La decisión de un tribunal francés de castigar con nueve meses de prisión a los obreros de la fábrica que retuvieron a sus jefes como rehenes en un conflicto laboral ha disparado la furia de sindicatos y políticos de izquierda.
En 2014, durante un conocido ataque a ejecutivos del pueblo de Amiens, al norte de Francia, ocho empleados de la fábrica de neumáticos Goodyear retuvieron a dos gerentes durante 30 horas en una sala de reuniones. La televisión francesa mostraba al jefe de producción y al director de recursos humanos de la empresa sentados frente a una mesa y mirando fijamente hacia delante mientras los trabajadores les gritaban en los oídos. Durante todo el tiempo que duró el encierro, les permitieron quedarse con sus móviles y les dieron agua y comida.
Los trabajadores argumentaron que se vieron arrastrados a la drástica acción de protesta contra despidos porque las relaciones con la dirección de la empresa no habían hecho sino empeorar durante los últimos seis años.
Las pesadas condenas –dos años de prisión y una suspensión de 15 meses– no tienen precedente en Francia. La tradición francesa de atentar contra los jefes se remonta al menos hasta mayo de 1968, cuando los ejecutivos eran retenidos como rehenes durante la lucha por los derechos. En años más recientes ha habido un aluvión de ataques a directivos, casi siempre sufridos por ejecutivos que llegaban de París con la intención de hablar sobre despidos y terminaban sin permiso para salir de las instalaciones. Por lo general, los tribunales franceses han tendido a tratar los casos con indulgencia.
Para el sindicato CGT, del que forman parte los trabajadores condenados, el veredicto es inaceptable. La confederación acusó al gobierno de querer “intimidar a todos los trabajadores que luchan por sus derechos y sus empleos”.
La rama local del Partido Socialista en el poder también condenó el fallo y dijo que los empleados “habían peleado con dignidad para defender su empleo y su lugar de trabajo”.
Un alto cargo del gobierno de François Hollande llegó hasta a dar el paso sin precedentes de comentar la decisión de la Justicia. Pascale Boistard, secretaria de Estado responsable de los derechos de la mujer y ex diputada de la región donde está la fábrica, habló en Twitter sobre su “emoción” ante sentencias tan graves.
Para los sindicalistas el fallo es muy severo teniendo en cuenta que ni los ejecutivos retenidos –que aseguraron no haber sufrido violencia– ni la empresa habían presentado cargos. “Creemos que la decisión es muy injusta y vamos a apelar”, dijo uno de los condenados, Hassan Bourki. Según otro trabajador, Reynald Jurek, el veredicto es “puramente político”.
Durante el juicio, los abogados explicaron que el enfado que llevó a los empleados a pasar a la acción fue provocado por la “falta de respuestas” de los directivos. La fábrica emplea a 1.143 personas.
En su momento, el magnate de los neumáticos estadounidense Maurice Taylor había descartado la posibilidad de un rescate para la fábrica, además de protagonizar una tormenta política cuando catalogó como vagos a los trabajadores franceses. “En Estados Unidos llamaríamos a esto un secuestro. Esta gente sería arrestada y procesada. En Francia el gobierno no hace nada, parece una locura”, dijo en la emisora de radio Europe 1 cuando ocurrió el ataque contra los directivos.
El malestar por la condena a los empleados de Goodyear coincide con otras acciones legales contra trabajadores de Air France por el incidente de 2015 en el que los trabajadores enfurecidos desgarraron la camisa de un directivo antes de que escapara encaramándose a una valla.
Cinco empleados de Air France se enfrentarán en mayo a un tribunal por aquellas caóticas escenas en las que dos ejecutivos con camisas y chaquetas desgarradas fueron perseguidos al terminar una reunión convocada para tratar la reestructuración de personal. Air France ya echó a cuatro empleados por el incidente y está en marcha el proceso de despido contra un líder sindical.