Revés judicial para Elon Musk y su DOGE: un juez determina que el cierre de USAID “probablemente violó la Constitución”

Un juez federal ha dictaminado este martes que Elon Musk y su llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) probablemente violaron la Constitución de EEUU al cerrar USAID, ordenando a la administración de Trump revertir algunas de las acciones que tomó para desmantelar la agencia.

La decisión del juez de distrito de EEUU Theodore Chuang representa un revés significativo para la emblemática operación del gobierno destinada a desmantelar las oficinas federales.

Como parte de una orden judicial que obliga a la administración de Trump a dar marcha atrás, el juez ha detenido los trabajos para despedir a funcionarios y contratistas de USAID y ha ordenado restablecer el acceso de los exempleados a sus correos electrónicos gubernamentales, así como a los sistemas de seguridad y pagos.

El juez también ha ordenado a la administración permitir que USAID regrese a su sede, actualmente clausurada, en el edificio Ronald Reagan, en caso de que prospere el caso que impugna el cierre de la agencia. Se espera que la administración apele el fallo.

La demanda, presentada en un tribunal federal de distrito en Maryland por más de dos docenas de exempleados anónimos de USAID, cuestiona el papel de Musk en la eliminación del sitio web de USAID y el cierre de su sede.

Chuang escribió en su opinión de 68 páginas que Musk probablemente violó la cláusula de nombramientos de la Constitución al actuar con los amplios poderes de un “funcionario de los Estados Unidos”, una designación que requiere confirmación del Senado.

El tribunal considera “que las acciones tomadas por los demandados para cerrar USAID de manera acelerada, incluida la aparente decisión de clausurar permanentemente la sede de USAID sin la aprobación de un funcionario debidamente designado de la agencia, probablemente violaron la Constitución de los Estados Unidos en múltiples formas. Además, estas acciones perjudicaron no solo a los demandantes, sino también al interés público, ya que privaron a los representantes electos en el Congreso de su autoridad constitucional para decidir si, cuándo y cómo cerrar una agencia creada por el Congreso”.

“Si un presidente pudiera eludir el escrutinio de la cláusula de nombramientos permitiendo que asesores fueran más allá del rol tradicional de comunicar las prioridades del presidente a los jefes de agencia”, escribió Chuang, “la cláusula de nombramientos se reduciría a nada más que una formalidad técnica”.

La administración de Trump ha afirmado durante semanas que las medidas para desmantelar USAID fueron llevadas a cabo por los máximos dirigentes de la agencia —actualmente el secretario de Estado, Marco Rubio, y el administrador interino, Pete Marocco—, quienes implementaban recomendaciones de Musk.

Sin embargo, Chuang rechazó esa afirmación en relación con el cierre de la sede de USAID y la eliminación de su sitio web, señalando que la administración no presentó pruebas de que esas acciones fueran autorizadas formalmente por un funcionario de USAID.

En estas circunstancias, las pruebas favorecen la conclusión de que, contrario a la afirmación general de los demandados de que Musk actuó solo como asesor, Musk tomó la decisión de cerrar la sede de USAID y su sitio web, a pesar de que carecía de la autoridad para tomar esa decisión, escribió Chuang.

La orden judicial llega después de seis semanas de agitación sin precedentes en USAID, donde 5.200 de sus 6.200 programas globales fueron cancelados abruptamente, el personal fue bloqueado del acceso a instalaciones y sistemas, y empleados recibieron órdenes de destruir documentos clasificados usando trituradoras y bolsas de incineración.

La fuerza laboral de la agencia se ha reducido drásticamente, pasando de más de 10.000 empleados a solo 611. Rubio ha descrito los programas restantes como “listos para ser absorbidos” por el Departamento de Estado, lo que recientemente calificó como una “reforma histórica y necesaria desde hace mucho tiempo”.

La sede de USAID se convirtió en un punto clave de la controversia cuando varios empleados informaron al Guardian en febrero que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) habían realizado extensas inspecciones en las instalaciones, aparentemente para hacerse cargo del edificio mientras los empleados de la agencia seguían sin poder ingresar.

Posteriormente, Politico informó que CBP había tomado oficialmente el control del espacio de oficinas y firmado un contrato de arrendamiento, según un portavoz de la agencia. El plazo de 14 días establecido en la orden judicial para que la administración confirme que USAID puede regresar a su edificio sugiere que el espacio ya podría haber sido reasignado.

La orden judicial también prohíbe a DOGE publicar información personal sin censura de los contratistas de USAID y detiene más acciones de desmantelamiento, incluidas terminaciones de contratos, cancelaciones de contratos y eliminación permanente de registros electrónicos.

Esto podría representar un problema legal serio para Musk y el resto de DOGE, ya que un correo electrónico interno obtenido por el Guardian reveló que el personal había recibido instrucciones de pasar el día destruyendo documentos clasificados como “SECRETOS”, lo que podría haber violado la Ley de Registros Federales. Esta ley prohíbe la destrucción de documentos gubernamentales antes del período de retención designado, que generalmente es de al menos dos años.