Las autoridades británicas minimizaron la masacre de miles de disidentes a manos del presidente de Zimbabue Robert Mugabe en los años 80 con el objetivo de proteger sus intereses en el sur de África y su relación con el entonces nuevo gobernante de la antigua colonia, según ha revelado una investigación.
De acuerdo con miles de documentos obtenidos gracias a la ley de transparencia por Hazel Cameron, profesora de relaciones internacionales en la Universidad de St. Andrews, Escocia, autoridades británicas en Londres y en Zimbabue estaban “perfectamente al tanto” de las atrocidades, pero minimizaron continuamente su magnitud. Cameron describe la política como de “ceguera deliberada”.
“El Gobierno británico pudo haber influido en las autoridades en Zimbabue pero dio prioridad a los intereses políticos y económicos. Pudieron haber tomado algunas medidas, pero prefirieron no hacerlo”, explica la profesora.
La llegada y los asesinatos de Mugabe
Mugabe llegó al poder en las elecciones celebradas en 1980 tras una guerra de guerrillas extenuante contra el Gobierno de la minoría blanca en lo que se conocía entonces como Rodesia. Su partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (Zanu-PF) obtuvo más del 60% de los votos.
En 1983, el nuevo líder lanzó una campaña masiva de represión en sectores de Matabeleland, corazón de la minoría étnica ndebele y bastión de su rival político, Joshua Nkomo. La operación, provocada por asesinatos aislados y ataques a la propiedad privada supuestamente a manos del partido político de Nkomo, estuvo encabezada por la Quinta Brigada del nuevo Ejército de Zimbabue y se presentó como una operación dirigida contra “bandidos”. Esta unidad militar había sido entrenada por especialistas militares norcoreanos y su lealtad a Mugabe llegaba al fanatismo.
Durante un periodo de nueve meses, la Quinta Brigada mató, torturó y violó a decenas de miles de civiles desarmados. En total, según creen los historiadores, murieron entre 10.000 y 20.000 personas en estas atrocidades y muchas más sufrieron daños físicos o psicológicos graves.
Los nuevos documentos incluyen cientos de cables diplomáticos intercambiados entre Robin Byatt, el alto comisionado británico (equivalente a un embajador) en Harare, y autoridades en Londres. Estos documentos, afirma Cameron, revelan la actitud oficial de Gran Bretaña respecto a Zimbabue en los primeros meses de las masacres.
En un cable enviado el 24 de junio en 1983, Byatt señala: “Zimbabue es importante para nosotros, fundamentalmente por los grandes intereses económicos y estratégicos de Reino Unido y de Occidente en el sur de África y la posición central que tiene ahí Zimbabue. Otros intereses importantes son la inversión y el comercio... el prestigio y la necesidad de evitar un éxodo masivo blanco. [También] es un bastión contra el avance soviético”.
Cuando el periodista Jeremy Paxman llegó a Zimbabue en marzo de 1983 para hacer un documental para la BBC, Byatt denunció que el periodista estaba adoptando “abiertamente una visión pesimista y sensacionalista”.
Cuando el entonces ministro de Exteriores británico, Geoffrey Howe, pidió la reacción del diplomático a un artículo publicado en Newsweek que describía de forma gráfica la violencia de la Quinta Brigada, Byarr afirmó que su autor tenía “reputación de sensacionalista”. “Por supuesto que el comportamiento de la Quinta Brigada ha sido cruel pero [altas autoridades militares británicas] tienen la impresión de que no está fuera de control”, escribió.
Cuando la violencia de Matabeleland se intensificó, Byatt transmitió las acusaciones de matanzas lanzadas por políticos de la oposición en Zimbabue y comunicó a Londres que había recibido informaciones de actos de crueldad generalizada incluidos asesinatos, violaciones y tortura.
La mejor estrategia
Con los diplomáticos occidentales en Harare cada vez más preocupados, Byatt señaló confiado: “Nuestra mejor estrategia es seguir intentando ofrecer asesoramiento constructivo, en lugar de simplemente crítico, si lo que queremos es influir en las decisiones de Zimbabue”.
La política de entablar relaciones amistosas con Mugabe estaba apoyada por los responsables del Ministerio de Exteriores. La campaña de violencia, conocida como Gukurahundi —una palabra local para el viento que separa la paja del grano—, continuó hasta 1984.
Jilly Byarr, esposa del ex alto comisionado, afirma que las críticas a su esposo, que está enfermo, están fuera de lugar y que la decisión de acercarse a Mugabe en lugar de enfrentarse a él salvó vidas. “Era muy importante mantener buenas relaciones. Las críticas agresivas no nos hubiesen llevado a ninguna parte. Simplemente no hubiese funcionado”, asegura.
