Un año después de ser puesto en libertad de su cautiverio en Guantánamo, Binyam Mohamed recibió una carta de Christina Cowger, una investigadora agrícola de Carolina del Norte, que incluía una petición de disculpa firmada por casi 800 visitantes a la Feria Estatal de Carolina del Norte.
Cowger reconoce que fue “un pequeño gesto”, pero su carta de 2010 llegó con una promesa. La organización Stop Torture Now (“Parad la tortura ya”) de Carolina del Norte, cofundada por Cowger, había llevado a cabo protestas, peticiones y campañas legislativas con el objetivo de que se realizara una investigación oficial a una empresa turbia que gestiona vuelos desde el aeropuerto local.
La compañía, Aero Contractors, era la empresa fantasma de la CIA que operaba los aviones Gulfstream que llevaron a Mohamed hasta una cárcel secreta en Marruecos para ser torturado.
Aunque pocas autoridades gubernamentales apoyaban una investigación así, el grupo se comprometió a “trabajar por una transparencia real y por la responsabilidad de EEUU por los crímenes cometidos contra ti y otros supervivientes”, explica Cowger en la carta.
Comisión de ciudadanos
Siete años más tarde, Cowger se sentó en la primera fila de una sala de audiencias improvisada en el Palacio de Congresos de Raleigh como uno de los 11 inspectores voluntarios de la Comisión de Investigación sobre Tortura de Carolina del Norte que, como lo describe Cowger, “subieron la apuesta” de su promesa.
Durante dos días, esta “comisión de ciudadanos en busca de la verdad” citó a 20 testigos para testificar sobre el daño realizado por las operaciones de entrega de Aero.
Uno de los testigos era Mohamedou Ould Slahi, cuyo Diario de Guantánamo empieza con la narración de cómo fue desnudado, obligado a llevar pañales y esposado a bordo del jet Gulfstream de Aero en Amán, Jordania, en julio de 2002.
En videoconferencia por Skype desde su país natal, Mauritania, Slahi respondió a preguntas de un comité en el que se encontraba un antiguo fiscal jefe de un tribunal de crímenes de guerra, un militar que participó en las guerras de Afganistán e Irak, un pastor baptista y un asistente social local.
Los inspectores se preguntaron cómo impulsar un proceso de responsabilidad rechazado por las autoridades electas, una pregunta con la que los ciudadanos de Carolina del Norte ya han luchado anteriormente.
Problemas con la justicia en el pasado
En 1979, miembros del Ku Klux Klan y del partido nazi americano abrieron fuego contra una concentración anti-Ku Klux Klan en Greensboro y mataron a cinco personas. Los juicios estatales y federales concluyeron con la absolución, y una demanda civil suscitó más preguntas que respuestas sobre las acciones de las autoridades de la ciudad y de la policía durante el acto.
Veinte años después de aquellas muertes, un grupo de la población pidió una investigación independiente y la Comisión por la Verdad y la Reconciliación de Greensboro, liderada por ciudadanos, publicó un informe sobre el episodio que delineaba el que denominó el “camino hacia delante” para la ciudad.
Ahora, la Comisión de Investigación sobre Tortura de Carolina del Norte aspira encontrar una forma de avanzar desde uno de los episodios más oscuros de los EEUU del siglo XXI: la operación global para secuestrar, interrogar y torturar a sospechosos de terrorismo que Aero Contractors facilitó desde el aeropuerto del condado de Johnston, una infraestructura rústica con una única pista de aterrizaje a unos 50 kilómetros al sur de Raleigh.
Allyson Caison, agente inmobiliaria local, oyó hablar por primera vez en 1996 alrededor de una fogata con los boy scouts sobre que la CIA tenía “una pequeña misión secreta” en el aeropuerto. El tema volvió a salir a principios de los 2000, cuando un familiar, piloto recreativo, se maravilló ante la vanguardista pista de aterrizaje.
