Cómo el Partido Republicano de EEUU ha intentado este año restringir el voto

2021 pasará a la historia como el año en el que la democracia de Estados Unidos fue atacada desde dentro.

El empeño de Donald Trump por anular los resultados de las elecciones presidenciales en un pulso que culminó con el asalto al Capitolio del 6 de enero fracasó y Biden fue investido. Sin embargo, las mentiras que el expresidente difundió sobre el fraude y la legitimidad de los resultados de 2020 han permanecido en el tiempo de forma peligrosa. Los bulos sobre el proceso electoral han llegado al mismo corazón del Partido Republicano.

Los legisladores republicanos han aprovechado los temores generados por estas afirmaciones infundadas y las han convertido en armas para crear nuevas leyes que dificultan el voto. Entre enero y octubre, 19 estados del país promulgaron 33 leyes para restringir el acceso al voto, según estimaciones del Centro Brennan para la Justicia.

Los republicanos no se han detenido ahí. Ahora es evidente que hay un esfuerzo conjunto para tomar el control de la estructura electoral, para que el proceso se haga en clave partidista. Trump apoya a aquellos que siguen negando la legitimidad de las elecciones presidenciales y que quieren llegar a cargos que controlan las normas de las elecciones y los recuentos. Estos movimientos han aumentado los temores de que Trump esté sentando las bases para otro golpe de Estado en 2024, cuando sus partidarios en esos puestos clave podrían ayudar a anular los resultados de las elecciones.

Estas acciones tienen como telón de fondo el proceso de rediseño de distritos electorales que se lleva a cabo una vez cada diez años y que los republicanos dominan en muchos estados. Los republicanos están aprovechando al máximo ese poder, trazando distritos que afianzarán su control de las legislaturas estatales y que les permitirán ganar escaños en el Congreso en la próxima década.

Joe Biden ha descrito este ataque como “el reto de mayores dimensiones para nuestra democracia desde la guerra civil”. Sin embargo, los demócratas del Senado estadounidense han sido incapaces de aprobar dos proyectos de ley que hubieran blindado en gran medida el derecho al voto. La posibilidad de que Biden y los demócratas del Senado puedan encontrar una forma de aprobar esos proyectos de ley en el Congreso se perfila como una prueba de fuego de su presidencia.

Estos son algunos de los ejemplos de cómo el derecho a voto ha emergido como la historia más importante de la política estadounidense en 2021.

Nuevas restricciones al voto

Cuando los congresos de los estados se constituyeron a principios de 2021, muchos se movilizaron con rapidez para promulgar leyes que dificultan el voto. Muchas de estas nuevas medidas pusieron el foco en el voto por correo; una forma de voto a la que recurrieron una cifra sin precedentes de estadounidenses en 2020.

Una de las batallas políticas más notorias tuvo lugar en Georgia, un estado al que Trump apuntó con acusaciones infundadas de fraude tras una sorprendente derrota ante Biden. Los republicanos promulgaron una ley que obliga a los votantes a proporcionar información adicional de identificación tanto en los formularios de solicitud de voto por correo como en la propia papeleta. También restringieron la disponibilidad de los buzones para depositar el voto, un elemento muy utilizado en los comicios de 2020. La ley también castiga el entregar comida y agua a las personas que hacen cola a menos de 50 metros de un centro de votación.

En Florida, los republicanos promulgaron una nueva ley que restringe la disponibilidad de los buzones de votación, impone nuevas reglas en torno a la delegación del voto y hace que los votantes tengan que solicitar con más frecuencia el voto por correo.

La lucha por las nuevas restricciones al voto estalló en julio, cuando los demócratas del Congreso de Texas abandonaron sus puestos durante varias semanas, impidiendo que los republicanos tuvieran el quórum necesario para aprobar nuevas medidas electorales. Finalmente, los republicanos consiguieron aprobar una ley que prohíbe votar las 24 horas, establece comprobaciones periódicas de ciudadanía en los censos electorales, dificulta la asistencia a los votantes y otorga una mayor autoridad a los observadores electorales de los partidos

Minar la confianza en las elecciones

Un número asombroso de estadounidenses sigue pensando que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas. Una encuesta de la CNN de septiembre concluye que el 36% de los estadounidenses no cree que Biden haya sido el legítimo ganador de las elecciones.

Trump ha alimentado esa incredulidad, ya que ha repetido afirmaciones sobre irregularidades que ya han sido desmentidas. A su vez, republicanos de varios estados siguen pidiendo la anulación del recuento. De hecho, algunos republicanos han ido más allá y han autorizado investigaciones sobre los resultados de las elecciones incluso cuando el resultado ya se había dado oficialmente por válido.