“Mugabe acababa de empezar a recuperar la confianza en los británicos, y no se hubiese obtenido nada perdiendo esa confianza. Las matanzas simplemente hubiesen empeorado. Es inconcebible pensar que pudimos haber ayudado de alguna forma a las actividades de la Quinta Brigada”. Varios expertos afirman que la influencia de entonces de los extranjeros en Zimbabue era más limitada de lo que en ocasiones se sugería.
Stuart Doran, historiador y autor de un próximo libro sobre las atrocidades, señala: “El Gukurahundi estuvo liderado por Mugabe y el Zanu-PF de principio a fin. Esto fue un asunto interno pero no hay duda de que los británicos cometieron errores graves. En 1983, cuando comenzaron las masacres, miembros del Alto Comisionado se tragaron buena parte de la propaganda de Mugabe sin la reflexión adecuada. Se había convertido en un hábito... y no eran los únicos. Muchos otros diplomáticos occidentales hacían lo mismo”.
Impunidad en el Gobierno
Ninguno de los responsables ha sido castigado por las autoridades por los hechos de los ochenta. Entre los implicados hay muchos que hoy en día son destacadas figuras políticas del país. Mugabe ha celebrado recientemente su 93º cumpleaños y lleva en el poder 36 años.
Emerson Mnangagwa, el vicepresidente de 70 años, aparece en los nuevos documentos en una carta del magnate británico Roland 'Tiny' Rowland al embajador estadounidense. Rowland, cuyo conglomerado empresarial Lonrho tenía grandes inversiones en Zimbabue, escribió que estaba “absolutamente convencido” de que Mugabe conocía las atrocidades y denunció que Mnangagwa, entonces ministro de Seguridad, era “plenamente consciente” de ellas.
Mnangagwa, que niega cualquier responsabilidad en las matanzas de Matabeleland, es el favorito de muchos observadores para suceder a Mugabe tras su muerte.
“Los supuestos responsables siguen al mando de la infraestructura política y militar de Zimbabue. Es muy difícil que los supervivientes y sus familias reciban algún tipo de justicia”, explica Cameron.
Thembani Dube, superviviente de la masacre y activista de derechos humanos, afirma que la investigación “aclara el papel de cómplice del Gobierno británico de Margaret Thatcher”.
La reacción de las autoridades británicas y del Gobierno en ocasiones contrastaba con el de los diplomáticos estadounidenses, a pesar incluso de que la política oficial ha sido prácticamente la misma.
George Shultz, el entonces secretario de Estado estadounidense, explica: “Las operaciones militares de la Quinta Brigada en Matabeleland lograron aterrorizar, intimidar y marginar a la gente de Matabeleland”.
Diplomáticos estadounidenses informaron de que el Ministerio de Exteriores británico priorizó “las relaciones bilaterales” con Zimbabue y se quejaron de que las autoridades británicas estaban “defendiendo en exceso lo que ha estado ocurriendo en Matabeleland”, describiéndolas como “prácticamente defensoras del Gobierno de Zimbabue”.
Masacres “exageradas”
En un artículo académico publicado recientemente detallando su investigación, financiada por la propia profesora, Cameron menciona un cable diplomático de Byatt en el que este apunta: “La Quinta Brigada está tratando a la comunidad campesina blanca (una parte importante de la cual es británica o de doble nacionalidad) de forma cuidadosa y correcta. Aunque a la comunidad no le gustan los métodos empleados, se siente aliviada de que su propia seguridad haya mejorado considerablemente como resultado del despliegue de la Quinta Brigada”. Esto, explicaba Byatt, es “el otro lado de la moneda” de las supuestas atrocidades.
Una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Exteriores británico, aparte del bienestar de los ciudadanos británicos en la recién independizada Zimbabue, era el efecto en la opinión pública de Gran Bretaña de las informaciones sobre atrocidades.
Destacados representantes que visitaron Zimbabue durante la ofensiva Gukurahundi no mencionaron las atrocidades en los informes parlamentarios a su regreso.
Cuando el príncipe Carlos se reunió con Peter Preston, entonces redactor de the Guardian, y con Donald Trelford, entonces redactor de the Observer y quien había publicado las atrocidades que él mismo había presenciado tras una breve visita a Zimbabue en 1984, el príncipe afirmó que el Ministerio de Exteriores le había dicho que “esas masacres en Matabeleland estaban exageradas”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti