En 2015, la revista Global Water Intelligence publicó un llamativo editorial que llevaba por título 'Exorcismo a la palabra que empieza por R'. La revista, dedicada a las empresas de agua, denunciaba la “farsa” de permitir que “la propaganda mal documentada de un par de ONG” interfiriera en los intereses del sector privado en el negocio. ¿Y cuál era esa palabra impronunciable, capaz de provocar una reacción tan defensiva? 'Remunicipalización'. O lo que es lo mismo: que las autoridades locales recuperen la propiedad de bienes y servicios privatizados.
La revista defendía que “era posible que personas informadas con responsabilidades en el sector se tomaran en serio” esta peligrosa idea, debido a todos los “argumentos válidos y racionales que respaldan la participación del sector privado” en el suministro de agua.
El artículo no lo decía, pero estaba implícito en su ataque: en la batalla por la propiedad del agua, el sector privado parece estar retrocediendo. Solo en Francia se han producido al menos 110 remunicipalizaciones en servicios de agua y saneamiento desde el año 2000.
En 2008, el ayuntamiento de París recuperó el agua de manos del sector privado: consiguieron un ahorro de 35 millones de euros en el primer año, redujeron las tarifas un 8%, reinvirtieron los beneficios en obras de mantenimiento –en lugar de repartirlos entre los accionistas– y ampliaron el acceso gratuito a los servicios de agua y saneamiento para los habitantes de la capital francesa.
La agencia municipal, Eau de Paris, instaló incluso fuentes gratuitas de agua con gas. Tal vez suene como una idea cómica francesa, pero lo cierto es que no costó mucho y tuvo una gran repercusión medioambiental por los miles de botellas de plástico que se evitaron. También sirvió para demostrar un punto importante: cuando la infraestructura urbana pertenece al sector público y no a empresas con afán de lucro, todo el mundo puede disfrutar de sus beneficios y no solo los accionistas.
Es difícil imaginar un eslogan pegadizo con la palabra remunicipalización. Tal vez es algo extraño y aburrido –devolver infraestructura a la gestión pública no es lo que se considera una política 'sexy'– pero lo cierto es que la remunicipalización es cada vez más popular en todo el mundo. Desde Ámsterdam, el centro de estudios Transnational Institute (TNI) lleva años hablando del tema: en El futuro es público, su último informe, registra más de 1.400 remunicipalizaciones en más de 2.400 ciudades de 58 países desde el año 2000.
Los programas de asistencia social en Selangor (Malasia), las viviendas privatizadas de Berlín, el servicio de recogida de basuras en Winnipeg (Canadá) o la limpieza del transporte público en Seúl son algunos de los casos que recoge el informe.
El estudio está lleno de historias de éxito: los chilenos disfrutan de medicinas radicalmente más baratas desde que se crearon 40 nuevas farmacias públicas en el país; en Chattanooga (Tennessee), los 141 nuevos proveedores públicos de telecomunicaciones están llevando Internet a lugares donde las empresas privadas habían decidido que no valía la pena; y en la ciudad búlgara de Dobrich ha habido un recorte del 47% en el consumo de electricidad para el alumbrado público desde que el servicio pasó a manos públicas en 2018 y las autoridades locales instalaron bombillas LED de alta eficiencia energética.
Los beneficios de la remunicipalización se dividen en dos grandes categorías. En primer lugar, sirven para corregir lo que no funcionaba en las ciudades tras décadas de privatización, explotación de beneficios y generación de desperdicios. En segundo, para forjar un nuevo sentido del bien público.
Según Cat Hobbs, de la organización de Oxford We Own It [Nos pertenece], “la privatización y la subcontratación de los últimos 30 o 40 años han fracasado”: “Tiende a costarnos más, recibimos peores servicios, tenemos menos control sobre ellos, y tienen menos responsabilidad democrática frente a nosotros, los ciudadanos”, explica.
En su opinión, también es “una cuestión moral”. “A menudo hablamos de monopolios naturales como el agua, donde la competencia no tiene sentido y donde el mercado no debe entrar. Cuando decimos que hay que poner a la gente por delante de los beneficios, todo el mundo lo entiende”, indica.
La alternativa, apunta, es un sistema en el que la propiedad pública local proporcione a las comunidades mejores trabajos y más estables, priorizando la sostenibilidad antes que los dividendos para accionistas. Desde la asistencia social hasta las bibliotecas o la recogida de basura, la privatización ha reducido estos servicios hasta la médula.
La remunicipalización podría sonar bien en el Reino Unido del Brexit. “Sabemos que una parte del Brexit tiene que ver con que la gente quiere que las decisiones se tomen cerca de su lugar de residencia”, dice Hobbs. “Se trata de un sentido de responsabilidad, de soberanía económica, y de recuperación del control”.
