Solo 45 días: si los republicanos se salen con la suya, este será el tiempo que tendrán las mujeres para denunciar su violación si quieren abortar.
Para ponerlo en perspectiva, se trata solo de una falta en el curso normal de la menstruación, aun contando con que los ciclos de esa mujer sean regulares y que incluso la afectada esté prestando atención, dado que ha sido violada hace unas pocas semanas. Si una mujer que ha sido violada no denuncia el ataque en un espacio tan corto de tiempo, el Estado no le permitirá poner fin a su embarazo.
La nueva ley de Iowa contraria al derecho a decidir –que prohíbe el aborto si hay un latido cardíaco en el feto, algo que ocurre a partir de las cinco o seis semanas de embarazo– ha despertado la atención de los medios básicamente porque sería un ataque directo al Caso Roe contra Wade, cuyo fallo despenalizó el aborto inducido en el país. Y eso es exactamente lo que los arquitectos de esta ley pretenden hacer.
Pero lo que ha pasado en gran medida desapercibido es que las supuestas excepciones del proyecto de ley para la violación y el incesto son tan tremendamente restrictivas que harían casi imposible que las víctimas de violación aborten. Y esto, por supuesto, es lo importante.
Los republicanos saben que dos de cada tres víctimas de violación no denuncian los hechos a la policía. También saben que las víctimas de incesto –que tienen 140 días para denunciar bajo la normativa propuesta– a menudo no cuentan lo que ha pasado ni siquiera a los médicos de familia porque los médicos tienen la obligación legal de denunciar. Las niñas a menudo tienen miedo de hablar a alguien sobre un incesto porque tienen un temor razonable a obligarles a vivir en un hogar de acogida o de que su pariente tenga problemas.
La reticencia de las mujeres a denunciar se basa en buenas razones. Incluso a día de hoy, la policía y los médicos abordan mal estos casos, culpan a las víctimas y las traumatizan todavía más. Pero las leyes como las de Iowa no tratan de proteger a las mujeres o de hacer lo que es mejor para ellas; tratan de forzar a las niñas y a las mujeres a ser madres, quieran o no.
También hay algo particularmente problemático en forzar a las mujeres a “demostrar” sus abusos antes de que el Estado les permita llevar a cabo un procedimiento médico. Cuando leí por primera vez sobre la ley, me acordé de una escena de la distopía 'El cuento de la criada', donde el esposo de June necesita firmar un “permiso” para obtener anticonceptivos.
Ya vivimos en un país en el que las mujeres tienen que demostrar su valor para recibir atención médica a través de una institución masculina (el Gobierno), y numerosos estados han intentado aprobar leyes que obliguen a las mujeres a obtener el permiso de sus esposos antes de obtener un aborto. El año pasado, una ley en Arkansas pretendía obligar a las mujeres a notificar a su violador su intención para poder abortar (ha sido paralizada por un recurso ante los tribunales).
Las excepciones contempladas en la ley de Iowa operan desde casi el mismo punto que toda la legislación contraria a la libertad de elección: que no se puede confiar en las mujeres. Que mentimos sobre nuestras violaciones y que no podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo sin la intervención de los políticos varones. Se trata de una postura especialmente interesante en un momento en el que las mujeres de todo el país exigen que sus historias de acoso sexual sean creídas y sean tomadas en serio.
Así que veamos la ley de Iowa –y otras leyes como esa– como la amenaza que supone para los derechos del aborto en general. Pero también tomemos nota de las formas cada vez mayores en las que los estados intentan, y a menudo logran, erosionar los derechos de las mujeres. Todo es horrible y todo importa.
Traducido por Cristina Armunia Berges