El Tribunal Supremo de EEUU amplía el poder del FBI para hackear millones de ordenadores
El Parlamento estadounidense tiene siete meses para bloquear una ampliación potencialmente masiva de la capacidad legal del Gobierno para hackear los ordenadores de personas sospechosas. En respuesta a una petición del FBI de esta semana, el Tribunal Supremo ha determinado que los jueces federales deberían poder dar órdenes de hackeo a los cuerpos de seguridad federales que se apliquen en cualquier lugar del país, si el sospechoso ha intentado esconder su ubicación, tal y como suelen hacer los sospechosos penales. Además, el FBI podría recibir autorización para infiltrarse en cualquier ordenador –sea quien sea el dueño– si ya lo han invadido hackers maliciosos.
Las modificaciones de la denominada “norma 41” tendrán efecto a partir del 1 de diciembre, salvo que el Parlamento actúe para bloquearlas. El plan ha provocado una confrontación con el senador Ron Wyden, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, que está dirigiendo la oposición parlamentaria. Según ha contado este viernes a the Guardian, tiene intención de presentar una propuesta de ley para bloquear la iniciativa judicial.
El debate permite vislumbrar la lucha por mantener la protección de Estados Unidos contra registros inadmisibles en la era digital. Muchas de las normas fueron diseñadas para un mundo basado en espacios físicos de registro, como un escritorio, y en lugares diferentes, como un despacho. A menudo esas reglas no se adaptan bien a la era de Internet y los servicios ubicuos en la red, donde en teoría también es posible inspeccionar millones de ordenadores al mismo tiempo.
El asunto se ha reavivado esta semana, cuando dos jueces anularon órdenes de registro para unos sospechosos de usar webs de abusos sexuales a niños. El FBI había accedido a la web en un intento de pillar a sus usuarios, y acabó inspeccionando cientos de ordenadores después de que un juez federal de Virginia emitiese una orden para hackear a todos los usuarios de la página.
El Gobierno argumentó que esto era admisible, en parte, porque los visitantes de la web intentaban esconder su ubicación usando el navegador Tor, que puede ayudar a salvaguardar el anonimato de los usuarios de la red. En este caso, el FBI encontró la forma de hackear el servicio para desenmascarar a los usuarios de la web de abusos sexuales.
Los defensores de las libertades civiles, que reconocen lo desagradable que es el caso, se han quejado. No porque quieran defender el material de abusos sexuales a menores, sino porque, en su opinión, los cuerpos de seguridad nacionales no deberían tener la capacidad de registrar potencialmente milones de ordenadores con la autorización de un único juez.
Unos jueces de Oklahoma y Massachusetts dictaminaron que la orden judicial de Virginia dirigida a sospechosos de sus territorios es inválida, y que la prueba de que visitaron la web de abusos sexuales es por tanto inadmisible. Y sin las pruebas digitales de que los sospechosos visitaran esas webs delictivas, no hay mucho que hacer contra ellos.
El senador Wyden, sin entrar en los detalles específicos del caso, dijo estar de acuerdo en que las fuerzas de seguridad estadounidenses no deberían tener la capacidad de poner en marcha una supervisión tan masiva. “Una orden de un juez puede, en efecto, alcanzar millones de ordenadores”, ha señalado. “Esto es un problema muy grave cuando se habla de ampliar el poder del Gobierno para hackear y vigilar”, añadió.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
