El Parlamento británico es un lugar de trabajo “inseguro” por acoso sexual, según los sindicatos

El Parlamento británico debe actuar para frenar “las aparentemente interminables” acusaciones de abuso y acoso sexual por parte de diputados ya que los partidos políticos no son de fiar a la hora de asegurarse de que sea un lugar seguro para trabajar, según han denunciado dos de los principales sindicatos. Esto sucedió unas horas de la dimisión de los ministros de Economía y Sanidad por la gestión del escándalo por parte del primer ministro en lo que supone una nueva crisis de Gobierno.

Después de que el número 10 de Downing Street admitiera que el primer ministro Boris Johnson tenía conocimiento de las acusaciones por tocamientos contra Chris Pincher antes de nombrarlo jefe adjunto whip, es decir, el encargado de hacer que se cumpla la disciplina de partido, los sindicatos FDA y Prospect aseguran que los políticos están fallando una y otra vez cuando se trata de “gestionar adecuadamente los comportamientos sexuales inapropiados de uno de los suyos”. 

Los dos sindicatos, en los que hay más 1.000 trabajadores del Parlamento afiliados, escribieron una carta conjunta a Lindsay Hoyle, presidenta de la Cámara, pidiendo que el Parlamento tome medidas tras el escándalo en torno a Pincher, que la semana pasada dimitió después de que se supiera que había manoseado en estado de embriaguez a dos hombres en un club privado de Londres.

Presión para Boris Johnson

Ya antes de las dimisiones de sus ministros, Johnson estaba recibiendo criticas por la gestión del caso Pincher. El portavoz del líder conservador reconoció este lunes que el primer ministro estaba al tanto de las acusaciones sobre Pincher antes de nombrarlo en febrero responsable del bienestar de sus colegas.

El número 10 de Downing Street había dicho la semana pasada que el primer ministro no sabía nada de acusaciones “específicas” contra Pincher. Ahora, admite que Johnson tenía conocimiento de acusaciones contra él que “habían sido resueltas o no habían llegado hasta una queja formal”.

Pero la BBC reveló este lunes que Pincher fue investigado por comportamiento sexual inapropiado, con denuncia confirmada, cuando fue secretario de Estado para Europa y América (2019-2020) y que el primer ministro había sido informado al respecto.

The Guardian preguntó el viernes a un portavoz del Gobierno británico si hubo acusaciones contra Pincher por comportamiento sexual inapropiado mientras era secretario de Estado. El portavoz no lo negó pero tampoco lo confirmó: “Existe un procedimiento formal para que cualquier miembro del personal presente acusaciones por comportamientos inapropiados; la política hasta ahora ha sido no comentar ningún asunto relacionado con casos individuales”.

Poco antes de la dimisión de sus ministros, Boris Johnson reconoció su “error” al nombrar a Pincher y pidió “perdón”.

En su carta de dimisión, el ministro de Sanidad, Sajid Javid, dijo que no podía seguir en el Gobierno de Johnson “en conciencia”. Unos minutos después, en su misiva de dimisión, el ministro de Economía, Rishi Sunak, dijo que “el público espera con razón que el Gobierno se comporte de manera adecuada, con competencia y seriedad”.

Más acusaciones

Pincher ha negado otras acusaciones surgidas después de las quejas sobre el incidente en el Carlton Club de Londres. El episodio se suma a otros cinco escándalos de comportamiento sexual inapropiado con parlamentarios tories de la actual Cámara de los Comunes involucrados, mientras aumentan las presiones sobre Johnson para que haga algo al respecto de la cultura del Partido Conservador.

Entre los involucrados figuran Neil Parish, que consumió pornografía en la Cámara de los Comunes; Imran Ahmad Khan, condenado por agresión sexual contra un niño; y David Warburton, sobre el que ahora mismo hay una investigación del organismo de control del Parlamento después de tres acusaciones de comportamiento sexual inapropiado con mujeres (Warburton niega las tres).

El mes pasado un parlamentario conservador que no ha sido identificado fue detenido por sospecha de violación y de otros delitos sexuales. El diputado conservador Rob Roberts fue expulsado temporalmente del partido (manteniendo el escaño) después de que una investigación independiente descubriera que había acosado sexualmente a un subordinado.

Antiguos whip conservadores han contado a The Guardian que desde 2017 se sabía que, en ocasiones, Pincher bebía demasiado y que había sido advertido para que no se metiera en problemas. En noviembre de 2017 tuvo que abandonar el cargo de whip después de que el exmiembro del equipo olímpico de remo y político conservador Alex Story denunciara que Pincher le había hecho aproximaciones sexuales no deseadas. Más tarde, fue absuelto en una investigación interna del partido.

