Rosa Ortega no niega haber cometido un error. Lo que encuentra muy difícil de aceptar es que ese error le vaya a costar ocho años de cárcel, la deportación casi segura a un país que prácticamente no conoce y la separación de sus hijos.
“Que me envíen de nuevo a México, que terminen con esto de una vez”, dijo Ortega al periódico the Guardian en una entrevista el viernes, detrás de un vidrio en el centro correccional del condado de Tarrant, en la zona céntrica de Fort Worth. “Ya tuve suficiente, esto ya es demasiado, es demasiado y solo me la paso sentada aquí, sentada allá, y ya ni siquiera duermo, ya no duermo, no hago nada en este lugar. De la noche a la mañana, mis hijos ocupan mi mente”.
Ortega llegó a EEUU desde México cuando apenas era un bebé, y vivía con los papeles en regla en Texas. Aunque su permiso de residencia permanente le daba derecho a la mayoría de los privilegios de cualquier ciudadano estadounidense, no podía votar. Pero ella votó, y más de una vez, en elecciones del condado de Dallas.
Nadie cree que Ortega fuera la líder de una conspiración para socavar la democracia, una mente maestra que planeó corromper los resultados legítimos de las elecciones. Ortega insiste en que ella simplemente se confundió y votó por un malentendido que se agravó por la forma en que están redactados los formularios de registro, por su bajo nivel educativo (hasta sexto grado) y por la manera en que creció, como si fuera una nativa de Texas.
El momento equivocado
No podía haber elegido un peor momento histórico para hacerlo. A principios de este mes, Ortega fue declarada culpable en el delito de fraude electoral y condenada por un jurado, días después de que Donald Trump ganara la atención de todos los medios por decir la mentira de que millones de personas habían votado de manera ilegal en las elecciones presidenciales de 2016.
El lugar tampoco fue el más propicio: el juicio se llevó a cabo en un condado donde el 52% de los votantes apoyaron a Trump, un estado dominado por los republicanos y donde los políticos más veteranos llevan años alertando del voto irregular, aunque casi no tengan pruebas.
Incluso en casos de deshonestidad premeditada, como el de emitir varios votos en una sola elección, el voto ilegal es un delito cuyo castigo no suele pasar de libertad condicional o un corto período en prisión. Así era antes, al menos.
Ortega, que respeta la ley en todos sus otros aspectos, recibió dos sentencias simultáneas de ocho años cada una por dos cargos vinculados con las elecciones de 2012 y de 2014. “Ocho años, un delito grave en segundo grado sin ningún antecedente penal, es muy triste”, dijo. “Es una trampa, eso es lo que es, quieren hacer de mí un ejemplo”. La mujer, de 37 años, está a la espera de que la transfieran a una prisión estatal.
Según el abogado de Ortega, Clark Birdsall, “para alguien que estuviera deliberadamente tratando de alterar los resultados de una elección, podría ser una sentencia apropiada, pero para alguien que es ignorante y vota a causa de esa ignorancia, no es el castigo correcto”.
Para Birdsall, “es un signo de los tiempos que vivimos en la política”. “Trump ha traído consigo un aura que dice que está bien odiar de nuevo y eso podría ser odiar a cualquiera y, en este caso en particular, se trata de alguien acusado de votar ilegalmente, en especial una persona latina acusada de votar ilegalmente; me parece que el veredicto es totalmente desproporcionado y exagerado, pero creo que es el lugar en que nos encontramos hoy en día como país”.
Ortega ha presentado una apelación y Birdsall planea pedirle al juez que reduzca la pena hasta un régimen de libertad condicional. Apenas salga en libertad, Ortega supone que se la llevarán detenida los agentes federales de inmigración y que la deportarán a México, un país que, según dijo, no visita desde que tenía 14 años. “Ni siquiera sé cómo es la situación actual allí”. Aun así, llena de frustración, Ortega dice que aceptaría de buena gana la deportación si eso significa salir de la cárcel.
Cuatro niños sin madre
Ortega tiene cuatro hijos, de entre 12 y 16 años, todos ciudadanos estadounidenses, y espera que se queden en EEUU en lugar de mudarse a México con ella. Tampoco quiere que sus hijos la visiten en prisión porque es muy traumático para ellos.
En el juicio, se presentaron pruebas de que Ortega había votado cinco veces en diez años en el condado de Dallas. La mujer dijo que había votado por un sentido de obligación cívica: “Solo quería que me escucharan. Solo quería expresarme como cualquier otra persona que quiere votar”.
Ortega se mudó después al cercano condado de Tarrant, donde según los fiscales se reunió con autoridades electorales e intentó registrarse, pero se lo impidieron cuando marcó la casilla en la que decía que no era ciudadana de EEUU. Más tarde, según dijeron, completó una inscripción vía correo electrónico en la que afirmaba ser ciudadana de EEUU, lo que hizo que la investigaran. Fue arrestada en 2015.
Blanco de los medios de la derecha
Los medios de la derecha dieron amplia cobertura a la sentencia de Ortega. Pero es una representación imperfecta de esa idea según la cual los votos ilegales son práctica generalizada entre los demócratas: ella votó al Partido Republicano. “Realmente pensé que eran buenas personas, pero mi familia me decía: ‘¿Por qué votaste a los republicanos?’”.
En las elecciones presidenciales de 2012, Ortega votó por Mitt Romney y, en 2014, en la segunda vuelta de las elecciones republicanas estatales, apoyó a Ken Paxton, que ahora es el fiscal general encargado de juzgarla. “Este caso demuestra la seriedad del estado de Texas en mantener seguras sus elecciones”, dijo Paxton en un comunicado.
Según los críticos, Texas quiere disuadir de votar a las personas más cercanas al Partido Demócrata y por eso ha privado del derecho de sufragio a muchos integrantes de grupos minoritarios. En 2011, el Estado de Texas introdujo la que tal vez sea la ley de identificación de votantes más estricta del país. Ya se enfrentó varias veces con los tribunales en sus intentos por defenderla.
Durante diez años, la afirmación de Ortega de que tenía derecho a votar parece haber sido tomada como verdad. “El derecho a votar es uno de los derechos más esenciales que tenemos como ciudadanos estadounidenses y este veredicto es una fuerte afirmación de los ciudadanos hacia la legislatura sobre qué tan seriamente la comunidad se toma el fraude electoral. Como mínimo, las declaraciones hechas en las solicitudes para votar deberían verificarse antes de entregar las tarjetas de registro de votantes”, dijo en un comunicado la republicana Sharen Wilson, fiscal de distrito del condado de Tarrant.
“Tendría que haber comprobado si esta gente cumplía los requisitos y, definitivamente, eso es exactamente lo que Rosa María Ortega pensó que hacían. Por eso, cuando le enviaron su tarjeta de registro de votante, ella asumió: ‘Bueno, ya lo verificaron y decidieron que puedo votar, así que supongo que no hay problema’”, dijo Birdsall.
“No es más que eso, un error humano, solo quieren darle mucha importancia y llevarme al noticiero, y es injusto lo que hicieron. Muy injusto”, dijo Ortega. Sumado a la injusticia que sentía mientras esperaba el juicio, estaban los correos electrónicos que llegaban constantemente a su bandeja de entrada: invitaciones para eventos del Partido Republicano en Dallas.
Como persona deseosa de tener una participación activa en el proceso político de un Estado que tiene uno de los índices de participación de votantes más bajos del país, Ortega se había suscrito a su lista de correos electrónicos. “Los republicanos todavía me envían emails”.
Traducción de Francisco de Zárate