La revisión que tuvo mayor repercusión fue la de Arizona, donde los republicanos contrataron a una empresa sin experiencia electoral llamada Cyber Ninjas, para revisar los 2,1 millones de votos emitidos en el condado de Maricopa, el más poblado del estado. Este trabajo, que duró un mes e incluyó el recuento manual de todas las papeletas, fue muy criticado por los expertos electorales, que señalaron que la empresa tenía una metodología deficiente y que su director había hecho suyas las teorías conspirativas sobre las elecciones. Al final, el trabajo de los Cyber Ninjas confirmó la victoria de Biden en el condado de Maricopa.

Los republicanos de otros lugares han hecho suyas críticas similares. En Wisconsin, los republicanos del congreso estatal han contratado a un juez conservador del Tribunal Supremo ya retirado para que evalúe las elecciones, pero esa labor ha estado marcada por la negligencia y las acusaciones de sesgo partidista. “Es un timo, hablando en plata”, dijo en diciembre Matt Masterson, un exresponsable del Departamento de Seguridad Nacional que trabaja en la gestión del proceso electoral.

Estos intentos han ido acompañados de un empeño aún más alarmante en las legislaturas republicanas para otorgar poder a los legisladores y propiciar que puedan alterar los resultados de las elecciones. El Centro Brennan para la Justicia señala que los congresistas de siete estados, entre ellos Michigan, Arizona, Missouri y Nevada, han presentado este año 10 proyectos de ley que les permitirían anular o cambiar los resultados de las elecciones. Algunos de los proyectos de ley permitirían a los legisladores del partido rechazar directamente los resultados de las elecciones, mientras que otros les permitirían inmiscuirse en el recuento de votos.

Ataques a funcionarios electorales

En el último año, se ha registrado un aumento de administradores electorales que han dimitido por amenazas y acoso. Los expertos están muy preocupados por esta situación y creen que podría dejar espacio a trabajadores inexpertos o que militan en un partido para que tomen el control de las elecciones. Ben Ginsberg, un veterano abogado electoral republicano, señaló a principios de este mes que esta maniobra era un intento de arrebatar la administración electoral “a los profesionales” y dársela “a los políticos”.

Trump también ha respaldado a varios candidatos que han defendido el bulo del fraude electoral y los ha apoyado cuando se han postulado al cargo de secretario de Estado de muchos estados del país. El secretario de Estado de un estado es la máxima autoridad electoral en ese territorio, por lo que tiene un enorme poder para cuestionar los resultados de futuras elecciones. Hasta ahora, ha mostrado su apoyo en las primarias del Partido Republicano en Michigan, Arizona, Georgia y Nevada –todos ellos son estados clave que podrían jugar un papel determinante en 2024–.

Cambios en los distritos electorales

Al comienzo de cada década, los congresistas estatales de Estados Unidos trazan nuevos distritos electorales. En 2020, los republicanos dominaron las contiendas electorales que determinan quién controla el proceso de redistribución de distritos. Y este año, han utilizado su poder de una forma considerable en lo que se conoce como 'gerrymandering'.

En Texas, donde el 95% del crecimiento de la población responde a personas no blancas, los republicanos trazaron mapas que reducen el poder político de las minorías. No han trazado nuevos distritos con mayoría de minorías, lo que da a los republicanos una ventaja para ganar los dos nuevos escaños del estado en el Congreso.

Los republicanos también han tratado de reforzar su ventaja en estados políticamente competitivos como Carolina del Norte, Ohio y Georgia. Los demócratas están manipulando los distritos electorales en estados donde tienen poder, como Illinois y Maryland, pero controlan el proceso de redistribución en muchos menos lugares que los republicanos. Estos distritos amañados protegerán a los republicanos frente a las amenazas a su control político durante la próxima década.

Legislación federal sobre el derecho al voto

Una de las mayores frustraciones del primer año de la presidencia de Biden ha sido que los demócratas no han sido capaces de aprobar en el Congreso dos leyes clave sobre el derecho al voto. Un proyecto de ley establecería un mínimo de acceso en todo el país, garantizando medidas como 15 días de votación anticipada, así como la prohibición de la manipulación partidista de los distritos. El segundo proyecto de ley restablecería una parte fundamental de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que exige a los estados en los que hay pruebas reiteradas de discriminación en el voto que obtengan la aprobación del Gobierno federal para los cambios en el voto antes de que entren en vigor.

Existe una creciente frustración por el hecho de que Biden no haya presionado lo suficiente para eliminar el obstruccionismo en el Congreso conocido como 'filibuster', en el que se han basado los republicanos para paralizar estos proyectos de ley. Los demócratas se han comprometido a encontrar una forma de frenar ese impulso obstruccionista el próximo año.

Traducido por Emma Reverter