La cadena Sky News también informó de que Carrie Johnson, esposa del primer ministro, cuestionó la idoneidad de Pincher como responsable de la disciplina del partido en 2017, cuando ella trabaja en comunicación del partido.

Inacción de los partidos políticos

Tras el escándalo Pincher y tras la detención de un diputado tory que sigue sin ser suspendido, los sindicatos FDA y Prospect piden a Hoyle que estudie una reforma en la política del Parlamento sobre abusos sexuales durante su próxima conferencia de presidentes (un foro para revisar el funcionamiento de la Cámara de los Comunes). Los sindicatos rescataron los comentarios del diputado laborista Luke Pollard cuando dijo que el Parlamento “no es un lugar seguro para trabajar” y que hay una “lista de acusaciones por comportamiento sexual inapropiado de los diputados aparentemente interminable”.

“Los partidos políticos de toda ideología han demostrado una y otra vez que no se puede confiar en ellos para gestionar adecuadamente el comportamiento sexual inapropiado de uno de los suyos”, escribieron Dave Penman y Mike Clancy, secretarios generales de FDA y Prospect.

“Si no actúan los partidos, tendrá que hacerlo el Parlamento adoptando una política de tolerancia cero con el comportamiento sexual inapropiado de los diputados, y tomándose en serio su responsabilidad de garantizar un lugar de trabajo seguro para las personas que trabajan en él”, dijeron.

Penman y Clancy escribieron que la reputación del Parlamento ha sido “dañada gravemente por los numerosos incidentes de presunto comportamiento sexual inapropiado y de misoginia perpetrados por políticos contra empleados parlamentarios, votantes y otras personas, incluyendo compañeros diputados”, algo que se ha visto agravado con las revelaciones del caso Pincher.

Los secretarios generales también consideran muy significativa la “falta de interés” del Parlamento con estos escándalos y se preguntan: “¿Tiene el Parlamento, como empleador y como institución pública, una opinión sobre la actual crisis de abusos sexuales? ¿Le preocupa al Parlamento que los partidos políticos y el Gobierno no aborden adecuadamente los posibles riesgos para las personas que trabajan y pasan por el lugar? ¿Cree el Parlamento que tiene los poderes necesarios para hacer frente a las infracciones de los diputados contra la ética y las leyes cuando sus partidos no lo están haciendo?”.

Los secretarios generales de los sindicatos sostienen que el mandato para la próxima Conferencia de Presidentes, acordada la semana pasada por la Cámara de los Comunes, debería ser lo suficientemente amplio como para incluir un análisis de las normas de funcionamiento del Parlamento, estudiar si aún cumplen con sus funciones y examinar, en concreto, la incapacidad del Parlamento para retirar a los diputados bajo investigación por abusos sexuales.

También piden que los cursos sobre acoso y abusos sexuales sean obligatorios para todos los diputados. Formada por una comisión de diputados, la actual agenda de la Comisión de Presidentes versa sobre los acuerdos laborales del personal de diputados, con el objetivo de revisar las actuales condiciones de trabajo y prácticas laborales.

Problemas para denunciar

Tras el escándalo del #MeToo en Westminster, que tumbó a varios ministros del Gobierno, el Parlamento introdujo un sistema de quejas y reclamaciones para que las víctimas pudieran presentar sus denuncias de acoso sexual y hostigamiento ante un investigador independiente. 

El problema es que desde su creación, los partidos políticos lleva usando el sistema como una excusa para no llevar a cabo sus propias investigaciones. Jess Phillips, que en la oposición ocupa la responsabilidad de supervisar al Ministerio de Interior, ha advertido de la exigencia de demasiados requisitos a las víctimas para permitirles la presentación de quejas formales. El plan solo cubre a las personas que trabajan en el Parlamento y no a posibles víctimas fuera de Westminster, aunque sí están protegidas las personas que visitan el recinto parlamentario o asisten a actos relacionados con la labor parlamentaria.

“El acoso sexual no tiene cabida en los Comunes”, dice un portavoz de la Cámara de los Comunes. “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestro personal y el código de conducta del Parlamento deja claras las normas de comportamiento que se esperan de todos en el Parlamento, ya sea el personal, los miembros de la Cámara de los Lores, los diputados o los visitantes. Hay tolerancia cero para el abuso o el acoso”, agrega. 

“El código de conducta está respaldado por el sistema independiente de quejas y reclamaciones, que prevé la investigación de las denuncias por intimidación, acoso o comportamiento sexual inapropiado”, concluye.

Traducción de Francisco de Zárate