Caison no sabía que la “pequeña operación” organizada por un antiguo piloto de Air America hace años en un triste hangar adentrado en el pinar empleaba a más de 120 personas, o que el jet Gulfstream que solía oír despegar y aterrizar era una de las arañas más prolíficas en lo que el Consejo de Europa ha llamado “telaraña tejida por todo el mundo” por las operaciones de entrega, detención e interrogación de la CIA.
Activismo entre vecinos
En abril de 2005, el New York Times publicó un artículo titulado La CIA incrementa la batalla del terror disfrazada de vuelos fletadosLa CIA incrementa la batalla del terror disfrazada de vuelos fletados que destapó los vuelos de entrega de Aero. Más tarde, durante el mismo año, 40 activistas por la paz de San Luis se unieron a Christina Cowger y otros residentes locales para protestar contra el papel de la compañía en el programa de torturas de la CIA.
Un grupo desplegó pancartas que decían “Taxi de la tortura” por todo el perímetro del aeropuerto. Otro grupo fue arrestado por entrar ilegalmente cerca del hangar de Aero. Caison, que fue reclutada por los voluntarios locales por su conocimiento inmobiliario de la geografía y las direcciones locales, ayudó a entregar “acusaciones ciudadanas” a muchos de sus vecinos.
“Resultó que conocía bien a dos de los tres directores de Aero”, dijo Caison durante una visita por el aeropuerto el día anterior a que tuvieran lugar las audiencias de la comisión. “Era gente de negocios destacada y respetada en nuestra comunidad. Sus hijos y los míos eran compañeros de clase. Les hacía casitas con galletas de jengibre en Navidad”.
De 2001 a 2004 el jet Gulfstream de Aero, operado bajo el código de cola N379P, y un segundo avión de mayor tamaño, un Boeing 737 que Aero estacionaba en aeropuerto regional de Kinston en el cercano condado de Lenoir, llevaron a cabo montones de misiones de entrega. En conjunto, el 80% de todas las entregas de la CIA durante aquellos años, aterrizando más de 800 veces en países de toda Europa, Oriente Medio y Norte de África. El Gulfstream entraba y salía tan a menudo de Guantánamo que se ganó el apodo de “el expreso de Guantánamo”.
Conducir con Caison por la zona del aeropuerto da una idea del valor necesario para llevar a cabo este tipo de activismo de vecino a vecino. En la nueva y reluciente terminal del aeropuerto del condado de Johnston, el joven director del aeropuerto la recibe con un apretón de manos cauteloso y una disculpa cordial por no poder asistir a las audiencias de la comisión.
Un poco más abajo, en la puerta automática blindada recientemente que bloquea el acceso al hangar de Aero, ya no hay pretensiones de hospitalidad. Era la hora del almuerzo y una cola de coches esperaba en la puerta. Todos aminoraban la marcha al ver el coche de Caison. Uno de los conductores soltó una mirada asesina y casi dobla los espejos retrovisores al pasar muy de cerca.
“De verdad creo que hemos cambiado la mentalidad y el corazón de alguno por aquí. La gente es discreta por los largos tentáculos de Aero en la zona. Pero hemos sido persistentes. Es la fuerza de nuestro pequeño grupo. Hemos logrado bastante”.
Los logros del activismo
El grupo de Parad la Tortura Ya ha dejado huella en los últimos 10 años. Las actas recién publicadas de una reunión a puerta cerrada de 2007 de la autoridad del aeropuerto de Kinston, donde Aero tenía su avión más grande, el 737, confirman que Aero vendió el hangar en esa instalación aquel año.
Cuando un miembro del consejo de administración del aeropuerto preguntó al director ejecutivo por qué se iba la compañía, el director “explicó que Aero Contractors no había tenido la nave en el hangar durante muchos meses por la publicidad negativa que estaban teniendo por parte de Parad la Tortura Ya”.
