Los fiscales federales que investigan el intento de Donald Trump de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 tienen pruebas para acusar de tres delitos al expresidente de Estados Unidos. Según dos personas conocedoras del caso, uno de los delitos es la posible violación del artículo 241 del código legal del país, que prohíbe conspirar para atentar contra los derechos civiles.
Los posibles delitos se detallaron en la notificación legal enviada a Trump esta semana por miembros de la oficina del fiscal especial, Jack Smith, el mismo que en junio acusó a Trump de retener documentos confidenciales. Esa notificación es la señal más evidente de que una acusación formal es inminente.
De acuerdo con la notificación legal, los fiscales parecen tener pruebas suficientes como para acusar a Trump de “obstrucción de procedimiento oficial” y de “conspiración para defraudar a Estados Unidos”. Los mismos dos cargos por los que la comisión de investigación de la Cámara de Representantes que examinó el ataque al Capitolio del 6 de enero en 2021 recomendó una investigación penal contra el exmandatario.
Una nueva acusación
Esa notificación legal dirigida a Trump menciona una tercera acusación que hasta ahora no había sido considerada, según las fuentes mencionadas por el periódico The Guardian. Se basa en el artículo 241 del título 18 del código legal de EEUU, que prohíbe conspirar para amenazar o para intimidar a una persona en el “libre ejercicio” de los derechos o privilegios que le confieren la “Constitución o las leyes de Estados Unidos”.
La ley fue promulgada para proteger los derechos civiles de los votantes negros que, tras la Guerra Civil de EEUU, eran víctimas de ataques por parte de los grupos supremacistas blancos. Aunque en los últimos años se ha ido aplicando a otros ámbitos, es una acusación poco común que los fiscales suelen limitar a delitos de odio y casos de abuso policial.
No está claro qué podría significar para Trump esa acusación. Los fiscales han estado investigando las presiones del exmandatario sobre otros miembros del Gobierno, como las que ejerció contra su propio vicepresidente, Mike Pence. Pero desde una perspectiva más amplia, el intento de Trump de impedir el traspaso de poder también puede interpretarse como una conspiración para defraudar a los votantes.
Las otras dos leyes sugieren que una parte central del caso contra Trump se va a basar en el llamado 'complot de los electores falsos' y en los intentos del expresidente de usar listas falsas para impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Joe Biden el 6 de enero de 2021.
La notificación legal de los fiscales federales no menciona la “conspiración sediciosa”, la “incitación a la insurrección” o la “privación de derechos bajo apariencia de legalidad”, que representan un riesgo legal para Trump, según expertos legales.
Un portavoz del equipo de campaña electoral de Trump no respondió a una solicitud de información sobre el contenido de la notificación. Pero la noche del martes, uno de sus asesores de alto nivel no negó que la notificación incluyera el artículo 241. El periódico The New York Times también ha informado de la inclusión de ese punto.
Riesgos legales sin precedentes
Trump, que hace frente a riesgos legales sin precedentes, sigue liderando la lista de candidatos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. En su red social Truth Social, donde reveló que es objeto de investigación, afirmó que la notificación legal era una “NOTICIA HORROROSA”.
La comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 concluyó en 2022 que Trump había cometido múltiples delitos en su intento de revertir su derrota contra Joe Biden en las elecciones de 2020, incluyendo la “conspiración para defraudar a Estados Unidos” y la “obstrucción de un procedimiento oficial”.
Esa comisión sugirió de manera simbólica al Departamento de Justicia que procediera a una investigación penal contra el exmandatario. Para entonces, dicho departamento ya había profundizado en su propia investigación penal con la incorporación, en la primavera de 2022, de nuevos fiscales que se sumaron posteriormente a la oficina del fiscal especial.
La comisión también concluyó que había pruebas suficientes para que los fiscales acusaran a Trump de “conspiración para defraudar” y de “obstrucción de procedimiento oficial”. Además, recomendaron investigarle por “incitación a la insurrección”, algo que no figura en la notificación legal recibida el día 18 por Trump.
Si los fiscales decidieran acusar al expresidente en el marco de la investigación federal del 6 de enero, el juicio por este caso podría arrancar antes de las elecciones de 2024 y mucho más rápido que el juicio por los documentos clasificados de Mar-a-Lago, ya que los procedimientos previos al juicio no sufrirían retrasos por las normas que rigen los documentos relacionados con la seguridad nacional.
Trump fue acusado en junio de retener documentos importantes para la seguridad nacional y de obstruir los intentos del Gobierno de recuperarlos. Tanto Trump como su ayudante de cámara Walt Nauta, acusado de obstrucción y de declaración falsa ante el FBI, se han declarado inocentes.
La notificación legal le ha llegado a Trump semanas antes de que Fani Willis, fiscal de distrito en el condado de Fulton, presente una acusación contra Trump y sus aliados por el intento de anular el resultado electoral de 2020 en el estado de Georgia, como informó la semana pasada The Guardian.