Una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico fue escenario la semana pasada de acusaciones sobre los vínculos financieros entre dos diputados conservadores y países de la antigua órbita soviética que simpatizan con Vladímir Putin. El presidente de la Comisión llegó a pedir a los testigos que pronunciaron esas acusaciones que no las repitieran y les dijo que no estaban ante un simulacro de juicio.
Las acusaciones se pronunciaron usando lo que se conoce como privilegio parlamentario (que impide en la práctica las demandas de injurias sobre lo dicho en el legislativo) y se referían a Liam Fox, ministro de Comercio, y John Whittingdale, exministro de Cultura.
Tras el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en Salisbury, el diputado tory y presidente de la Comisión de Exteriores Tom Tugendhat había pedido una investigación sobre el papel que el dinero ruso corrupto juega en la economía británica.
Dentro del grupo parlamentario de los tories, Tugendhat ha liderado los llamamientos al gobierno y a las autoridades judiciales británicas para que tomen medidas drásticas contra el blanqueo de dinero ruso, especialmente el de los empresarios cercanos a Putin que son dueños de importantes activos en el Reino Unido.
Durante la presentación de testimonios, el periodista y autor de varios libros sobre la corrupción rusa Oliver Bullough dijo que al ministro de Comercio le habían pagado 5.700 libras esterlinas (unos 6.600 euros) por los derechos de traducción al azerí de su libro, y más de 3.500 libras esterlinas (unos 4.100 euros) para asistir a la presentación.
De acuerdo con Bullough, la tirada y el precio de portada del libro no justificaban ese pago. “No es concebible que se tratara de una propuesta comercial”, dijo.
Tugendhat interrumpió a Bullough y le pidió que fuera muy cuidadoso. “En efecto el privilegio parlamentario le concede este derecho, pero úselo con cuidado y basándose en hechos”, le dijo.
Bullough recordó el precio del libro, el número de ejemplares impresos y el importe del adelanto. Luego dijo: “Puede que haya algo aquí que me estoy perdiendo, pero me parece una presunción de inocencia problemática”.
A continuación, dijo que Whittingdale había aceptado 3.000 libras (unos 3.500 euros) para volar a Viena. “No sé cómo es posible gastarse 3.000 libras en un vuelo a Viena”, dijo. El dinero, según Bullough, había venido de la fundación de un empresario ucraniano justo cuando este se resistía a ser extraditado a EEUU por una solicitud del FBI.
“Creo que tenemos un problema si esperamos que los agentes inmobiliarios, abogados y banqueros no acepten este dinero cuando los miembros de esta casa (por el Parlamento) sí lo están aceptando. En mi opinión, este es un tema sobre el que podría hacerse algo”, dijo.
Bullough también dijo que podía haber mencionado a miembros de los partidos y que no estaba tratando de hacer una denuncia partidista contra uno en concreto.
Tugendhat interrumpió y le dijo que Whittingdale y Fox no tenían la oportunidad de responder en ese momento. También, que Bullough podría presentar pruebas por escrito de forma que los diputados pudieran responder en igualdad de condiciones.
Ante la misma comisión intervino Tom Keatinge, exejecutivo de un banco de inversiones y actual director del centro de delitos financieros del think tank RUSI, también habló en esa comisión. Describió el panorama regulatorio del Reino Unido como altamente fragmentado y se quejó de la falta de fondos que aquejaba al Organismo contra la Delincuencia Grave Organizada, sustituido en 2013 por el Organismo Nacional contra la Delincuencia.
“Somos bastante buenos lidiando con las drogas, los delincuentes y el dinero en efectivo (que cambia de manos) en un aparcamiento, pero en lo que se refiere al blanqueo de dinero de alto nivel, ni con la mejor voluntad del mundo un funcionario medio de la Agencia Nacional contra el Crimen va a entender el tipo de estructuras que solíamos montar en JP Morgan”, dijo.
Roman Borisovich, exejecutivo de seguros y activista anticorrupción, dijo que la falta de una respuesta seria por parte del Reino Unido tras años de blanqueo de dinero ruso “había sencillamente envalentonado a las cleptócratas élites rusas hasta el punto de creerse dueñas de Gran Bretaña”.
La decisión del Reino Unido de expulsar a 23 diplomáticos rusos “implicó que hay 123 oligarcas rusos que están de fiesta, porque sus activos han sido preservados y no ha pasado nada”. “El blanqueo de dinero debe ser un asunto de política exterior, no un asunto penal”, dijo.
En sus palabras, Rusia es un “sistema autocrático construido sobre la exportación de sus fortunas, y es un sistema que se ha vuelto agresivo hacia sus vecinos”. “El proceso está socavando la democracia. El dinero está escondido a plena vista en alguna parte y no se hace nada al respecto”, dijo.
El gobierno británico, según dijo, tiene muchas atribuciones que le permiten actuar, incluyendo las “transferencias de fortunas sin justificación”, la Ley Magnitsky, la posibilidad de revocar la licencia bancaria a bancos estatales rusos como VTB, o la de pedir educadamente a Gazprom que salga de la Bolsa de Londres.
Borisovich también dijo que le había parecido gracioso cómo, exactamente en el mismo momento en que el gobierno británico expulsaba a los diplomáticos rusos, el banco VTB (según Borisovich, la personificación de la corrupción) organizaba la emisión de 4.000 millones de dólares en bonos de deuda rusa con una cláusula pensada para ayudar a los cleptócratas rusos en el extranjero a llevar su dinero a casa.