La campaña tuvo éxito a nivel estatal pero también en Washington. En Raleigh, el grupo presionó al gobernador y al fiscal general del Estado a abrir una investigación criminal sobre las operaciones de entrega de Aero. Al responderles que el Estado no tenía jurisdicción sobre el caso, el grupo formó una red de apoyo mayor por medio de iglesias para presionar para que la legislación contemplara como crímenes estatales el participar en los secuestros, desapariciones forzosas y torturas de la CIA.
El proyecto de ley se estancó dos veces en el comité pero atrajo a 12 copatrocinadores de ambos partidos y llevó ante las comunidades religiosas de todo el Estado la cuestión de los vuelos de traslado para tortura.
También se ha atribuido a la presión haber ayudado a persuadir al senador Richard Burr, entonces el senador de más alto rango en el comité de Inteligencia del Senado, para que votara a favor de desclasificar el documento de síntesis del informe del Senado en 2014 sobre el programa de tortura de la CIA.
Aunque el informe sólo abordaba el trato de los prisioneros en los centros clandestinos de detención de la CIA por el mundo, su publicación dio esperanza a una mayor responsabilidad sobre las operaciones de entrega y para interrogar a los sospechosos.
Burr, actual presidente del comité de Inteligencia del Senado, ha dejado claro que no tendrá lugar ningún reconocimiento oficial más de las violaciones de derechos humanos posteriores al 11-S, y ha buscado recuperar y destruir todas las copias del informe del Senado que siguen estando clasificadas.
Rendir cuentas
Para los voluntarios de la Comisión de Investigación sobre Tortura de Carolina del Norte, es aquí donde comienza su responsabilidad.
“Sin ninguna toma de responsabilidad significativa por parte de líderes gubernamentales, nos toca a los ciudadanos mantener vivo este tema”, explica en un descanso entre audiencias la codirectora de la comisión Jennifer Daskal, profesora de derecho en la Universidad Americana.
“No tenemos el poder para procesar, pero podemos ofrecer una explicación de lo que ocurrió, y de los costes, para evitar que esto vuelva a ocurrir”.
“Creo en rendir cuentas. Yo he rendido cuentas”, dice David Crane, que fue el fiscal jefe fundacional del tribunal internacional que procesó al presidente de Liberia Charles Taylor por crímenes de guerra y que vive en las Grandes Montañas Humeantes de Carolina del Norte.
“La tortura es un tema claro: no se tortura. El pueblo americano tiene que conocer la cruda realidad, y muchos de los hechos están aquí en Carolina del Norte”.
La comisión invitó a Aero Contractor a dar su testimonio en las audiencias, pero no recibió respuesta. Las invitaciones al gobernador, al fiscal general y a muchas autoridades del condado de Johnston también quedaron sin respuesta. Llamadas al administrador y al comisario del condado pidiendo un comentario sobre las audiencias y las operaciones de Aero no fueron devueltas.
La Comisión de Investigación sobre Tortura de Carolina del Norte recopilará pruebas a lo largo de la primavera, presionando para que se publiquen los registros públicos de autoridades estatales y del condado, y reuniendo investigaciones y testimonios sobre los últimos daños infligidos por los vuelos de entrega de Aero. La comisión planea publicar su informe final este verano.
Para Allyson Caison y Christina Cowger, el informe será añadido a un registro oficial de las entregas de la CIA que hasta ahora sólo han sido recopiladas y reconocidas oficialmente fuera de Estados Unidos.
“Como persona de fe, tengo que estar involucrada en esto”, dijo Caison a la comisión casi al final de la audiencia. “Como madre de dos niños, me gustaría pensar que si mis hijos son secuestrados, entregados y torturados, habrá una madre como yo al otro lado, intentando poner fin a una injusticia que comienza en su barrio”.
Para Cowger, la prioridad ahora es abordar la salud física y psicológica de los que sobrevivieron a los vuelos de entrega de Aero –un proceso que incluye “reconocimiento, una disculpa sincera y algún tipo de compensación”–.
“La comisión demuestra con su propia existencia que no estamos siendo inútiles”, concluye Cowger.
Traducido por Marina Leiva