Un tribunal polaco condena a una activista por ayudar a una mujer a conseguir pastillas para abortar
Un tribunal polaco ha condenado a ocho meses de trabajo comunitario a una activista por ayudar a una mujer embarazada a acceder a pastillas para abortar, en un caso que sentará precedente sobre el derecho al aborto en este país predominantemente católico.
“No siento que me enfrente sola al tribunal”, dijo Justyna Wydrzynska en la vista de este martes. “Detrás de mí están mis amigas y cientos de mujeres que aún no he tenido la suerte de conocer”.
Junto con Malta, la legislación polaca contra el aborto es una de las más restrictivas de Europa: solo permite la interrupción del embarazo en caso de incesto, violación o riesgo para la salud de la madre. También es ilegal ayudar a una mujer a abortar.
Justyna Wydrzynska, integrante de Abortion Dream Team (ADT), grupo activista que ayuda a las polacas a acceder a fármacos para facilitar interrupciones del embarazo en el extranjero, se enfrentaba a penas de hasta tres años de cárcel.
Ayuda a una mujer víctima de violencia
La activista declaró ante el tribunal de Varsovia que había enviado pastillas a una mujer víctima de violencia machista, según la página de Facebook de ADT. La mujer llamó a una línea telefónica pidiendo ayuda para interrumpir su embarazo y el caso fue remitido a Wydrzyńska, tras lo cual le envió por correo medicamentos que ya tenía en casa.
“Las pastillas que tenía para mi uso personal y que había enviado a Ania son la forma más segura de interrumpir un embarazo en Polonia en este momento”, dijo Wydrzyńska, según la ONG. “No quería que Ania arriesgara su vida tomando decisiones peligrosas, cuando la solución es tan fácil y segura desde el punto de vista médico”.
Aunque el aborto era libre en Polonia bajo el régimen comunista, el procedimiento se restringió fuertemente en 1993. En enero de 2021 se introdujeron nuevas restricciones, por las que el procedimiento solo es legal en caso de delito, como violación o incesto, o cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer.
Sin embargo, la ley solo penaliza a quienes practican abortos, lo que significa que los abortos autogestionados –un método popular de interrupción del embarazo– no están penalizados.
Abortion Dream Team ayudó a más de 9.000 personas en Polonia a acceder al aborto con medicamentos en 2022.
La organización tiene cuidado de trabajar dentro de los límites de la legislación polaca. Asesoran sobre cómo pedir pastillas abortivas de países como Holanda, donde el medicamento se puede comprar de manera legal. En la ONG no manipulan ningún paquete.
El caso de Ania fue una excepción, ha explicado Wydrzyńska. La mujer le contó que estaba embarazada y que sufría violencia de género. Su marido le había impedido viajar a Alemania para abortar. Su embarazo avanzaba y, en los primeros días de la pandemia de COVID, no sabía si iba a poder conseguir pastillas en el extranjero.
“Sabía que Ania estaba en una situación extremadamente desesperada y tenía un paquete de pastillas para mi uso personal”, dijo Wydrzyńska ante el tribunal. “No me siento culpable. Escuchar los detalles de la situación de Ania en esta sala no ha hecho más que reforzar mi convicción de que tomé la decisión correcta”.
El marido de Ania encontró el paquete con la medicación y avisó a la policía. Días después, Ania abortó.
Fuerte condena de las organizaciones internacionales
Wydrzyńska ha dicho que recurrirá la sentencia. “Somos fuertes, y juntas lo somos aún más”, ha escrito ADT en una declaración pública. “Nunca dejaremos de apoyarnos y no dejaremos de ayudar con los abortos”.
“Esta sentencia alarmante y espantosa exige la actuación de la Unión Europea para detener el ataque cruel y concertado de Polonia contra los derechos reproductivos y sus defensoras. El Gobierno de Polonia ha demostrado que llegará a extremos peligrosos en su ataque contra los derechos de las mujeres”, ha criticado Hillary Margolis, de Human Rights Watch.
Keina Yoshida, asesora jurídica del Centro de Derechos Reproductivos, ha afirmado en un comunicado: “Su procesamiento sienta un peligroso precedente para la persecución de defensoras de los derechos humanos en Polonia que trabajan para promover los derechos reproductivos y desafiar la prohibición de facto del aborto en Polonia”.
“La condena de hoy marca un mínimo deprimente en la represión de los derechos reproductivos en Polonia, un retroceso por el que las mujeres y las niñas –y quienes defienden sus derechos– están pagando un alto precio”, ha dicho por su parte Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Para empezar, Justyna nunca debería haber sido juzgada porque lo que hizo nunca debería ser un delito”, dice Callamard. “Al apoyar a una mujer que pedía ayuda, Justyna demostró compasión. Al defender el derecho al aborto seguro en Polonia, Justyna demostró valentía. La sentencia cobarde de hoy no muestra ni lo uno ni lo otro. La condena debe ser anulada”.
“No me siento culpable”
Justyna Wydrzynska ha intervenido en un acto organizado por los socialistas (S&D), liberales (Renew), los verdes (Green) y la izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo. “No me siento culpable”, ha expresado antes de reafirmarse en que lo hizo lo correcto al ayudar a una persona cuando sus derechos reproductivos están en peligro. “No estamos asustadas. No seremos amenazadas por los políticos que quieren nuestras bocas calladas”, ha remarcado sobre la labor que desempeñan en plataformas como Abortion Dream Team: “Queremos decirle a todo el mundo en este país que no pararemos”.
“Estaremos contigo en ese trabajo”, le ha contestado la eurodiputada Malin Björk, de La Izquierda. “El aborto legal y seguro es nuestro derecho”, ha dicho la socialista Maria Noichl. Las organizadoras, entre las que también estaban Samira Rafaela (Renew) y Alice Kuhnke (Greens/EFA), han apuntado directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para tomar medidas por lo que consideran una vulneración del estado de derecho en Polonia.
La Comisión Europea se ha puesto de perfil al asegurar que el derecho al aborto no es una competencia de la UE sino de las legislaciones nacionales. Tras asegurar que no comentan casos concretos, el portavoz de Justicia, Christian Wigand, ha defendido que los derechos de las mujeres son un “logro del que la UE debe estar orgullosa”. “Deberíamos ir hacia adelante y no hacia atrás”, ha sentenciado, informa Irene Castro.
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