica. En palabras de Brad Adams, director de CRI, “los gobiernos adoptan con demasiada frecuencia una postura firme en lo que se refiere al derecho de protesta pacífica en otros países, pero cuando en su propio país hay un tipo de protesta que no les gusta, la impiden aprobando leyes y desplegando a la policía”.

Las autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de Europa han respondido a las protestas no violentas contra el cambio climático con detenciones multitudinarias y leyes draconianas que tienen como consecuencia largas condenas de prisión. Algunos políticos y medios de comunicación han calificado de vándalos, saboteadores o ecoterroristas a las personas que participan de este tipo de protestas.

Varios activistas por los derechos humanos y por la protección medioambiental han expresado su preocupación ante estas medidas de represión y piden a los gobiernos que protejan el derecho a la protesta no violenta.

“Estos activistas intentan salvar el planeta y, con ello, salvar a la humanidad”, dijo el año pasado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, al periódico británico The Guardian: “Son personas a las que deberíamos proteger, pero los gobiernos y las empresas las ven como una amenaza a neutralizar; al final, es una cuestión de poder y de economía”.

El agravamiento de la crisis climática ha significado temperaturas récord por todo el mundo en 2024, lo que provocará escasez de alimentos, dificultades económicas y desplazamientos multitudinarios, por no hablar de letales incendios e inundaciones.

Según el informe de CRI, en lugar de tomar medidas urgentes para reducir a toda velocidad los combustibles fósiles y evitar el derrumbe ecológico, muchos países relativamente ricos se han centrado en frenar a los que dan la voz de alarma con protestas y actos de desobediencia civil.

“No hace falta estar de acuerdo con las tácticas de los activistas climáticos para comprender la importancia de defender su libertad de expresión y su derecho a la protesta”, dijo Adams: “Los gobiernos deberían escuchar la petición que hacen los manifestantes por el clima de medidas urgentes para enfrentar la crisis climática, en lugar de encarcelarlos y de debilitar los derechos civiles”.

Los autores del informe se refieren a varios casos de naciones desarrolladas que ensalzan el derecho a la protesta en otros países a la vez que emprenden duras y disciplinarias medidas para reprimir a los activistas climáticos dentro de su territorio.

En julio de este año, por ejemplo, el gobierno británico reaccionó así a un informe de Naciones Unidas sobre el derecho a la reunión y a la protesta pacíficas: “Estos derechos son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, ya que proporcionan a los ciudadanos una plataforma para luchar por un cambio positivo. No obstante, este espacio cívico está cada vez más en entredicho por gobiernos y actores autoritarios que tratan de silenciar a la disidencia porque se sienten vulnerables ante el escrutinio y la rendición de cuentas”.

Estos son algunos de los hallazgos del informe de Climate Rights International: sentencias récord de cárcel por protestas sin violencia en varios países, entre los que figuran Alemania, el Reino Unido, y Estados Unidos; detención preventiva de personas sospechosas de planear protestas pacíficas; aprobación de leyes draconianas para ilegalizar una gran mayoría de las protestas pacíficas; medidas para impedir que los miembros del jurado conozcan durante el juicio las razones por las que los activistas participaron en las protestas pacíficas, lo que según los críticos representa un atentado contra los fundamentos de un juicio justo.

La ONG Climate Rights International ha hecho un llamamiento a los gobiernos democráticos de todo el mundo para que terminen con la represión autoritaria y protejan el derecho de las personas a la protesta. 

En palabras de Adams, “los gobiernos deben considerar a los manifestantes y a los activistas como aliados en la lucha contra el cambio climático, y no como delincuentes. La represión de la protesta pacífica no solo es una violación de sus derechos básicos, sino que puede ser interpretada por gobiernos autoritarios como una luz verde para perseguir en sus países a los activistas por el clima, por el medio ambiente y por los derechos humanos”.