Para Mustaqeem De Gama, delegado del Gobierno sudafricano ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre derechos de propiedad intelectual, es hora de hacer frente al dominio de las grandes farmacéuticas sobre la medicina global para lograr un acceso más justo a las vacunas.
Sostiene, además, que la lucha por las vacunas contra la COVID-19 debería poner sobre aviso a los países ricos acerca del poder de las empresas, que buscan la rentabilidad y controlan la producción de medicamentos esenciales.
“Roma se quema y nosotros, esperando”, ha dicho De Gama, que pide a los países en los que muchas de estas empresas tienen sus sedes que dejen de bloquear la exención a las patentes propuesta en la OMC.
Respaldada por decenas de países en desarrollo, la propuesta, presentada por Sudáfrica e India, argumenta que suprimir los derechos de propiedad intelectual permitiría vacunar rápidamente a una mayor parte de la población mundial al aumentar la producción. La iniciativa, a la que se han opuesto principalmente los países ricos, se volverá a debatir este martes en una reunión en la OMC.
Fabricar sus propias vacunas
“Las primeras vacunas eficaces estaban listas hace cuatro o cinco meses. ¿Habría cambiado la situación si tuviéramos la capacidad de fabricarlas? Yo estoy convencido”, dice De Gama.
Los suministros escasean después de que los países ricos compraran más vacunas de las que necesitan, por lo que se estima que muchos países de ingresos bajos podrían esperar hasta 2024 para alcanzar a la inmunización masiva.
Los países de ingresos bajos y medios van a recibir suministros de vacunas a través, sobre todo, de la iniciativa COVAX, encabezada por Gavi, la Alianza para la Vacunación, una asociación de carácter público y privado. Pero muchos argumentan que no son suficientes y dependen de las existencias no utilizadas por los países ricos.
De Gama cree que hace falta un cambio estructural que permita que los países puedan fabricar sus propias vacunas en lugar de depender de las condiciones establecidas por donantes y empresas privadas.
“La infraestructura está proporcionando ahora mismo una cantidad mínima y deja el resto al sector privado”, dice De Gama. “No creo que los gobiernos deban externalizar su responsabilidad en materia de salud pública a empresas privadas que solo responden ante sus accionistas”.
El delegado dice que la venta reciente de vacunas de AstraZeneca a Sudáfrica al doble del precio pagado por los países europeos muestra la necesidad de una mayor transparencia en la forma en que se toman las decisiones sobre suministros y precios.
“Tenemos que conseguir que nuestra gente se vacune”
Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió la semana pasada que se suministren de manera urgente vacunas a los países de menores ingresos para evitar que se produzcan nuevas mutaciones en el virus. Por el sur de África se extiende la variante 501Y.V2, identificada por primera vez en Sudáfrica en diciembre.
Una destacada empresaria sudafricana, Yamkela Makupula, ha dicho que mucha gente está enfadada porque no puede acceder a la vacuna. Los hospitales y la economía se resienten, afectados por el impacto de la ola de COVID-19 vinculada a esa nueva variante.
“La mayoría de los países se enfrentan a una recesión mientras tienen que lidiar con las consecuencias de la pandemia. Vacunar solo a una parte de la población mundial y dejar al resto a su suerte con recursos limitados es una muy mala estrategia”, dice. “Ninguna estrategia de recuperación económica puede salvar a Sudáfrica en la situación en la que se encuentra. Es imperativo conseguir que nuestra gente se vacune, no solo para reconstruir la economía sino para salvar vidas”
Shehnaaz Peer, médica de familia en la provincia de Cabo Oriental, explica que la vacuna “se traduce realmente en esperanza” después de ver cómo aumentan los casos; cómo cada vez hay más casos con síntomas de COVID-19 prolongada y un incremento de los problemas de salud mental, sobre todo entre los jóvenes.
Roz Scourse, asesora de políticas de la campaña de acceso a los medicamentos de MSF, opina que la Unión Europea ha sido “hipócrita” al indignarse por las vacunas de AstraZeneca no entregadas mientras que, junto a otros países que son sede de grandes farmacéuticas como Reino Unido, bloquea la propuesta de exención a las patentes.
“Esto muestra a la UE y otros países ricos lo que sucede cuando se cede todos los derechos y el control sobre la fabricación y la distribución de las vacunas para la COVID-19 durante una pandemia a las grandes empresas multinacionales”, dice Scourse.
Zain Rizvi, que trabaja en el acceso a los medicamentos para la ONG estadounidense Public Citizen, cree que los gobiernos deberían haber exigido un acceso más abierto a las farmacéuticas porque gran parte de la financiación de la investigación y desarrollo iniciales vino de fondos públicos.
“Los países ricos tuvieron mucha capacidad para negociar cuando financiaron a esas empresas”, dice. “No me canso de insistir en lo indignante que es que haya escasez de vacunas cuando la capacidad de fabricarlas está ahí. Es una quiebra moral”.
Traducido por Alberto Arce