Enfrentarse a un embarazo imprevisto y no deseado es una experiencia difícil para cualquiera. Pero en el caso de las adolescentes, quienes tienen que hacer malabares con unas barreras económicas y legales cada vez más restrictivas, “difícil” se queda corto. Y no debería ser así.
Por ejemplo, en 21 estados de EEUU los menores de edad requieren del consentimiento paterno para abortar, en 13 se necesita el permiso de al menos uno de los padres y en otros cinco es obligatoria la firma de ambos progenitores. Pero, ¿en cuántos países se pide la firma y consentimiento de los padres para que un adolescente tenga un bebé? La respuesta es simple, en ninguno.
Está claro que si presuponemos que los jóvenes son lo suficientemente maduros para procrear, lo suficientemente responsables para sacar a un bebé adelante, y lo suficientemente sensatos para tomar la decisión de dar a su hijo en adopción sin el control parental o judicial (excepto en los cinco estados donde los padres deben implicarse legalmente en ese proceso), deberían tener el derecho a decidir si someterse a una intervención médica de 10 minutos.
Pero los legisladores insisten en promulgar más y más leyes que merman la capacidad de las jóvenes para escoger el camino que marcará el resto de sus vidas.
Una cortina de humo en Texas
En Texas, el 1 de enero entró en vigor un procedimiento judicial alternativo que ofrece una segunda vía para abortar, consiguiendo el permiso de un juez en lugar del de los padres. El Tribunal Suprema de Estados Unidos había previsto que este procedimiento alternativo iba a ser ágil y anónimo. Sin embargo, esta nueva ley solicita los datos y el domicilio de los menores de edad y retira la fecha límite para resolver el proceso judicial. Esto significa que un juez en contra del derecho a decidir puede no tomar una decisión durante el tiempo necesario y asegurarse así de que sea demasiado tarde para actuar.
Tina Hester, directora ejecutiva de Jane's Due Process, una plataforma sin ánimo de lucro que aconseja en materia legal a las adolescentes embarazadas, afirmó en un comunicado que “el procedimiento judicial alternativo protegía en sus inicios a aquellas jóvenes vulnerables que no pueden recurrir al apoyo de los padres, pero la Asamblea legislativa de Texas y su gobernador, Greg Abbott, han rectificado la ley para perseguir a las jóvenes abandonadas y víctimas de abusos”.
De hecho, diversos estudios muestran que la mayor parte de los menores que están dispuestos a abortar se lo dirán a sus padres, mientras que los que prefieren no consultarles temen más al dolor físico derivado de la intervención. A veces, la adolescente ha sido víctima de una violación; otras, es incluso el padre o tutor legal quien ha embarazado a la menor en cuestión.
Cuando el gobernador Abbott se disponía a firmar la ratificación de las nuevas normas este verano, Tina Hester describió algunos de los casos reales que ha llevado su organización en el Houston Chronicle. Una adolescente de 17 años cuyos padres habían fallecido en un accidente de coche, una menor que temía ser asesinada por su muy religioso padre, o jóvenes que serían expulsadas de sus casas si se sabía que estaban embarazadas.
Los riesgos de la sobreprotección parental
Contar con un proceso ágil, privado y fácil de manejar es vital para las jóvenes asustadas y vulnerables que tienen que afrontar un embarazo. Esto se hace más evidente cuando las adolescentes tardan en darse cuenta del embarazo y, si están en contra de los abortos tardíos -más arriesgados, caros y donde los estados ponen más trabas-, necesitan recibir un servicio adecuado cuanto antes.
Es irracional e ilógico esperar que una adolescente críe a un bebé, dé a luz o ponga a una criatura en adopción, sin darle la oportunidad de considerar el aborto. La voluntad de los padres de tomar partido en las decisiones importantes de las vidas de sus hijos es comprensible, pero la sobreprotección parental no debería predominar sobre el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo y su propio futuro.
Deberíamos eliminar las segundas vías judiciales entre todos y permitir a los jóvenes decidir por ellos mismos si llevar adelante, o no, un embarazo. Después de todo, la culpa es en parte de aquellos adultos que no han prestado la atención necesaria a los adolescentes. Los controles de natalidad no son lo suficientemente accesibles y económicos para la gente joven, y les enseñamos ideas ridículas y falsas sobre el sexo. No es una coincidencia que aquellos estados que no promueven la educación sexual sean los que registran mayores tasas de embarazo adolescente.
Las políticas aplicadas por adultos que saben muy poco de las vidas de los jóvenes no les ayuda. Permitirles que tomen decisiones informadas, sí.
Traducción de: Mónica Zas