¿Por qué no ayudar a la gente a “recuperar el control”, trascendiendo el referéndum de 2016 sino del voto y mirando cómo votó durante las últimas elecciones británicas? Tal vez la remunicipalización sirva para responder algunas de las preguntas que se están haciendo ahora los laboristras sobre los núcleos perdidos, sobre la reconstrucción del área ciudadana, y del sentido de comunidad local y participativa en las ciudades postindustriales.
Según Hobbs, “limitarse a entregar los servicios públicos a la multinacional capaz de hacerlo de la forma más barata no es una forma de demostrar que se valora a nuestras comunidades”. Considera que es algo “fundamental” para tener “una sociedad decente”.
La remunicipalización es un movimiento local pero también un fenómeno global, con ayuntamientos progresistas de todo el mundo intercambiando mejores prácticas así como ideas radicalmente nuevas. Este intercambio es el brazo político de la organización Fearless Cities [Ciudades sin miedo] y el libro del mismo nombre, que aglutina el creciente movimiento municipalista.
La mejor manera de entender Fearless Cities es como un programa que trata de recuperar parte del territorio perdido a manos de la ortodoxia privatizadora que comenzó a extenderse por el mundo en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Instituciones como el FMI, la OMC y el Banco Mundial están detrás de las privatizaciones y de las duras condiciones de unos préstamos que fomentaban la venta de activos públicos.
Hasta que llegó la crisis financiera mundial de 2008 y resquebrajó la idea de que el sector privado era la mejor opción posible para las ciudades. Es revelador que la primera respuesta política a la crisis comenzara en 2011 con el movimiento Occupy en espacios públicos de ciudades como Atenas, Madrid, Londres y Nueva York. Estos 'movimientos de las plazas' pronto encontraron su expresión política a nivel nacional en partidos nuevos como Podemos y como Syriza, o en el ascenso de políticos como Bernie Sanders y Jeremy Corbyn.
No es casualidad que los mayores éxitos se hayan dado en las ciudades donde comenzaron: la recuperación de bienes públicos se ha hecho en ayuntamientos con gobiernos que vienen de esos movimientos en la calle. En 2015 llegaron al poder las nuevas “plataformas municipales” a las ciudades de Barcelona, Madrid, Cádiz y Valencia, entre otras; y en España, el informe El futuro es público registra 119 casos de remunicipalizaciones (solo aventajada por Estados Unidos y por Francia), entre servicios de energía, basuras, funerarios y de comedores escolares. Como en Francia, destaca la devolución del agua a la gestión pública. Bajo el lema 'Aigua és Vida', en Cataluña ha habido 27 remunicipalizaciones desde 2010.
A veces, la manera más fácil de terminar con la privatización es simplemente 'municipalizando', sin el prefijo 're'. Se trata de crear una nueva organización pública que se enfrente al cartel existente. Decididas a mejorar la autosuficiencia y la sostenibilidad medioambiental, Ada Colau y su movimiento político 'Barcelona en Comú' llevan luchando contra las corporaciones energéticas desde su elección como alcaldesa en 2015. En junio de 2019, la empresa del ayuntamiento Barcelona Energía comenzó a suministrar electricidad a partir de energía 100% renovable a instalaciones y edificios del ayuntamiento de Barcelona así como a 20.000 hogares. Actualmente es la más grande de su tipo en España, está instalando paneles solares en los tejados de edificios públicos y espera seguir creciendo.
Según Sol Trumbo, especialista en remunicipalización del centro de estudios TNI, este tipo de acción local “es la mejor manera de concretar la necesidad de defender los servicios públicos”. En su opinión, centrarse en las posibilidades de cambio a nivel municipal tiene varias ventajas estratégicas, especialmente para los partidos de izquierda.
“Si uno se enfrenta al pensamiento y los dogmas neoliberales, es mucho más difícil encontrar una posición clara sobre asuntos tan complejos como la pertenencia a la UE o a la OTAN”, sostiene. “Pero si tu debate político gira en torno a preguntas sobre si hay suficientes parques, si funciona o no el transporte público o si hay demasiados coches en las calles, las preguntas son realmente tangibles y cercanas a la gente, por lo que es más fácil para los políticos progresistas dar respuesta”.
Los temas deberían ser aún más cercanos. La remunicipalización no es simplemente una complicada transferencia de activos que pasan de propiedad privada a pública, un cambio de papeles que para el común de los ciudadanos pasa inadvertido. Por el contrario, su objetivo es aumentar la participación en la toma de decisiones, impulsar la democracia local y la energía ciudadana, y hacer que los servicios sean más justos y accesibles.
“En estos momentos de incertidumbre política y desconfianza, que las cosas sean locales y próximas es algo realmente útil”, defiende Trumbo. “¿Qué mejor manera de reconstruir la comunidad, las conexiones entre las personas y el orgullo de un lugar? Brindo por ello con mi agua con gas gratuita”.
Traducido por Francisco de Zárate.
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