El príncipe Carlos se valió de un controvertido procedimiento para obligar al Gobierno británico a modificar en secreto una propuesta de ley para beneficiar sus propiedades, según documentos descubiertos por The Guardian.
Los documentos oficiales hallados en los Archivos Nacionales de Reino Unido revelan que el Gobierno de John Major (1990-1997) cedió a las demandas de Carlos, ante el temor de que resistirse al heredero al trono pudiera desencadenar una crisis constitucional. El Gobierno cedió para “evitar una gran disputa” con el príncipe.
La revelación de los documentos es una prueba más de cómo la familia real ha aplicado el procedimiento secreto conocido como “consentimiento de la reina” para modificar la legislación en beneficio de sus intereses privados.
Según este procedimiento, la monarca y su hijo mayor reciben por adelantado copias de los proyectos de ley para que puedan examinar si la legislación afecta a sus poderes públicos o sus bienes privados, como la propiedad del Ducado de Cornualles o la residencia situada en Sandringham.
El Gobierno debe obtener el consentimiento previo de la reina y del príncipe para que la legislación correspondiente pueda ser aprobada por el Parlamento. Este procedimiento es diferente a la aprobación real, más conocida, una formalidad que hace que un proyecto de ley se convierta en ley.
La investigación de The Guardian revela que el procedimiento de “consentimiento de la reina” ha sido utilizado por la monarca durante las últimas décadas para presionar en privado con el fin de lograr cambios en la legislación. A lo largo de su reinado, el Gobierno ha necesitado la aprobación de la reina o de su hijo para más de 1.000 actos parlamentarios antes de que fueran aplicados.
El Palacio de Buckingham y el Gobierno afirman que el consentimiento de la reina es una parte “puramente formal” del proceso parlamentario y que la monarca lo concede rutinariamente. El Palacio dice que “el consentimiento siempre es concedido por el monarca cuando el Gobierno lo solicita” y que “este proceso no altera la naturaleza de ningún proyecto de ley”.
Exención especial para el príncipe
Pero los documentos ahora revelados, relativos a una proyecto de reforma de los arrendamientos que se convirtió en ley en 1993, proporcionan pruebas detalladas de la presión ejercida por Carlos sobre el Gobierno para garantizar una exención que impidiera a sus propios inquilinos tener derecho a comprar sus viviendas.
Desde la década de 1960, la familia Windsor ha hecho uso del procedimiento de consentimiento para examinar al menos cuatro proyectos de ley que han modificado la legislación sobre el arrendamiento. En virtud de estas leyes, los inquilinos viven en las propiedades durante un número determinado de años bajo un contrato de arrendamiento, en lugar de ser propietarios absolutos. Las modificaciones han otorgado a los inquilinos de todo el país el poder legal de comprar sus casas a los propietarios en determinadas circunstancias.
Cartas y documentos internos de septiembre y octubre de 1992 muestran que Carlos tenía un “gran interés personal” en Newton St. Loe, un pequeño pueblo de Somerset que forma parte de la hacienda del Ducado de Cornualles, valorada en 1.000 millones de libras (1.158 millones de euros), e insistió en que sus propiedades allí quedaran excluidas del proyecto de ley. Sus presiones le aseguraron una exención especial para el pueblo que, a día de hoy, ha dejado a los inquilinos en una situación económica desfavorable.
Asimismo, los documentos revelan que Carlos se dirigió por escrito al primer ministro John Major de forma directa en octubre de 1992 señalando que en breve recibiría una solicitud para dar su consentimiento al proyecto de ley de arrendamiento, y expresando su “especial preocupación” por otro aspecto de la ley propuesta, al temer que permitiera a los arrendatarios comprar y reformar propiedades históricas sin preservar su “carácter especial”.
Inquilinos sin derechos
Carlos, como heredero del trono, recibe un ingreso anual privado —actualmente de alrededor de 20 millones de libras (unos 23 millones de euros)— como parte de los beneficios obtenidos por el Ducado de Cornualles, un patrimonio inmobiliario. La hacienda de 52.000 hectáreas recauda los alquileres de propiedades en 20 condados de Inglaterra y Gales. Sin embargo, en algunas zonas sus inquilinos tienen prohibido adquirir sus viviendas. Estos inquilinos, cuyo número se desconoce, siguen pagando el alquiler al ducado, dinero que a su vez se paga al príncipe.
El año pasado, después de que una investigación de The Guardian revelara que los Windsor habían examinado varias leyes de reforma de los arrendamientos, el ducado dijo en un comunicado que ni él ni el príncipe habían tenido “ninguna participación en la redacción de la legislación relacionada con cualquier parte de la reforma de los arrendamientos”, incluida lo relativo a que los inquilinos compraran sus propias casas.
En septiembre de 1992, los abogados que representaban al ducado comunicaron en privado al Gobierno su preocupación por las propuestas contenidas en un nuevo proyecto de ley de arrendamiento, y argumentaron que a los inquilinos de Newton St. Loe se les debería negar el derecho a comprar sus viviendas.
David Landale, secretario del ducado, dijo que el pueblo —una de las principales propiedades del ducado— era “particularmente apreciado y valorado por Su Alteza Real debido a su equilibrada mixtura de granjas y bosques”.
El 30 de septiembre, un representante gubernamental, J. E. Roberts, advirtió a los ministros que “la dificultad radica en que el Príncipe de Gales tiene un gran interés personal en el desarrollo de este pueblo”, y añadió que Carlos no veía “ninguna razón por la que ahora deba ceder el control”. “Me han dejado claro que, si el Gobierno desea seguir adelante con este asunto, el príncipe querrá discutirlo al más alto nivel”, dijo.
“Es probable que el príncipe de Gales vuelva sobre Newton St. Loe. Los ministros tendrán que decidir entonces si merece la pena luchar contra él respecto a este asunto”, subrayó Roberts.
Evitar una “gran disputa” con el príncipe
George Young, el entonces secretario de Estado de Vivienda, y otro secretario, Tony Baldry, creían que no estaba justificado impedir que los inquilinos de Newton St. Loe compraran sus casas cuando otros en el país tenían ese derecho, según expresaron en una carta. Se temía que el impedimento sentara un precedente para otros grandes terratenientes.
En una nota del 9 de octubre, Roberts señaló: “No se puede hacer ningún caso especial más allá del hecho de que el príncipe haya desarrollado un interés especial”. Advirtió que el objetivo más importante de los ministros era “asegurar que se obtenga el consentimiento de la reina y del príncipe de Gales para el proyecto de ley... Su consentimiento es necesario antes de que el proyecto de ley pueda ser introducido”.
“En última instancia, supongo que la voluntad de los ministros puede prevalecer sobre la de la monarquía, pero una crisis constitucional añadiría una faceta adicional de controversia a la ley, lo que sería mejor evitar”, escribió.
Roberts advirtió que el Gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de ceder ante el príncipe o mantenerse firme y “buscar un mecanismo para salir del atolladero. Lamentablemente, ¡no me consta que nuestra Constitución nos haya provisto de ningún mecanismo de ese tipo!”.
“Partiendo de la base de que es importante evitar una disputa importante con el príncipe de Gales... Hay razones para dejar el asunto como está... ”, aconsejó Roberts el 22 de octubre. “El secretario puede luchar si así lo desea, mientras reconozca que es probable que esto tenga costes para ambas partes”.
Sin embargo, Baldry respondió: “Probablemente hemos llegado lo más lejos que podemos con esto... Deberíamos dejar el asunto, de momento”. Young estuvo de acuerdo: “Puedo vivir con esto, a mi pesar”. Ese mismo día, el príncipe dio su consentimiento al proyecto de ley.
La exención especial que impedía a los inquilinos de Newton St. Loe comprar sus casas solo se hizo pública en 2002, durante la promulgación de una ley de arrendamiento posterior.
“Es feudal”
Un portavoz del ducado dijo: “El patrimonio del Ducado de Cornualles está exento de la reforma a la legislación de arrendamiento, pero ha aceptado actuar como si estuviera legalmente obligado a acatarla, a excepción de en un número muy reducido de zonas específicamente identificadas, entre las que se encuentra Newton St. Loe. Como pueden imaginar, no comentamos sobre arrendamientos individuales”.
En la práctica, solo un pequeño número de inquilinos de Newton St. Loe se ve afectado por la prohibición. Sin embargo, dicen que han sufrido amargas dificultades financieras como resultado de los derechos especiales del príncipe. Jane Giddins, una de las inquilinas, dice que ella y su marido no pueden hipotecar su casa para pagar seguros de asistencia. Añade que el valor del contrato de arrendamiento de su casa por un plazo de 99 años, que es el principal activo del matrimonio, disminuye de manera constante a medida que se acerca su finalización.
“Es una completa injusticia, es feudal”, dice Giddins. “Como mi propiedad es de alguien inmensamente rico y poderoso, no estoy protegida por la ley que aplica para todos los demás en este país. No puedo hacer nada al respecto”.
Dice que cuando ella y su marido aceptaron el arrendamiento en 1996, el ducado les informó de la prohibición de comprarlo, pero que no tenían forma de saber que el príncipe había presionado para que el pueblo quedara exento de la reforma de la legislación de arrendamiento.
“Me pareció que era tan evidentemente anacrónico y tremendamente injusto que pensé que, para cuando necesitara solucionarlo, la ley ya habría sido modificada. Y no tenía ni idea de que el ducado podría impedirlo”, dice.
Traducción de Julián Cnochaert.