El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido que se procese a Vladímir Putin por crímenes de guerra tras el descubrimiento en Bucha (Ucrania) de fosas comunes y cuerpos de civiles a los que se había disparado a quemarropa. Pero llevar al presidente ruso a juicio no sería nada sencillo.
¿Qué son los crímenes de guerra?
La Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente para crímenes de guerra del mundo, define “crímenes de guerra” como “violaciones graves” en los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes humanitarias que acatar en tiempos de guerra.
Jonathan Hafetz, especialista en derecho penal internacional y seguridad nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall, dijo a la agencia de noticias Reuters que la ejecución de civiles, como la denunciada en Bucha, es el “crimen de guerra por antonomasia”.
Rusia sigue negando su culpabilidad. El Ministerio de Defensa ruso insistió el domingo en que “ni un solo civil se ha enfrentado a acciones violentas de parte de los militares rusos”.
¿Cómo se puede construir un caso así?
Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo el lunes en rueda de prensa que existen cuatro fuentes principales de pruebas: la información recopilada por Estados Unidos y sus aliados, incluida la procedente de fuentes de inteligencia; los propios esfuerzos de Ucrania en el lugar de los hechos para desarrollar el caso y documentar las pruebas forenses de los asesinatos; el material de organizaciones internacionales, incluidas Naciones Unidas y las ONG; y los hallazgos de los medios de comunicación independientes internacionales, obtenidos mediante fotos, entrevistas y documentación.
¿Se puede responsabilizar a Putin por las acciones de sus tropas?
La fiscalía podría argumentar que Putin y su círculo cometieron un crimen de guerra al haber ordenado directamente un ataque ilegal o al haber sabido que se estaban cometiendo crímenes y no impedirlos. Este caso podría ser difícil de comprobar de forma aislada, pero si encaja en un patrón más amplio extendido en toda Ucrania, se vuelve más convincente. Estados Unidos ya ha acusado a Rusia de crímenes de guerra, incluso antes de Bucha.
Philippe Sands, profesor del University College de Londres, dijo a la agencia Associated Press: “Hay que demostrar que lo sabían, o que podrían haberlo sabido, o que deberían haberlo sabido. Existe un riesgo real de que en tres años se acabe juzgando a personas de rango medio y que los principales responsables de este horror —Putin, Lavrov, el ministro de Defensa, los agentes de los servicios de inteligencia, los militares y quienes lo financian— queden libres de toda culpa”.
¿Quién llevaría a cabo el juicio?
La CPI fue creada hace 20 años para procesar a perpetradores de genocidios y crímenes de lesa humanidad. Pero Estados Unidos, China, Rusia y Ucrania no son miembros del tribunal, que ha sido objeto de críticas por centrarse demasiado en África y aplicar una “justicia selectiva”.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo en febrero que había abierto una investigación sobre crímenes de guerra, en respuesta a la invasión rusa en Ucrania. A pesar de no ser signataria, Ucrania había aprobado con anterioridad una investigación que se remonta a 2013, en la que se incluye la anexión de Crimea por parte de Rusia.
La CPI emite órdenes de arresto si los fiscales pueden demostrar que hay un “motivo razonable” en el que basarse para creer que se han cometido crímenes de guerra. Pero sería poco probable que Rusia cumpla y la CPI no puede juzgar a alguien en ausencia. Asimismo, la falta de voluntad de EEUU para unirse al tribunal es incómoda diplomáticamente y, en caso de suceder, probablemente provoque acusaciones de “hipocresía occidental”.
Donald Trump dijo una vez en la Asamblea General de la ONU: “En lo que respecta a Estados Unidos, la CPI no tiene jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad”. Su Gobierno anunció que Estados Unidos impondría prohibiciones de visado a los funcionarios de la CPI implicados en una posible investigación del tribunal sobre estadounidenses involucrados en presuntos crímenes cometidos en Afganistán.
Pero Sullivan dijo el lunes: “En el pasado, Estados Unidos pudo colaborar con la Corte Penal Internacional en otros contextos, a pesar de no ser signatario. Pero hay una variedad de razones por las que también podrían tenerse en cuenta juzgados alternativos”.
¿Cuáles son estos “juzgados alternativos”?
La ONU parece ser un punto de partida obvio. Pero uno de los problemas de pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU es que Rusia es miembro permanente. “Es difícil imaginar que no intentarán ejercer su veto para bloquear algo”, observó Sullivan.
Otra opción podría ser un tribunal especial organizado por un grupo de países. Los Juicios de Nuremberg fueron creados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética para llevar a la justicia a los líderes nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Los modelos potenciales para el caso de Ucrania podrían ser los tribunales creados con el fin de juzgar los crímenes de guerra cometidos durante las Guerras de los Balcanes a principios de los años 90 y el genocidio de Ruanda en 1994. Otro ejemplo fue el Tribunal Especial para Sierra Leona, creado en 2002 con el respaldo de la ONU, para llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades perpetradas a partir de 1996 durante la guerra civil del país.
¿Y una acusación diferente?
Sería más fácil procesar a Putin por el delito de agresión, como resultado de haber emprendido una guerra no provocada contra otro país soberano. La CPI no tiene jurisdicción sobre Rusia por el crimen de agresión porque Rusia no es signataria.
El mes pasado, decenas de destacados abogados y políticos —entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba y el ex primer ministro británico Gordon Brown— lanzaron una campaña para crear un tribunal especial que juzgue a Rusia por el crimen de agresión en Ucrania.
¿Cuánto podría durar un juicio?
Probablemente muchos años. El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia acusó a su primer jefe de Estado, el entonces presidente yugoslavo Slobodan Milošević, en 1999 y lo encarceló en 2001. Su juicio comenzó en 2002 y seguía en marcha cuando Milošević murió en La Haya en 2006.
Charles Taylor, expresidente de Liberia, fue declarado culpable de complicidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por apoyar a rebeldes que cometieron atrocidades, tras cuatro años de audiencias en el tribunal especial para Sierra Leona en La Haya.
Traducción de Julián Cnochaert